Juan García-Gallardo, junto a Iván Espinosa de los Monteros, en un acto de campaña. RICARDO ORDÓÑEZ-ICAL

Vox lleva el paralizado protocolo antiaborto de Castilla y León al Congreso

Espinosa de los Monteros anuncia que pedirán «la derogación de la ley del aborto» y su «sustitución» por «políticas públicas»

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 15 de febrero 2023, 00:07

Iván Espinosa le quitó el eufemismo «provida» al protocolo aprobado por la Junta de Castilla y León y de momento apartado, y habló con claridad de «derogar la ley del aborto» ahora vigente para, a cambio, «sustituirla por políticas públicas que protejan, amparen, a la ... mujer embarazada y al concebido no nacido». Y esas medidas se resumen en ofrecer a la embarazada más información, sobre todo a través de dos herramientas: escuchar el latido fetal y poder realizarse una ecografía 4D. El mismo protocolo de Castilla y León, en versión Congreso de los Diputados. Espinosa de los Monteros tuvo la precaución, eso sí, de aclarar por tres veces en su comparecencia que sería «para las mujeres que lo quisieran».

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«Que se ofrezca, para toda mujer que así lo desee, suficiente información. La posibilidad que nos brinda la tecnología, que no existía hace algunos años, de poder acceder al latido fetal o a esas ecografías 4D para un mejor seguimiento del embarazo. Para todas las mujeres que lo deseen. Y las que no, pues no», aclaró.

Así que Vox continúa adelante con su intención de poner el aborto en el centro del debate de nuevo. Y ahí el portavoz de la formación presume de haberse quedado solo. «Es importante no solo para las elecciones generales, sino para las municipales y autonómicas, que todos entendamos este nuevo bipartidismo. Está el consenso progre, donde están todos los demás, y está Vox, que no es que se quede solo, es que solo queda Vox». Iván Espinosa se burlaba además de que el PP haya asumido el fallo en contra del Tribunal Constitucional a su propio recurso, doce años después de interpuesto. «El señor Feijóo se felicitaba la semana pasada de haber perdido su recurso ante el Constitucional. Esto es innovador. Jamás había visto a nadie alegrarse de su propia derrota ante un tribunal. Es la primera vez que lo veo en mi vida. Presentan el recurso, lo pierden y se alegran. Insólito», decía.

La ley del aborto incorporó una enmienda en su trámite en el Senado que contó con el apoyo del PP y que busca, precisamente, impedir protocolos como el anunciado por la Junta de Castilla y León (PP y Vox). «Las administraciones públicas velarán especialmente por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente», dice el texto. Un añadido con el visto bueno popular que hizo que Espinosa de los Monteros optara por el sarcasmo. «Ese mismo PP se autoataca ahora apoyando una enmienda que pretende prohibir medidas como las que ellos mismos aprobaron y luego desaprobaron en Castilla y León», señaló.

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«Este país lleva 40 años promoviendo y facilitando el aborto y vamos a trabajar para evitar ese mal para las mujeres y para el niño abortado»

IVÁN ESPINOSA, VOX

Así, la postura de Vox es nítida a este respecto. El propio portavoz lo advirtió con rotundidad. «Este país lleva cuarenta años promoviendo y facilitando el aborto y nosotros en lugar de eso vamos a intentar trabajar para evitar ese mal para las mujeres y para el niño abortado y ofrecer alternativas», señaló. Y afirmó que en esa lucha «Vox está solo».

La evolución del aborto en España

En 1989, cinco años después de entrar en vigor la primera ley del aborto en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntaba por cuestiones relacionadas con él. Un 58,2% de los encuestados aseguraba estar de acuerdo con la frase «la decisión de abortar corresponde únicamente a la mujer, el médico debe limitarse a informar sobre las consecuencias de la interrupción del embarazo». Entre las causas que se veían con más aceptación para abortar estaban las más drásticas, como los embarazos productos de una violación o que la vida de la madre o del feto estuvieran en peligro. Un 37,4%, entonces, estaba de acuerdo en que se autorizase la interrupción del embarazo «siempre que la madre lo decida libremente y no sobrepase las 12 semanas de gestación».

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En 1994, un 42% de los encuestados consideraba que había que «ampliar» la ley del aborto en España y un 22% opinaba que mejor dejarla «como estaba». Entonces se preguntaba si se debía permitir el aborto en las doce primeras semanas «exigiendo además que un centro de especialistas creado al efecto asesorara a la mujer explicándole las razones que existen para tutelar la vida e informándole de cuantas posibilidades existan para no interrumpir el embarazo, antes de que aquella tomara la decisión de abortar o no abortar». Un 29% lo veía bien y un 60% estaba en contra.

En 2005, en un sondeo sobre la juventud española, un 61,5% consideraba que «debe decidir únicamente la mujer interesada» y un 20,4%, que «la sociedad debe poner ciertos límites».

En 2010, cuando se modificó la ley del aborto y el PP recurrió el texto ante el Tribunal Constitucional, los encuestados del CIS consideraban que el aborto (6,45 en una escala de 0 a 10) les preocupaba menos que la inmigración (7,20) o la situación económica (9,01).

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En los barómetros del último trimestre de 2022, en la pregunta sobre las preocupaciones de los españoles, la ley del aborto no figuraba entre las 60 primeras.

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