Castilla y León

Los retos de los nuevos consejeros de la Junta

Alfonso Fernández Mañueco tendrá que definir hasta dónde alcanzan las nuevas competencias de Isabel Blanco, que mantiene la cartera de Familia. Se regresa así, tras el breve paréntesis de Juan García-Gallardo (Vox), al esquema más habitual en los gobiernos PP de la Junta, el de un vicepresidente con cartera propia. En ausencia de un área, Mañueco confirió a Gallardo, además de las cuestiones de representación en ausencia del presidente, la «coordinación de las relaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Procurador del Común» y la coordinación de la atención a víctimas del terrorismo. Tambien tenía a su cargo las «medidas de racionalización de los procedimientos, su simplificación y la eliminación y reducción de cargas y trabas administrativas».

Isabel Blanco gana poder político después de haberse encargado de la coordinación de las últimas campañas electorales. Mantiene, sin embargo, su papel al frente de una consejería con mucho calado, Familia e Igualdad de Oportunidades. Que por si fuera poco será una de las que marque las diferencias con sus ex socios, ya que se supone que la ley de violencia intrafamiliar que propugnaba Vox y que figuraba en el pacto de Gobierno pasa al olvido.

A un año y medio de las elecciones autonómicas los proyectos de infraestructuras ya deberían estar lanzados. De hecho su predecesora en el cargo, María González Corral, presumía el pasado 2 de julio en las Cortes del alto grado de cumplimiento de sus objetivos de legislatura. Así que lo primero que debe hacer Sanz Merino es apuntalar los proyectos que ya están en marcha. Por ejemplo, la licitación de algunos contratos enfocados a digitalizar la Administración, o el impulso a la digitalización de las carreteras con proyectos como las señales inteligentes que advierten de la presencia de fauna en la vía.

Este mismo año deberían contratarse obras relevantes como la variante de Guardo, con 14 millones, que permitirá la conexión de Asturias con Aguilar de Campoo, a través de la Robla y Guardo y que constituirá el viaducto de mayor longitud de las carreteras autonómicas, informa Ical. O la de Salas de los Infantes. Y también hay 9 millones reservados para «la modernización y adecuación urbana de 30 travesías que cuentan con parada de transporte público».

Pero hay algo que es leit-motiv en esta consejería y es la batalla con el Gobierno central por conseguir el impulso a determinadas infraestructuras. La más demandada es el Corredor Atlántico, que se encuentra en pleno desarrollo porque se trata de un eje crucial para Europa y en el que Castilla y León tiene un papel determinante. También se reclaman insistentemente obras en autovías. Su predecesora citó la conclusión de las autovías A-11, A-12, A-15 de Navarra, A-40 para conectar Adanero-Ávila-Maqueda, A60 Valladolid-León, la A-73 Burgos-Aguilar de Campoo o la A-76 Ponferrada-Orense. En algunos casos son actuaciones en marcha y en otros acumulan considerables retrasos y falta de plazos concretos.

También se reclama desde la Junta al Gobierno la reapertura de dos líneas férreas, la Madrid-Aranda-Burgos y la conexión Soria-Castejón.

A la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo le toca lidiar con la herencia recibida. Y no se trata en este caso de objetivos económicos. Los mejores índices de empleo o de las exportaciones han sido éxitos que el propio Alfonso Fernández Mañueco ha tomado como propios tanto o más que el ya ex consejero, Mariano Veganzones. De hecho, el ex de Vox presumía de las cifras autonómicas mientras clamaba por la ruina «socialcomunista» del Gobierno central, cuando los ejes legales –reforma laboral, salario mínimo– son los mismos para toda España. Leticia García tendrá, en ese sentido, una labor continuísta, pero deberá salpicarla con una reconstrucción de los puentes rotos por la dialéctiva agresiva de su predecesor.

En primer lugar está el Diálogo Social. Mañueco ha defendido siempre que su Gobierno es favorable al Diálogo Social y han sido sus consejerías las que han mantenido los convenios con sindicatos y patronal mientras Veganzones reducía al mínimo las aportaciones de Industria, Comercio y Turismo. Una política que ha trufado de calificativos como «comegambas», del que se vanagloriaba en el último mitin de Jorge Buxadé en Valladolid porque un tribunal había decidido que no constituía delito alguno al honor de los representantes de Comisiones Obreras. «Se me absuelve de llamar 'comegambas' a los de CCOO. ¡Viva la libertad, carajo!», gritó en la Plaza de la Universidad.

Las 'consejerías PP' tenían programada una estrategia para reconducir el diálogo con patronal y sindicatos (CCOO y UGT) a lo largo de este año. Ahora será el propio PP el que la pilote sin obstáculos. De la etapa de Veganzones queda también la polémica en bucle del Servicio de Relaciones Laborales, que se ha dejado bajo mínimos con decisiones que ha tenido que defender en las ruedas de prensa de los consejos de Gobierno el portavoz Carlos Fernández Carriedo.

Pero si hay algo que tiene que resolver con urgencia la nueva titular del departamento es el organigrama. La ristra de altos cargos que han pasado por Industria, Comercio y Empleo es ingente, especialmente en el Servicio Público de Empleo, por el que han pasado tres gerentes. Un viceconsejero, un director general, cuatro jefes de servicio y tres coordinadores han cesado en sus cargos, la mayor parte de ellos «a petición propia», refleja el Boletín Oficial de Castilla y León. Bien es cierto que algunos de ellos fueron cesados al comienzo de la legislatura y ni siquiera se han cubierto, como el de viceconsejero de Dinamización Industrial, que quedó desierto en septiembre de 2022.

Gerardo Dueñas deja una 'patata caliente' a su sucesora, María González, y es todo lo relacionado con la sanidad animal, especialmente la gestión de la tuberculosis en provincias como Salamanca, informa Silvia Rojo. Y una novedad que exige mucha atención, la PAC derivada de las movilizaciones del campo. El Gobierno y las comunidades han enviado a la Comisión Europea las modificaciones que permitan una correcta aplicación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para simplificar y flexibilizar su aplicación en España. El tiempo apremia, el año agrícola comienza en otoño, y los profesionales necesitan certezas para la nueva campaña, por lo que se espera que la Comisión dé su conformidad a las modificaciones propuestas a principios de agosto. Como dato, cabe recordar que se han presentado 80 cambios en el primer pilar, el de las ayudas directas, y 700 en el segundo.

En el momento que María González asuma sus responsabilidades como consejera de Agricultura, se va a encontrar la Orden de creación del Observatorio de Costes de Producción, Márgenes y Formación de Precios de Productos Agroalimentarios de Castilla y León, cuyos objetivos son contribuir a mejorar las capacidades negociadoras de los operadores más pequeños a lo largo de la cadena. Este Observatorio se encuentra en la última fase de tramitación administrativa y se publicará «en próximas fechas». Al menos esa era la intención de vox.

La sanidad animal, siempre complicada, ha adquirido las mayores cotas de confrontación desde que Vox entrara en el Gobierno regional. El colectivo veterinario mostró su oposición a que la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera la asumiera una persona que no fuera veterinaria. Después llegaron los intentos de legislación. Uno de los aspectos más destacados de la reforma de la ley de sanidad animal tiene que ver con la autorización de veterinarios libres para reforzar el saneamiento que, a día de hoy, tampoco está demasiado claro cómo será su funcionamiento.