El PSOE autonómico y el Gobierno ponen el foco en Suárez-Quiñones

Rumbo a esa fecha, el PSOE autonómico ha intensificado su batalla con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien acusa de inacción. Ana Sánchez, procuradora socialista, le recordó que el decreto de agosto del año pasado exigía a las comunidades «para obtener el 50% de la cofinanciación para paliar el desaguisado», que actualizaran su plan de extinción, el conocido como Infocal, a 1 de enero. «¿Saben cuál es la única comunidad que a 7 de marzo no lo tiene actualizado? Castilla y León», espetó.

Casi a la misma hora, en el Senado, Teresa Ribera aprovechaba la muleta tendida en forma de pregunta por el senador socialista Fran Díaz. «Castilla y León dedica 64 millones de euros para 5 millones de hectáreas, frente a los 95 millones que dedica Castilla La Mancha para 3,5 millones de hectáreas. Cosa que explica por qué es la segunda con más incendios en 2022 solo por detrás de Galicia. Y también la segunda en la que hemos debido intervenir con mayor presencia por parte del Estado. El Estado ha tenido que dedicar el 46% del presupuesto de refuerzo frente a incendios forestales para toda España a Castilla y León. Con un número de horas de vuelo que prácticamente es el 50% de todas las horas de nuestros aviones y más de 9.500 descargas», relató Ribera.

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El enfado del Gobierno se debe a que Castilla y León no haya actualizado aún ese Plan Infocal que data de 1999 y que, ante los cambios climáticos y circunstancias excepcionales como las del año pasado, muy seco y caluroso, se ha mostrado ineficaz. «El papel del Estado no puede sustituir ni desplazar a lo que hacen las comunidades autónomas», insistió Ribera en su alocución. «No se puede pedir solidaridad a otras comunidades autónomas cuando uno no interviene adecuadamente. Estamos a la espera de que actualicen el plan anual contra incendios y que el proyecto de ley básica de bomberos forestales -impulsado por el Gobierno central- nos permita trabajar en común».

El PSOE asegura que solo se ha convocado a la Mesa Técnica, un primer paso que hace prever que la adaptación del Infocal puede llegar tarde a la próxima campaña de riesgo alto de incendios, que el Infocal de 1999 fija entre el 15 de julio y el 30 de septiembre. «Las comunidades autónomas adoptarán las medidas oportunas para que, antes del 1 de enero de 2023, los planes y los correspondientes servicios de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales estén adaptados a lo establecido en este real decreto-ley», terminaba el texto legal aprobado el 1 de agosto del año pasado. Pero hay más. «A partir de ese momento todos los años hay que adaptar el operativo a 31 de octubre, con carácter previo a la temporada», recuerda José Luis Vázquez (PSOE), procurador que ha defendido todas las iniciativas, mociones y proposiciones en esta materia en cada Pleno de las Cortes.

Ana Sánchez cuestionó a Suárez-Quiñones por si considera que «sigue teniendo legitimidad para estar ahí sentado después de que ardieran más de 100.000 hectáreas en nuestra comunidad autónoma el pasado verano». El consejero de Medio Ambiente se defendió con un ataque. Según él, hay falsedades en el relato de los socialistas. «Como la cifra de las cien mil hectáreas quemadas». La cifra la había aportado Ana Sánchez, pero la matizó la ministra Teresa Ribera en el Senado: «270.000 hectáreas quemadas en 2022. Casi 98.000 en Castilla y León».

Suárez-Quiñones replicó a Sánchez, para empezar, con el Bocyl del mismo día, en el que se convocaban «21 plazas de técnicos, más docenas que irán cayendo». «Estamos cumpliendo íntegramente nuestros compromisos y eso a ustedes les fastidia», espetó el consejero de Medio Ambiente. «Hemos sabido acometer la crisis derivada de la nueva realidad de los incendios, que ustedes achacan a la incompetencia de la Junta pero que todos tienen claro que es fruto de los extremos climáticos y la nueva realidad», dijo. Y remató: «Lo ha dicho el propio presidente Sánchez».