Mañueco prosigue el borrado del pacto con Vox: no habrá Ley de Concordia en Castilla y León

Castilla y León no tendrá Ley de Concordia que derogue el Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Juan Vicente Herrera. La tramitación de la proposición de ley registrada en marzo por el entonces portavoz del PP, Raúl de la Hoz, y su parejo de Vox, Carlos Menéndez, que extendía a la Segunda República la atención de las víctimas e imponía apelando a la protección de datos límites a la difusión de los trabajos de exhumación de fosas de represaliados del Franquismo y sobre la autoría de esas ejecuciones, no seguirá adelante por 67 votos a 13.

Vox se quedó solo en el hemiciclo y el PP votó con el PSOE y el resto de la oposición no tramitar esa normativa, en un debate cargado de reproches de Juan García-Gallardo hacia quien fue su compañero de viaje en el Gobierno de Castilla y León y con el PP a la defensiva, esforzándose por pasar el trago con el menor ruido posible. «El señor Mañueco no tiene palabra ni honor... Castilla y León se merece un presidente mejor», aseguró el exvicepresidente de la Junta y ahora portavoz de Vox al término de la votación que enviaba al dique seco una de sus exigencias estrella. La otra gran imposición al PP, la Ley de Violencia Intrafamiliar, ni siquiera llegó a borrador.

La Ley de Concordia es asunto liquidado para los populares en un debate nada agradecido para ellos desde el punto de vista argumental. Gallardo les recordó que eran coautores de un texto que habían apoyado claramente hasta «antes de ayer». Firmado por Raúl de la Hoz, hoy eurodiputado, negociado «sin objeciones» con el consejero Luis Miguel González Gago, y con un informe oficial de la Junta rubricado a finales de abril por este último y el presidente Mañueco favorable a la tramitación parlamentaria del texto.

«¿Qué parte de la ley les genera dudas?», repreguntó García-Gallardo a una bancada del PP a la que atribuyó «un parecido con el PSOE de Pedro Sánchez cada vez más lamentable». No le escuchaba ya Fernández Mañueco. El presidente de la Junta salió del hemiciclo cuando empezó el debate sobre la Ley de Concordia y no volvió a su escaño hasta que subió al atril de oradores Óscar Reguera, el procurador del PP que intentó justificar el voto en contra defendiendo que los populares no cambiaban de criterio. «La prudencia aconseja esperar», precisó Reguera, que lanzó otra pregunta a los exsocios de Vox en el actual escenario postpacto: «¿Es sensato que quien abandona una casa quiera imponer desde la distancia cómo se organiza?»

Reguera intentó explotar el argumento de la pinza entre PSOE y Vox contra el PP ironizando sobre el «nuevo idilio» lleno de «tiernas y cómplices caricias» entre los de Tudanca y los de García-Gallardo para hacer oposición al PP. «Vaya papelón», se oyó en el hemiciclo tras esas alusiones del procurador popular. La bancada de Mañueco no queria debatir sobre la toma en consideración del polémico texto y PSOE y Vox apoyaron la semana pasada su inclusión en el orden del día del pleno. Los primeros para oponerse y cerrar la puerta a su tramitación. Los segundos, para tramitarla. Y los dos para que el PP «se retratase». Esa confluencia puntual en el voto entre socialistas y los de Abascal ha servido al PP de clavo ardiendo al que agarrarse con la 'teoría de la pinza'.

«Ahora la culpa es del PSOE... La pinza, la pinza... Para pinza la que se pusieron ustedes en la nariz para estar dos años gobernando con al extrema derecha... Hay telenovelas con menos trama que las suyas señores del PP y de Vox», rebatió Luis Tudanca. El secretario autonómico del PSOE y portavoz en las Cortes acusó a Alfonso Fernández Mañueco de haber estado de acuerdo con «los fascistas» para tramitar una «ley de Discordia» que «atentaba contra la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas». Tudanca recordó como el presidente de la Junta había defendido en las Cortes, meses atrás, que la Ley de Concordia era «mejor, más completa y actualizada» que el decreto en vigor, el de Herrera.

Lo hizo después de que García-Gallardo defendiera que era una «ley justa y necesaria», avisara a los populares de que la oposición que les van a hacer a partir de ahora va a «exponer sus vergüenzas» y concluyera con que hay «un PSOE rojo y un PSOE azul», en alusión a sus exsocios, y que ambos colaboran en «demonizar el Franquismo», periodo al que el dirigente de Vox definió como el «régimen anterior al de 1978». Gallardo atacó el papel de los socialistas durante la Segunda República, aunque concedió que hubo «excesos» durante la Guerra Civil y los 40 años de dictadura

«Acaba de llamar al genocidio de Franco contra la mitad del país exceso. No, un exceso es que usted se pase comiendo. Eso fue un genocidio», rebatió Tudanca. El PSOE votó en contra de tramitar esa ley, como hizo el resto de la oposición.

Luis Mariano Santos, de UPL, precisó que no les gusta reescribir la historia ni negar los derechos humanos y sí defender a los que han sufrido y Pedro Pascual, de Por Ávila, explicó que en nada mejora la vida de los ciudadanos una proposición de ley que «nació para la polémica y el enfrentamiento». El abulense añadió que sus señorías podían volcar sus esfuerzos en luchar contra «problemas reales» como la despoblación, el envejecimiento y las desigualdades entre las nueve provincias de Castilla y León.

Pablo Fernández, de Unidas Podemos, tachó de «basura, excremento y porquería» el texto que llevaba «la firma de PP y de Vox», con el que se «blanqueaba a la sangrienta dictadura» encabezada por «la rata miserable, el cerdo de Francisco Franco».

Francisco Igea, que precedió a García-Gallardo como vicepresidente de Alfonso Fernández Mañueco en la Junta, remarcó que la iniciativa tenía como objetivo «sembrar la discordia, no hay más que verlo», al tiempo recordó a su sucesor que había contado para impulsar esa polémica regulación con «la inestimable colaboración del cobarde que hoy ni siquiera se sienta aquí a escucharle».

Cerró el debate el popular Óscar Reguera con una intervención que fluctuó entre la teoría de la pinza de Vox con el PSOE y la insistencia en que el PP no había cambiado de posición y que estaba «con la Constitución Española, la democracia y la concordia». El orador del PP parapetó la oposición de su grupo a la tramitación de un texto del que son coautores en la necesidad de un informe del Consejo Consultivo que garantizara la legalidad de la futura ley, «dada la conyuntura actual».

Y esa conyuntura es que el Constitucional ha frenado la Ley de Concordia de Aragón, recurrida por el Gobierno central. Pero también que Vox decidió salir del Gobierno de Castilla y León y su relación con el PP de Mañueco es ahora la de una pareja rota. Y ya se sabe lo que conlleva un divorcio.