Vox dice que el PP sabe «desde noviembre» sus condiciones para negociar las cuentas

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Ni la ha habido hasta este martes, 24 horas después de la aceptación de Carlos Mazón del discurso de Vox. El presidente de la dana, de una lluvia torrencial como no se había dado nunca, con récords de agua por metro cuadrado y hora en muchos puntos de la Comunidad Valenciana, habló de «dogmatismo climático» en su anuncio del acuerdo presupuestario con Vox. Incluyó los robos y el pillaje de los días siguientes en el debe de los inmigrantes irregulares. Y desbarató, en suma, el discurso pronunciado por Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco en Serrada el jueves pasado, hace menos de una semana. Ahora Génova abre la posibilidad de extender ese acuerdo presupuestario a otras comunidades donde PP y Vox rompieron hace menos de un año: Aragón, Murcia, Extremadura y, claro, Castilla y León.

«Nuestras condiciones son las mismas que en noviembre. Las mismas que ahora ha aceptado Carlos Mazón», advierten fuentes de Vox. Y anticipan cuál será la línea del portavoz parlamentario, David Hierro, en el debate sobre el estado de la comunidad, que se celebrará la semana que viene en las Cortes de Castilla y León: una línea dura contra el PP. «El PP de Castilla y León es el peor PP de España», concluyen.

En las premisas negociadoras de Vox hay, de hecho, pocas sorpresas. Revertir las medidas derogadas o congeladas tras la salida de Vox de los gobiernos regionales; rechazar el reparto de inmigrantes; y apostar por retornar a los inmigrantes a sus lugares de origen. Y de ahí se derivan lo que llaman «diez ejes» que incluyen la lucha contra la ocupación y la inmigración ilegal, las rebajas fiscales, el recorte del gasto superfluo… Y en ese punto entra, precisamente, la supresión de las subvenciones «a los agentes sociales». Justo días después de que los tribunales hayan dictado que se debe reponer a CCOO y a UGT las subvenciones que debían haber percibido en su día por «representación institucional» incluidas en los presupuestos.

Isabel Blanco (PP), vicepresidenta y consejera de Familia, habló este martes sobre inmigración. Y reivindicó que el Estado debe cumplir con su función. «El año pasado fueron 21 los menores que vinieron dentro de ese acuerdo de acogimiento en la Conferencia Sectorial. El año anterior fueron 23. Y entendemos que ese es el órgano en que se tienen que realizar, nunca por imposición y siempre entre todas las comunidades autónomas. El problema es que el Estado no realiza las competencias que tienen designadas, no realiza una verdadera política migratoria», lamentó, en declaraciones recogidas por Ical. «Lo hemos dicho siempre, es necesario un control de fronteras, es necesario implementar medidas en origen, es necesario incrementar la financiación y eso es lo que no hace el Estado», añadió.

En cuanto a las «políticas derogadas o congeladas», Vox se refiere por ejemplo a la ley de concordia con la que pretendía sustituir la ley de memoria histórica vigente. Un proyecto de ley que presentaron al alimón los entonces portavoces, Carlos Menéndez (Vox) y Raúl de la Hoz (PP) y que ha quedado archivada desde el mismo momento que se rompió el pacto.

El caso de las cuentas de Castilla y León para 2025 tiene, además, otra peculiaridad. El PSOE, Por Ávila y Francisco Igea se abstuvieron en la votación las Cortes, que aprobaron así el techo de gasto el 6 de noviembre, antes de que Vox enviara ese correo prenegociador a Carlos Fernández Carriedo. El techo de gasto aprobado era el primer trámite necesario para poder llevar al parlamento los presupuestos de la comunidad y la ley de medidas en la que se incluyen las cuestiones fiscales.

El 26 de diciembre, Carriedo anunciaba en rueda de prensa que se prorrogaban las cuentas de la comunidad por la falta de acuerdo con otros partidos. Una falta de acuerdo escenificada en encuentros bilaterales, pero no en el debate parlamentario. Carriedo aseguró que se había comunicado la apertura de otra ronda de contactos con todos los grupos, a la que Vox se negó a acudir. Vox, como se comprueba en el correo remitido a Carriedo, sí ofreció sus condiciones, pero sin más diálogo entre ambas partes.

Fuentes de Vox consideran que hay más posibilidades de acercamiento en comunidades como Aragón, Murcia o Extremadura, donde ya hay algunos avances en determinados puntos. Sin embargo, en Castilla y León aventuran que la fractura tiene difícil solución. Vox ha decidido apretar en el parlamento autonómico con la enmienda para que las Cortes controlen la televisión autonómica, privada, o con la regulación de las incompatibilidades para los procuradores con dedicación exclusiva. Cuestiones que han tensado aún más la relación con el PP, que a cambio ha tratado de ahondar en la crisis interna de Vox con referencias a sus ex procuradores, los díscolos Javier Teira y Ana Rosa Hernando, y la corriente crítica de la que forman parte concejales de la formación en la comunidad.