Castilla y León

El PP impulsa una ley para garantizar los servicios esenciales que ya presta la Junta

Es el PP quien impulsa la ley, cuyo contenido ya conoce su socio de Gobierno, según De la Hoz. Seis artículos en los que lo más concreto se ciñe a la atención médica en el medio rural. Para los núcleos menores de 50 habitantes de hecho, consulta a la demanda (305 municipios de Castilla y León). De 51 a 100 habitantes, consulta un día a la semana (414 localidades).

Los municipios de entre 101 y 200 habitantes (551 en la comunidad) dispondrán de consulta dos días a la semana y los de 201 a 500, tres días (527 localidades). La consulta diaria será para los núcleos de población de más de quinientos habitantes de hecho (451 municipios). Lo mismo ocurrirá en los 247 centros de salud actuales.

Según Raúl de la Hoz, esto garantiza «el mantenimiento y también la ubicación e infraestructuras de los consultorios».

Como sirve, añade, para dejar por escrito la obligación de mantener los centros educativos rurales abiertos con tres niños matriculados. Y si baja la cifra, para que durante dos años no se cierre el aula. Algo que en la práctica ya sucede. «Garantiza la ubicación e infraestructuras de los 186 centros rurales agrupados de la comunidad. Permanecerán abiertas las unidades escolares con 3 alumnos. Si en alguna unidad durante un año falta ese mínimo no se suprimirá directamente, sino que se esperará un año más para ver si la falta de alumnos es coyuntural. Para cerrar deberá haber dos años sin actividad por insuficiencia de alumnado».

Y algo similar ocurre con los servicios sociales que se prestan en los Centros de Acción Social (CEAS). «Se mantendrán las prestaciones del catálogo de servicios en cada zona», informa el portavoz popular.

Que todo siga como está, por tanto, pero con rango de ley, lo que hará que cualquiera pueda exigir su cumplimiento. En la práctica, choca con algunas cuestiones. La primera, que no existe un régimen sancionador contemplado en el borrador registrado por el PP en las Cortes de Castilla y León. Es decir, que si la Junta incumple su propia normativa no habrá consecuencias más allá de que un tribunal pueda imponer su cumplimiento. La segunda, que hay una evidente falta de médicos no solo en Castilla y León, sino en toda España. Y eso no se va a solucionar inmediatamente. «La Junta lleva tiempo trabajando para intentar que haya profesionales suficientes y eso está requiriendo de reestructuraciones y cambios. Algunos dependen de la Junta y otros no, porque no es un problema exclusivo de nuestra comunidad autónoma», admitió De la Hoz.

La norma tardará entre dos y tres meses en salir adelante, dado que no presenta una especial complejidad jurídica, con tan solo seis artículos. Adelanta así a otras que se comprometieron en el pacto de Gobierno entre PP y Vox, como la de memoria democrática o la de violencia intrafamiliar y que, según el portavoz del PP, están en marcha.