Vendetta política sobre enfermos terminales

Eso es lo que ha sucedido esta semana con la Ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de la Vida. Llevaba dando vaivenes por las Cortes de Castilla y León desde julio de 2021 hasta que este jueves PP y Vox la han tumbado sin dar opción alguna al debate, en silencio, declinado intervenir para argumentar su decisión. Una estrategia de castigo y desprecio a Francisco Igea -que promovió en 2022 el rescate de una norma atropellada por el adelanto electoral de Mañueco- en la que los procuradores populares y los de Vox han votado en contra de elevar a rango de ley derechos de información y de atención a pacientes que están a las puertas de la muerte. Y de que estos derechos puedan ser exigidos ante un juez y los responsables públicos que deben garantizarlos puedan ser sancionados si se incumplen.

Uno a uno, los 30 artículos de la norma fueron rechazados por los procuradores de la coalición. A garantizar por ley recibir información «real» sobre la enfermedad, la evolución previsible y los tratamientos, votaron no. A obligar a la Junta a reforzar y extender los cuidados paliativos, no. A poner coto a prácticas que encajen en la «obstinación terapéutica» alargando innecesariamente el sufrimiento si se prevé un desenlace fatal a corto plazo, no. A poder exigir una sedación o suspender un tratamiento, no. A garantizar hospitalización en habitación individual con cama para el acompañante, no. A fijar el derecho a «acompañamiento familiar y afectivo» en hospitales y residencias, no. A garantizar por ley que el paciente reciba asistencia espiritual o religiosa «conforme a sus convicciones y su creencia», también no...

Así, un artículo tras otro a la trituradora parlamentaria sin que ninguno de los diez procuradores de PP y Vox presentes en la Comisión de Sanidad abrieran la boca para esgrimir razones. Vox ya se había mostrado en septiembre de 2022 contrario a tramitar esta norma, pero no el PP, que votó a favor de la propuesta de Igea de repescar un texto que los populares habían hecho suyo en un Consejo de Gobierno de la Junta celebrado en julio de 2021. Desde aquel momento, esa ley era también la ley de Alfonso Fernández Mañueco. Y la de Isabel Blanco, Carlos Fernández Carriedo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, Rocío Lucas, Ángel Ibáñez y Jesús Julio Carnero. Todos consejeros entonces del PP que, es de suponer que con un criterio razonado, la apoyaron ese jueves para enviarla a las Cortes.

Aquella fue la primera vez que el PP dio entidad a la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida.

La segunda ocasión llegó ese septiembre de 2022, cuando el grupo popular, que encabeza Mañueco con Raúl de la Hoz de portavoz y gestor del día a día, dio una segunda oportunidad al texto, al margen de Vox. Es de imaginar que por razones de interés público. Justificó la repesca de la norma la procuradora Paloma Vallejo, con una intervención trabajada, cargada de argumentos matizados y humanidad.

Y el tercer respaldo cuajó después de cuatro prórrogas que dilataron la tramitación cuando el PP presentó 56 enmiendas a un texto de 30 artículos. La mayor parte cuestiones, de redacción y 'mejoras' técnicas, pero que implican un trabajo con intención de aprobar un texto. Incluso, yendo más allá, podía entenderse que los de Mañueco confiaban en que la incorporación al peso de los 56 minicambios borrara a Igea de la titularidad oficiosa de esa ley que todo el mundo vinculaba al 'ex' de Cs.

Esto último y el rencor que guardan a Igea en la cúpula del PP, y que resumió públicamente Raúl de la Hoz el día que dijo que quien fue su socio no se iba a ir «de rositas», explican el legicidio. Una 'vendetta' política que se antepone al refuerzo de derechos y asistencia de los enfermos terminales y que deja en el aire dos pregunta: ¿En qué momento decían los populares verdad, cuando defendían la ley con argumentos o ahora que la tumban mudos? ¿Mereció la pena?