Castilla y León extenderá al invierno 2.500 contratos del operativo contra incendios tras un verano aciago

El pacto alcanzado implica, según explicó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que 785 de los 837 fijos discontinuos que trabajan unos meses en el operativo como conductores de motobombas o vigilantes en torreras y luego van al paro tengan contrato todo el año. «Desaparece el apellido de 'discontinuo'», matizó el consejero. A eso se sumará la ampliación a un mínimo de nueve meses (más casi otro de vacaciones) del tiempo que estarán en el monte otros 1.800 empleados que integrados en el operativo a través de contratas con empresas privadas o la pública estatal Tragsa.

El plazo que recoge el acuerdo para esta mejora es escalonado, entre 2023 y 2025, por lo que empezará a aplicarse en los próximos meses para que «la capacidad de respuesta» ante unos fuegos que ganan en virulencia por la «situación climáticas» sea «la máxima posible», expresó el consejero, que reconoció que habrá una «especial intensidad» en la «prevención activa» durante el otoño y el invierno. También que el acuerdo supone dar estabilidad y «dignificar» la labor que realiza el personal que brega con el fuego en el monte.

El operativo de Castilla y León es mixto y asciende a algo más de 4.500 personas en la época de riesgo alto, en verano. A los alrededor de 2.000 efectivos de empresas privadas se unen otros tantos de la Junta, de los que 837 son los fijos discontinuos que pasarán, en más de un 90% de los casos, a trabajar todo el año y el resto son funcionarios que ya lo hacen. El Gobierno central aporta medios aéreos y brigadas helitransportadas.

Es previsible que los primeros que noten esa ampliación de tiempo de contrato sea el personal del sector privado. En el caso de los públicos, la aplicación debe sortear un último escollo: la negociación del convenio colectivo y la reforma de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). «La voluntad de todos es aplicar los acuerdos», remarcó Suárez-Quiñones sobre este último aspecto, que gestiona la Consejería de la Presidencia. Conductores y escuchas, que es como se define a los vigías de la torres de vigilancia, desarrollarán en los meses de frío «labores relacionadas con el ámbito de la gestión forestal» que aún no se han concretado.

Castilla y León casi duplicará el presupuesto del operativo, que pasará de los 65 millones anuales a los 125. «Con fondos propios», precisó el consejero. Juan Carlos Suárez-Quiñones demandó al Gobierno central un cambio en el criterio de reparto de la financiación a las comunidades. Ahora prima la distribución de fondos por población, cuando para cuidado del monte debería ser por hectáreas.

«Nos acercamos al operativo de 365 días», valoró Fernando Fraile, quien recordó que los sindicatos llevan diez años alertando a la Junta sobre la necesidad de reformarlo, además de remarcar que el sindicato sigue aspirando a que el 100% de los recursos sean públicos en el futuro. El acuerdo que rearma el operativo culmina tras una negociación muy difícil, según reconocieron todas las partes. «Se ha negociado con Castilla y León en llamas, en un verano aciago, con tres fallecidos, un número enorme de territorio quemado y familias y empresas afectadas», describió Raúl Santa Eufemia, secretario de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social de UGT Castilla y León. «Y las Cortes cerradas a cal y canto, de vacaciones», censuró el dirigente ugetista.

Desde la patronal, David Esteban valoró que se potencia «mucho la parte pública, pero también la privada», tras culminar una negociación en la que el consejero se ha comprometido a que la Jutna apoyará la normativa básica estatal que regulará el régimen de bombero forestal, lo que implicará el acceso a la jubilación anticipada y que los profesionales de mayor edad salgan de la primera línea de fuego y hagan labores de apoyo.

«Estaremos vigilantes para que este acuerdo se cumpla», avisó Fernando Fraile. «Vamos a ser extremadamente duros para su cumplimiento real en los próximos años», corroboró Santa Eufemia.