Castilla y León

Sin avances sobre la Ley de Violencia Intrafamiliar que impuso Vox a Mañueco

El calendario férreo del momento de la firma se vuelve flexible en la aplicación de la cohabitación cotidiana de los socios, con los populares marcando distancias en los momentos de mayor polémica sobre su apoyo a la lucha contra la violencia de género. «Se han oído muchas cosas, pero la única realidad es que seguimos creciendo en derechos sociales, en igualdad entre hombres y mujeres y hemos reforzado la lucha contra la violencia machista», ha asegurado este domingo Alfonso Fernández Mañueco, en un acto preelectoral con Feijóo en Salamanca.

El acuerdo PP-Vox en Castilla y León urgía expresamente dos normativas. La de Violencia Intrafamiliar, con el inicio de tramitación para antes del 31 de julio de 2022, y la de «concordia» que derogaría el decreto autonómico que aprobó Juan Vicente Herrera sobre Memoria Histórica y Democrática, con fecha del 30 de junio para empezar a trabajar. De esta última no se ha sabido nada. Ni siquiera se ha publicado oficialmente el anuncio de que el Gobierno se dispone a acometerla, que es el paso previo a los borradores, las consultas, el abanico de informes previos, las propuestas de anteproyecto y el ajuste del texto antes de ser aprobado en Consejo de Gobierno por el Ejecutivo de coalición.

En el caso de la prometida Ley de Violencia Intrafamiliar, la consejera Blanco sí publicó un anunció el verano pasado sobre la intención de abordar una regulación autonómica, dejando claro que nunca se aplicaría a casos de violencia de género o desprotección de menores, «que se regularán por su legislación específica». Desde agosto, nada más se ha sabido del proyecto de ley que exige Vox. El portavoz de la formación ultraconservadora en las Cortes, Carlos Menéndez, aseguró este jueves que tienen la sensación de que «los tiempos los manejan desde Génova», apuntando a que la dirección que preside Alberto Núñez Feijóo frena el proyecto.

Ese mismo día, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, circunscribía los «tiempos» para la elaboración de ese anteproyecto de ley a la necesidad de «diálogo y consenso». Carriedo replicaba a los socios que importaba «más el resultado que el plazo».

El impulso a regulación por ley de la violencia intrafamiliar depende de las áreas del PP en la Junta y no avanza al ritmo que marcaron desde Vox. Gallardo sí logró elevar la definición al presupuesto autonómico de este año. Hay una partida de 500.000 euros asignada a la violencia intrafamiliar. El término se ha hecho hueco en los programas de la Consejería de Industria, convertida desde el inicio de la sociedad PP-Vox en Castilla y León en el ariete político de los de Abascal. De los colectivos de atención prioritaria en empleo borraron tras tomar las riendas de esta consejería la referencia a las «víctimas de la violencia de género» para reemplazarla por las de «violencia intrafamiliar».

El documento de seguimiento del acuerdo que rubricaron PP y Vox sobre la violencia intrafamiliar elude la definición de violencia de género y sitúa a las mujeres en este ámbito como el tercer colectivo a proteger, por detrás de los menores y los mayores.