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En plena Plaza Mayor de Valladolid, a traje quitado y jersey fino puesto, y como aperitivo a un fin de semana de contraprogramación política, comparecieron Elías Bendodo y José Luis Martínez Almeida como invitados estelares y Jesús Julio Carnero y Francisco Vázquez como anfitriones. Con ... todas las mesas, debates, documentos y discursos que se van a ver en la Feria de Valladolid durante dos días, con unos tres mil asistentes previstos, el acto solo era una forma pública de asentar el argumentario. Las ideas-fuerza. Los mensajes a martillear una y otra vez para fijarlos en el subconsciente del electorado. Con 35 minutos de discursos, no quedaron dudas: la corrupción del PSOE y el «infierno fiscal» de la izquierda. Y de paso, las políticas del PP como solución a la despoblación o a los problemas de vivienda.
Poco importa en estos casos las posibles contradicciones. En un foro como este no se escucharán los «y tú más» de la oposición, como tampoco habrá reproches en el acto que se contraprograma, el Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Por ejemplo, a Jesús Julio Carnero le tocó hablar, entre otras cosas, de las subidas de impuestos. «Nosotros bajamos el IBI», dijo. Y se anticipó a la crítica que ya ha escuchado por parte de la oposición municipal. «Todavía las oposiciones, acontece aquí en el Ayuntamiento de Valladolid, nos están diciendo que bajemos otros impuestos para compensar la subida del impuesto de residuos», dijo. Un impuesto que según Carnero es «el tasazo de la basura, el 'sanchazo' de la basura». Por mucho que el impuesto venga derivado de las órdenes de la Unión Europea y que incumplirlas pudiera suponer sanciones.
A Francisco Vázquez le tocó defender las políticas del PP para luchar contra la despoblación y eligió la «ley de servicios esenciales en el territorio» que se aprobó recientemente para «blindar» esos servicios. Un blindaje, eso sí, que carece de capacidad coercitiva contra el Gobierno autonómico si lo vulnera, puesto que la ley, de articulado breve, no contempla sanciones. «La educación, la sanidad y los servicios sociales están garantizados por ley en todos nuestros municipios, manteniendo centros rurales con tres o con cinco alumnos, implantada ya en todas las provincias la educación gratuita de cero a tres años, y también con más de 3.600 consultorios rurales, todos abiertos», aseveró Vázquez.
Al calentamiento le siguieron las intervenciones de Almeida y Bendodo. Y ahí llegó el momento de fijar la broca y taladrar para asentar bien el taco. Corrupción, corrupción, corrupción. Y Sánchez, «al frente de la banda», como dijo Martínez Almeida. El caso del ático comprado por la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ha transmutado en el caso de las filtraciones orquestadas por la Moncloa para tapar los casos del hermano y de la esposa de Pedro Sánchez. Ese es el vuelco que defenderá el PP durante dos días intensos. «La mujer del presidente del Gobierno ha reconocido que una asistente personal de Moncloa, pagada por todos los españoles, le hace gestiones para el máster. Que la UCO dice, sobre el hermano del presidente del Gobierno, que hay indicios de que la adjudicación de su plaza hubiera podido ser fraudulenta. Que Aldama ha dejado claro que por supuesto que conoce a Pedro Sánchez, que ha coincidido en viajes con Begoña Gómez y que todas las afirmaciones que dijo son ciertas y las puede acreditar. Y hoy, que el secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, ha tenido que entregar su teléfono móvil en el Tribunal Supremo para que sea investigado tanto por la Justicia como por la UCO», enumeró Almeida.
Conscientes de que la vivienda es un problema al alza, los dirigentes populares, que gobiernan en la gran mayoría de las comunidades autónomas, tratan de que esa bala argumental no les golpee. El alcalde de Madrid es, a este respecto, de los más expuestos, en una ciudad tomada por los pisos turísticos y con los precios disparados en relación con los sueldos medios. Así que contragolpeó. «El Ayuntamiento de Madrid ha ejecutado 859 millones de euros en políticas de vivienda en los últimos cuatro años. ¿Cuánto ha ejecutado Pedro Sánchez y su Gobierno en la ciudad de Madrid en los últimos cuatro años? 10 millones de euros. Ese es el compromiso con la vivienda de Pedro Sánchez para la ciudad más poblada de España», acusó.
A Bendodo, en su última visita, le jugaron malas pasadas los despistes que provoca tanto viaje de provincia en provincia. Cambió Castilla y León por Castilla La Mancha, dejó la autonomía en ocho provincias… Esta vez atinó con los detalles, pero reincidió en uno: «Valladolid ha puesto término a cuatro años de políticas sanchistas», dijo entonces. «Tras cuatro años de políticas socialistas fracasadas, hoy Valladolid, de la mano de Jesús Julio, me está terminando con el infierno fiscal del PSOE y ordenando la movilidad», repitió este jueves. Una vez más, a uno de los hombres fuertes de Alberto Núñez Feijóo redujo la Alcaldía de Óscar Puente a la mitad, cuatro años en lugar de los ocho (2015-2023) que PSOE y Toma la Palabra rigieron la ciudad. El día anterior, en Salamanca, también había patinado con las cifras por exceso de euforia. «Una de cada dos personas de Castilla y León vota al PP», dijo. En Salamanca sí, casi, el PP sacó un 46,87% de los votos en las generales de julio de 2023. En el conjunto de Castilla y León, sin embargo, el porcentaje fue de un 41% y en las autonómicas de 2022, de un 31,4%.
A Elías Bendodo le tocaba afianzar los mensajes. Sobre los impuestos, fue directo. «El PP lleva en el ADN la bajada de impuestos. Ya vamos por 81 subidas de impuestos desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno de España», decía, repitiendo la cifra que el día anterior había lanzado el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes. Y sobre la corrupción, escogió un paralelismo. «El sanchismo está teniendo el mismo fin que tuvo el socialismo andaluz, corrupción por los cuatro costados», acusó. Y aprovechó la última hora de la comparecencia de Juan Lobato (PSOE). «Es curioso que se achaquen un montón de delitos a un montón de dirigentes del PSOE y es un dirigente que no ha cometido ningún delito el que tiene que dimitir».
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