El PSOE llevará a los tribunales el intento de Vox de proteger vestigios franquistas

Luis Tudanca (PSOE) aseguraba este sábado que su partido llevará iniciativas parlamentarias para frenar una medida que podría entrar en colisión con la Ley de Memoria Democrática. Del mismo modo, explicó que utilizarán «todos los instrumentos» para detener la tramitación de esos expedientes. «Si tenemos que ir a los tribunales, iremos. Y si el Gobierno tiene que intervenir, como intervino con el protocolo antiaborto, lo haremos», afirmó.

La discusión sobre la inclusión de estos vestigios en el inventario de Patrimonio o su declaración como BIC tiene más de ideológico y político que de patrimonial. Partiendo del procedimiento, que habitualmente es lentísimo pero que depende de la voluntad de quien dirija la Consejería de Cultura, responsable de ello, como bien se ha esforzado en matizar el PP a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

La demora en este tipo de actuaciones es amplísima y es la Consejería quien decide a qué le da prioridad. A comienzos de la legislatura pasada, septiembre de 2019, el anterior consejero de Cultura, Javier Ortega (Ciudadanos), comparecía para presentar su programa de Gobierno. Ya entonces le interpelaba la procuradora burgalesa Laura Domínguez (Podemos) sobre la cuestión de los expedientes BIC. Concretamente, «los BIC que siguen sin estar resueltos hasta veinte años después». «Y simplemente, por ponerle un ejemplo, el monasterio de San Pedro de Arlanza, cerca de Covarrubias, que es uno de esos BIC no resueltos nunca, y que lleva, creo, hasta quince años de demora. Pero hay otros, como la villa de Sasamón, como la villa de Espinosa de los Monteros o como la iglesia del Condado de Treviño. Y la pregunta, en este caso, es muy sencilla: ¿tiene previsto la Junta hacer cumplir la ley respecto a la resolución de los aproximadamente 100 expedientes sin resolver que tienen, como digo, algunos desde hace más de veinte años?», señalaba.

El departamento de Ortega agilizó durante los tres años que permaneció en el cargo esas declaraciones de Bien de Interés Cultural. Entre 2020 y 2022, principalmente, su consejería sacó adelante 36 declaraciones. Un gran número de ellas llevaban con el expediente incoado desde los años ochenta. Madrigal de las Altas Torres, incluso, comenzó con su tramitación en el año 1963 y se resolvió en 2020.

La Consejería de Cultura, bajo la tutela de Gonzalo Santonja, ha resuelto en algo menos de un año de Gobierno 19 declaraciones como Bien de Interés Cultural y ha incoado media docena de expedientes además del de la Pirámide de los Italianos, aún no publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. De nuevo hay muchos monumentos que llevaban décadas en espera, pero sí se han registrado algunos casos en los que entre la incoación del expediente y su resolución apenas han transcurridos unos meses: el Santuario de la Virgen de la Cueva en Hontangas (123 días) o el Cerro de los Almadenes (Segovia, 172 días).

Esto es lo que lleva al socialista Luis Tudanca a calificar la rápida incoación del expediente como «un hecho muy significativo de lo que está sucediendo». La incoación protege el bien hasta la resolución del expediente. «No han protegido nunca el patrimonio, han tardado 20 ó 30 años en declarar BIC elementos de nuestro patrimonio realmente importantes. ¿Y ahora pretenden declarar BIC nada más y nada menos que los homenajes a dictadores, a franquistas o a fascistas italianos?», protesta Tudanca.

La Ley de Memoria Democrática sí contempla aplicar excepciones para elementos con valor artístico, pero siempre y cuando se «resignifiquen» y no se conviertan en homenajes a los vencedores a costa de los caídos. Podría ser el caso, considera Vox, de la pirámide. En cuanto a las placas y lápidas con los nombres de «los caídos», la ley de Memoria especifica que se deben retirar, registrar y depositar, no destruir. Algo que a Vox tampoco le sirve porque, según la alocución de David Hierro en las Cortes, «la epigrafía» o «ciencia cuyo objeto es conocer e interpretar las inscripciones», según la Real Academia, exige que se mantenga como está.