La ley para enfermos terminales permitiría exigir la sedación o suspender tratamientos

La exposición de motivos de la norma defiende el refuerzo de la capacidad de decisión del paciente «a disponer de sus últimos días» respecto a tratamientos que supongan «alargar innecesariamente el sufrimiento si se prevé un desenlace fatal a corto plazo».

Una ronda autonómica muestra que Andalucía cuenta con una Ley de Derechos y Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. Y Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco o Valencia.

El texto lleva dando tumbos por las Cortes de Castilla y León desde junio de 2021. Caducó tras el anticipo electoral de diciembre de ese año, fue repescado en septiembre de 2022 y vuelve al dique seco parlamentario ahora. La regulación obliga a los sanitarios a informar al paciente sobre la posibilidad de disponer unas «instrucciones previas» en casos de fallecimiento previsible y pone coto a la «obstinación terapéutica».

La norma define lo que es como «la situación en la que a una persona que se encuentra en situación terminal o de agonía por un padecimiento grave e irreversible se le inician o mantienen medidas de soporte vital o se le realizan otras intervenciones carentes de utilidad clínica real, desproporcionadas o extraordinarias».

A lo largo de 30 artículos y varias disposiciones finales, el texto establece como derechos de las personas al final de su vida el de tomar decisiones sobre su tratamiento, el de recibir información «real» sobre su estado, el de rechazar o suspender terapias o intervenciones y el derecho, según recoge su artículo 10, a unos cuidados paliativos de calidad que «alivien el dolor» o cualquier «síntoma que produzca molestias severas». Elevar a derecho exigible estas cuestiones obliga a que la Administración autonómica proporcione los recursos necesarios para cumplir la legislación.

La ley establece que un enfermo terminal o sus allegados pueden exigir ser atendidos en una habitación individual, si necesita hospitalización, para afrontar el trance de la muerte en la intimidad, y con cama para el acompañante. Lo recoge el artículo 23. El texto explicita que a los pacientes se les facilitar recibir, «conforme a sus convicciones y su creencia, asistencia espiritual o religiosa» y lo regula en los artículos 11 y 20. En este último se recalca el derecho al «acompañamiento familiar y afectivo» en hospitales y residencias. La proposición de ley aborda en su artículo 12 los derechos de los menores de edad.

«Todos los centros sanitarios o instituciones estarán vinculados a un Comité de Ética Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que planteen conflictos éticos», establece la norma.

«Es inexplicable para mí como esto era necesario para el PP en la legislatura anterior y ahora no lo es. No sólo es garantizar la existencia de cuidados paliativos, es una ley para los enfermos, para blindar sus derechos en un momento de gran vulnerabilidad», resume Francisco Igea.

Tras retirar las 56 enmiendas que habían presentado al texto, el portavoz del PP aseguró en la Cadena Ser que era una proposición condenada a decaer porque no aportaba nada nuevo. Desde el Grupo Parlamentario Popular han declinado profundizar en ese argumento. Remiten a la valoración que el consejero de Sanidad ha trasladado estos días.

Alejando Vázquez destacó, según recoge Ical, que «Castilla y León, desde mucho antes de la aparición de ningún tipo de ley, y hablo del año 2008-2010, tiene una estrategia de cuidados paliativos bastante extendida en un territorio, como es el nuestro, que es disperso y muy grande... Estamos trabajando en mejorar esta estrategia con las últimas novedades y con las últimas tendencias para que en el año 2024 sea actual», resumió el consejero de Sanidad.