Los médicos de Familia denuncian que la Junta contrata graduados sin especialidad

La normativa permitió tal contratación durante la pandemia por la situación excepcional al carecer de recursosprofesionales suficientes en uan época de alerta sanitaria y grandes necesiaddes asistenciales,pero fue algo puntual y que ya no tiene amparo legal. El Real Decreto Ley 29/2020 del 29 de septiembre, estableció la posibilidad de poder contratar personas que, contando con el grado o licenciatura correspondiente carecían del título de especialista reconocido en España, vía MIR y decayó en octubre de 2021. «Por lo tanto, actualmente, y desde hace más de un año, es ilegal esta contratación para ejercer actividad asistencial en el sistema público de salud con carácter general y en Sacyl, con carácter particular».

Desde la Junta directiva de la Socalemfyc, se quiere denunciar públicamente esta práctica. «Se trata de un fraude para la población de Castilla y León la persistencia de esta situación irregular, con una atención médica que no cumple la normativa actual para el ejercicio de la profesión médica. Esta situación también es desincentivadora e injusta para los médicos que están realizando su formación MIR, al ver menoscabados sus derechos formativos y expectativas laborales. Pudiendo provocar renuncias al MIR y que las próximas generaciones se planteen realizar el MIR y su actividad profesional fuera de España», destacan fuentes de la misma.

«Es un fraude para la población de Castilla y León la persistencia de esta situación irregular, con una atención médica que no cumple la normativa actual para el ejercicio de la profesión médica». Ya que, por ejemplo, apunta la presidenta de Socalemfyc, Isabel Gutiérrez «nadie se montaría en un avión no pilotado por alguien que no tuviera el título de piloto o que no estuviera legalmente capacitado».

Por último, indica la sociedad científica, esta situación «afecta a la calidad del sistema sanitario público tanto en el ámbito de Atención Primaria como hospitalaria, pero, de forma preeminente a aquel con elevada presión asistencial, menor dotación de recursos y peores condiciones laborales, como es la Atención Primaria».

Y recuerda la Socalemfyc que, desde el 1 de enero de 1995 (Real Decreto 853/1993 de 4 de junio), para ejercer como médico en el sistema sanitario público, «es necesario además de la licenciatura o grado, tener una especialidad».

Una crítica a la que se ha sumado Ciudadanos. «Sanidad incumple la normativa», afirma Francisco Igea, en nota de prensa difundida por el partido naranja en la que informa del registro de una pregunta para su respuesta en la Comisión de las Cortes del ramo. «¿Asegura la correcta asistencia de los ciudadanos que reciben atención de profesionales sin la formación requerida?», «¿Piensa la Consejería asumir las responsabilidades penales y sanitarias derivadas de situaciones de mala praxis en estos casos?», pregunta.

Igea apunta a que es una actitud que «pone en grave riesgo la calidad del sistema y la atención de la población y pregunta si existe consentimiento de la organización médica colegial y del ministerio competente para prorrogar la medida, según recoge Ical.