PP y Vox le ponen suspense a la ley de Igea tamizada por el PSOE

Al portavoz de Vox, Carlos Menéndez, se le enredó un poco la respuesta. No veía problemas para que siguiera su trámite normal. Vox ha trabajado en las enmiendas del primer texto, incluso junto al PP, y quizá pensaba en ese momento, sin tener en cuenta que antes hay que aprobar su toma en consideración en el Pleno de las Cortes. «No tendríamos ningún inconveniente», respondió a una primera cuestión sobre su postura en ese caso. Le insistieron con que si votaría a favor de su toma en consideración. «Luego durante la tramitación ya veríamos, pero en la toma de consideración de la ley ya veríamos, pero ahora no hay ningún motivo por el que diríamos no, rotundamente no», señaló. Y se le recordó que Vox votó en contra en septiembre de 2022 en el mismo punto, la toma en consideración, explicó que no quería decir que fueran a votar a favor esta vez, ni tampoco en contra, sino que se valorará. Aunque ahora el documento a debatir es una obra igea-socialistizada. «No digo ni que sí rotundamente ni que no rotundamente».

Su compañero Javier Teira fue el encargado de fijar posición en el debate del mes de septiembre de 2022, cuando Vox votó no a tomar en consideración la proposición de ley y continuar el trámite. Que es amplio, por cierto. En el recorrido burocrático, pasó por el acuerdo de la Mesa de las Cortes que trasladaba el texto a la Comisión de Sanidad. Se concedieron cuatro prórrogas para presentar enmiendas. Se registraron en el mes de julio de 2023. Se retiraron las del PP en octubre. Y el 29 de diciembre de 2023 se celebró el informe de la ponencia de la Comisión de Sanidad sobre el texto. La Comisión rechazó la proposición de ley a finales de mayo de 2024.

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En ese inicio burocrática, decíamos, Teira ya expresó el parecer de Vox, el único partido que votó en contra de tomar el texto en consideración. 68 votos a favor y 13 en contra, los de Vox. Teira defendió que esta ley entroncaba con lo que Vox califica como la «cultura de la muerte», que engloba el aborto y la eutanasia. «En un Estado de Derecho lo justo es lo conforme a derecho, pero si el derecho a la vida decae frente al derecho a ser muerto al amparo de la ley, señorías, todo está perdido, o casi todo, porque la esperanza es lo último que se pierde», dijo el procurador salmantino. «Esta proposición relega el derecho a la vida. Aparece fugazmente en el primer párrafo de la exposición de motivos y desaparece en el articulado», añadía. Para Francisco Igea, que proponía el texto que en su día presentó con el beneplácito de Alfonso Fernández Mañueco (PP), su socio de Gobierno, la réplica de Teira iba más dirigída a la ley de eutanasia del Gobierno que a regular los cuidados paliativos y otras cuestiones relativas a la atención a los pacientes en sus últimos instantes de vida.

El PP se enfrentará a la misma disyuntiva cuando el texto llegue al Pleno. En su día lo apoyó porque había partido de un acuerdo PP-Cs. Pero en su toma de consideración se leyó un acuerdo de la Junta de Castilla y León, firmado por el consejero de Sanidad, en el que explicaba que «la regulación contenida en la proposición de ley no introduce novedades». Consideraba, además, que «la abundante normativa estatal y autonómica actual garantiza plenamente los derechos que asisten a las personas al final de su vida». Un argumento que el PP ha recordado después de haber rechazado la proposición en la última fase de la tramitación. Y a pesar de eso reconocía que el documento supondría «una modificación de la lista de servicios de responsabilidad pública actuales» que podría conllevar «la implementación de actuaciones que requieran incrementos en el personal» y gastos que pasarían a ser estructurales.

En su momento, el PP votó a favor de tomarla en consideración a pesar de esos matices. ¿Y ahora que el texto ha pasado por el tamiz del PSOE y ya no es el que en la anterior legislatura presentaron PP y Cs? Miguel Ángel García Nieto se limitó a decir que cuando llegue ese puente, se cruzará. Solo que en lenguaje parlamentario. «Respetamos el procedimiento y cualquier iniciativa que pueda presentar cualquier grupo. Ahora empieza su camino reglamentario en las Cortes, y nos reservamos las decisiones para el momento procedimental en el que haya que tomarlas».