La pandemia deja en Castilla y León 5.167 plazas de residencias libres y sin nuevos ingresos

De las 48.296 plazas que ofertan los geriátricos en Castilla y León, 42.859 estaban ocupadas al principio de la pandemia, es decir, el 88,7%. Las bajas que se producen por la covid y otras enfermedades, o abandonos voluntarios, junto al cierre durante la primera ola de los centros que impedía aceptar nuevos residentes –salvo situaciones muy excepcionales de urgencias– vació 5.167 plazas más, que se unieron a las 5.437 que había libres al principio, según los datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

No obstante, todas las residencias tienen ahora la obligación de reservar un 5% de sus plazas para posibles casos de aislamiento por contagio o para guardar cuarentena. Muchos centros, en general todos los que disponen de espacio para ello, han optado por crear dos circuitos, de modo similar a lo que hacen los hospitales, que incluyen dos zonas de convivencia separadas. De esta forma, los mayores que tengan que estar confinados pasarán este tiempo en una unidad del geriátrico y no en una habitación. Forma parte de los protocolos establecidos por la Junta que incluyen las condiciones de limpieza y desinfección o cómo actuar ante cada sospecha. Aun así, solo el informe de la zona Oeste de Valladolid ya detectaba 17 centros con problemas de espacio para tal fin, de ellas 13 sin ni una sola habitación.

Ahora, desde el fin del anterior estado de alarma, el sector aún no se ha recuperado aunque ya ha habido algunos ingresos. El miedo a los contagios, la etapa vacacional y la incertidumbre de esta segunda ola no ayudan al sector. Una caída que también reflejan los datos de las prestaciones para la atención a los casos de dependencia.

El nivel de ocupación descendió con fuerza hasta el 30 de abril (un 9,6%) y, desde entonces, «la reducción es más pausada debido a que se controló la mortalidad de los centros hasta niveles similares o incluso inferiores de años anteriores y, de la misma manera, empieza a haber algunos ingresos de residentes que compensan las bajas». recoge el informe del impacto sobre la covid-19 de la Junta.

Fuentes consultadas de Servicios Sociales destacan que, a finales del anterior estado de alarma, solo había 37.692 plazas ocupadas, un 78% del total de la oferta, y que son menos las familias que ahora se deciden por esta opción; aunque tampoco se ha registrado un importante repunte de alternativas como podría ser los contratos para atender a los mayores en casa. Tampoco Cáritas, una de las organizaciones que organiza trabajo en este ámbito, ha detectado un aumento de la demanda en este sentido.

Desde la asociación Acalerte, que representa a la mayor parte del sector privado residencial, su presidente, Diego Juez, destaca que «sigue habiendo ingresos aunque la situación es complicada y trabajamos para dar todas las garantías con las medidas de prevención de epis, mascarillas, control de las entradas y salidas de las visitas... En el entorno rural sí hay más dificultades para cubrir las plazas; pero este es un problema en toda España». Según los cálculos de esta organización el vacío de la ocupación ha afectado al 15% de las plazas, un 10% en zonas urbanas y un 20% en las rurales. Son muy pocas las familias que decidieron sacar a sus mayores de las residencias. No es este un servicio prescindible, son pocos los hijos que cuando sus padres necesitan muchos cuidados pueden ocuparse de ellos. Durante la primera ola había más teletrabajo y algunos lograron aguantar la situación en casa pero es muy difícil y les faltan muchas cosas», destaca Diego Juez.

Añade asimismo este portavoz del sector que aunque al estar más juntos en una residencia hay más riesgo, ahora es algo controlable... tenemos epis, criterios y protocolos... Al principio, no concíamos cómo actuar ante una pandemia. Por otro lado, estos centros ofrecen terapias ocupacionales, sociabilización... además de las cuestiones de aseo, nutrición y personal sanitario. Muchos mayores se descompensan en sus casas, no es comparable al seguimiento en una residencia», señala.

Los responsables de diferentes centros consultados tienen reticencias a hacer valoraciones. Muchos apuntan a que «se nos ha criminalizado, cuando una residencia es un centro sociosanitario, no un hospital que tiene obligación de contar con cierto personal sanitario pero nada que ver con hacer frente a una pandemia, y más sin recursos», coinciden en señalar.

Teresa Barrero, de la residencia Nuestra Señora del Rosario de Valladolid, asegura que «en cuanto los dejaron muchos mayores se fueron porque a los que vivían en sus casas sí los dejaban salir, en cambio a los de las residencias no se les permitió y aprovecharon el verano para irse».

Asegura que «claro que ahora hay plazas vacías, jamás las tuvimos hasta el coronavirus, siempre había lista de espera para entrar». Y destaca que «ahora lo tenemos todo muy controlado, cumplimos todos los protocolos y hemos atendido también mucho la parte humana. Pero no hay que olvidar que a las residencias se nos ha puesto en una situación dificilísima porque no somos centros para atender una pandemia. De hecho, no podemos ingresar a personas con enfermedades infectocontagiosas. Eso lo dice todo», destaca.

La situación de muchas residencias fue dramática hasta que hubo una intervención sanitaria real. Aún así, una mirada a finales de junio, revela que «el 78% de los centros residenciales de personas mayores y con discapacidad no tenían casos de covid ni habían tenido fallecidos por coronavirus o con sintomatología compatible», asegura la Junta.

Las provincias más golpeadas por la covid, Segovia y Soria, tenían entre el 44% y 48% de sus residencias sin incidencias; en el otro extremo están Valladolid y Zamora con el 86% y 89% de los centros limpios, respectivamente.

Los datos muestran que el 80% de los centros fueron contagiados en el mes de marzo, la mayoría antes del día 23. En esos centros se concentra el 92% de las personas contagiadas y se produjo el 94% del total de fallecimientos.