Unanimidad en las Cortes para auditar el servicio de transporte sanitario que Ambuibérica presta en Castilla y León

La moción aprobada por las Cortes pide una auditoría de todos los contratos con Ambuibérica o empresas filiales desde 2014 para «verificar» que la firma cumple todas las condiciones contratadas y «en el supuesto de que se aprecien incumplimientos» se obligue al grupo empresarial a subsanarlos o, «si fuera procedente, proponer la resolución contractual». Este contrato ha supuesto un abono a la empresa de «más de 800 millones de euros».

Todos los grupos apoyaron este mandato a la Junta, pero con matices. El PSOE fundamentó la necesidad de auditar el servicio en cuestiones de personal, de deficiencias de los vehículos y en el trato que reciben los pacientes. «Ambuibérica no tiene personal suficiente para la prestación de servicios. No se cubren bajas y se obliga a los trabajadores a hacer horas extra», remarca el texto de la moción. La procuradora Yolanda Sacristán describió vehículos «con más de 400.000 kilómetros, sin pastillas de frenos, con ruedas desgastadas, sin calefacción, con cinturones rotos... Los trabajadores nos trasladan que hay ambulancias con la ITV desfavorable». A eso sumó que la flota de vehículos no cubre el número de ambulancias que paga la Junta y habló de «personas mayores que esperan hasta 14 horas por la ambulancia», de pacientes «hacinados» y de trabajadores «que doblan turnos» y mal pagados.

Sacristán ha recordado que el hoy gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, y el portavoz de Cs en las Cortes, David Castaño, preguntaron en febrero de 2019 por este servicio al entonces consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y lamentó que el responsable de Sacyl mire ahora para otro lado con una empresa que la socialista definió como «plagada de militantes del partido popular».

Desde Cs, José Ignacio Delgado, defendió que la Consejería de Sanidad sí que controla el servicio que presta Ambuibérica, acusó a los socialistas de generar «alarmismo» y avanzó, como ya había hecho la consejera Verónica Casado en otros plenos, que se está preparando un pliego de condiciones con cambios para un nuevo contrato.

Ángeles García, del PP, animó al PSOE a ir «al juzgado» con los incumplimientos de denunciaba, coincidió con Cs en que hay un seguimiento del contrato y tildó de «incendiarios» a los socialistas, ante una iniciativa que atacaba al «tejido empresarial». García recordó que las ambulancias de Ambuibérica prestan servicio a otras comunidades y dijo que allí el PSOE no se queja.

Pablo Fernández de Podemos consideró imprescindible fiscalizar este servicio. Calificó de «vergüenza» e «ignominia» el transporte sanitario que atiende a los castellanos y leoneses y que la Junta paga a Ambuibérica, y el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, fue muy claro. Médico de emergencias en activo, el parlamentario abulense reconoció que «nunca» habían circulado por Castilla y León ambulancias «con tantos kilómetros como ahora».

Siguieron el pleno trabajadores de Ambuibérica y fuera, a las puertas de las Cortes, hubo una concentración.