Castilla y León promueve compartimentar las residencias de mayores en «pequeños hogares»

El Gobierno autonómico de coalición de PP y Vox ha aprobado este jueves el texto normativo que implica novedades arquitectónicas y de organización del personal. No incide en ratios de profesionales de atención como el número mínimo de gerocultores o sanitarios porque, según ha explicado la consejera Isabel Blanco, esa cuestión de las «ratios» de personal obligatorias depende del consejo territorial en el que se sientan todas las comunidades autónomas y el ministerio. Eso se pospone. «se regulará más adelante», apuntó la consejera.

La regulación del modelo residencial para mayores y personas con discapacidad viene de atrás. Isabel Blanco ha ubicado temporalmente el inicio de trabajo de redacción en el año 2020 y ha destacado que el texto incorpora el aprendizaje de lo ocurrido en la pandemia. De ahí esa 'compartimentación' de los edificios en unidades de convivencia en las que habitan entre 12 y 16 residentes atendidos por el mismo equipo de profesionales. Ese modelo, además de asemejarse más al de un hogar, permite atajar situaciones de contagios. La consejera ha recordado que la Junta ya trabajaba anteriormente en el modelo. Fueron los gobiernos de Juan Vicente Herrera los impulsores de las unidades de convivencia, con el programa 'en mi casa', aunque con tropiezos judiciales en anteriores regulaciones.

El texto que llegará al parlamento autonómico para su debate y tramitación impone el despliegue de la atención en unidades de convivencia con habitaciones preferiblemente individuales con baño y sala común para actividades. Arquitectónicamente, será una exigencia para los nuevos centros y los que ya están en funcionamiento, que son 1.144 en el caso de mayores, deberán adaptarse en los próximos siete años, aunque la consejera dejó abierta la puerta a hacer excepciones cuando el edificio no lo permita. Blanco explicó que la Junta ha reformado la residencia asistida de Segovia para implantar esos 'mini hogares', pero ese proyecto se hace imposible en los centros de la propia Administración autonómica en Zamora o Salamanca.

Castilla y León cuenta con 48.791 plazas residenciales para personas con dependencia y otras 5.809 disponibles en centros de día, de las que la Junta financia directamente o por concertación 37.053. A esa red se suman otras 18.034 plazas para personas con discapacidad entre residencias, viviendas tuteladas y centros para actividades diurnas. En total, más de 72.000 plazas deberían, sobre el papel, adaptarse a la nueva regulación, que se aplicará automáticamente en los nuevos proyectos. Es un sector con «mucha diversidad», en tamaños de centros, titularidad de los mismos y unas prestaciones cuyo coste pueden oscilar entre tarifas de 800 euros al mes de una residencia rural pequeña en habitación compartida para una persona autónoma a los 3.000 mensuales que abona la familia de un usuario de un centro de alta especialización de atención psicogeriátrica.

Al pilar de la organización en torno a unidades de convivencia en el que profundiza el modelo de Castilla y León se suma la pretensión de conventir las residencias en «centros multiservicios» abiertos al entorno para hacer posible que personas con dependencia o discapacidad que residen en sus casas puedan aprovechar servicios como, por ejemplo, el de lavandería o la fisioterapia.

La normativa refuerza la necesidad de formación del personal y ataja la práctica de la sujeción con ataduras físicas o químicas de los residentes, que se aplicarán en situaciones de excepcionalidad y bajo informes de los profesionales.

La consejera no profundizó en si está ley implicará cambios en la atención sanitaria de unos usuarios que llegan a las residencias, en su gran mayoría, con múltiples patologías que exigen una asistencia médica o de enfermería continua. Explicó que la ley recoge que serán las consejerías de Familia y de Sanidad, con posterioridad, las que desarrollarán «de manera conjunta» cómo será esa atención, aunque señaló que habrá profesionales de «enlace» entre los centros de salud y hospitales y las residencias y que se impulsará la «teleconsulta» y el uso de nuevas tecnologías.

El proyecto de ley incorpora evaluaciones de calidad anuales. La consejera precisó que será su departamento el que las impulse y que en ellas analizarán desde cuestiones de obligaciones documentales o administrativas como la revisión de los seguros de responsabilidad, a aspectos de la organización del personal o las «percepciones» que tienen del servicio que reciben los propios usuarios o sus familias.

Isabel Blanco destacó que la regulación es fruto de un trabajo «coral» en el que su equipo ha escuchado a representantes de otros partidos y a expertos del sector. También que el texto incorpora las recomendaciones que han hecho organismos oficiales como el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo Consultivo de Castilla y León. Este último, encargado de velar por la calidad jurídica de las regulaciones autonómicas, emitió en junio un informe bastante crítico sobre el anteproyecto por entender que había «ambigüedades» en las redacción de artículos que podían dificultar su aplicación, además de alertar sobre la falta de una valoración económica obligatoria por ley, cuestión que había provocado en anteriores ocasiones la anulación de regulaciones. «Se han incorporado las últimas observaciones», remarcó la consejera.

Castilla y León presenta una tasa de 7,84 plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años, frente a la media española de 4,2 plazas y por encima también de la recomendación de 5 plazas por cada centenar de pobladores que superan los 65 años que sirve de referencia internacional. Blanco defendió la mejora económica en las aportaciones que la Junta hace en las plazas concertadas. Los 1.800 euros mensuales de 2019 por una plaza en una vivienda para personas con autismo rondan ahora los 2.300 euros. Y los 1.580 euros al mes de 2019 para sufragar una habitación en residencia para un gran dependiente han crecido hasta los 2.100 euros.