Gallardo asegura que el protocolo es «obligatorio» para sanitarios y voluntario para las embarazadas

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, aseguró este lunes que el protocolo para mujeres embarazadas, con las medidas anunciadas la semana pasada, es «obligatorio» para los profesionales sanitarios y voluntario para las gestantes, que podrán rechazar las pruebas y asistencia que se le ofrezcan en Castilla y León para mejorar su información.

García-Gallardo, que fue entrevistado en el programa de Ana Rosa de Telecinco, negó que exista polémica con este asunto y defendió que se mantiene lo comunicado el pasado jueves, tras el Consejo de Gobierno. A su juicio, ha sido creada por la izquierda y las «terminales mediáticas» para infundir «miedo» y generar una «cortina de humo» para tapar que casi 200 agresores sexuales están «en la calle» con la ley de 'solo sí es sí'.

«Es solo un primer paso», dijo el vicepresidente de la Junta para enmendar un error de décadas en el que aseguró se llega «tarde». «Llegamos tarde, vamos a enmendar un error de décadas», dijo por una clase política que ha desatendido el derecho fundamental a la vida.Además, Juan García-Gallardo cifró en 2.500 niños los que dejan de nacer cada año en la comunidad y añadió que se trata de proteger a las mujeres, no de lo contrario. También defendió que Castilla y León es la comunidad donde más ayudas se ofrecen a la maternidad y puso a Hungría como ejemplo de estas políticas, un país, recalcó, de la Unión Europea que va como un «tiro».

Por otra parte, García-Gallardo aseguró el domingo, tras conocer el requerimiento a la Junta para que se abstenga de aplicar cualquier medida antiabortista, que «el Gobierno central teme que las madres tengan más información sobre su embarazo». «Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás», rezaba el mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Un mensaje que fue respaldado desde la dirección nacional del partido, pues -también a través de las redes sociales- la cuenta oficial de Vox mostró públicamente su apoyo a Juan García-Gallardo. «Castilla y León será un muro de contención frente a las amenazas y los atropellos del Gobierno del autócrata Sánchez. En Vox no daremos ni un paso atrás en defensa de la vida, la familia y la natalidad. ¡Grande @juan_ggallardo!», recogía el mensaje.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, realizó este domingo un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), después del anuncio del protocolo de atención a la mujer embarazada, aprobado el pasado jueves, 12 de noviembre, en Consejo de Gobierno.

«El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente», indicaron fuentes de Moncloa en un comunicado recogido por Ical, en el que añadía que «velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna».

Por otra parte, este mismo lunes por la mañana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advirtió a la Junta de que instar a los profesionales sanitarios a ofrecer pruebas complementarias a las mujeres que optan por interrumpir el embarazo «no es admisible» conforme a la ley orgánica de 2010 sobre el aborto. «No cabe en la ley», dijo porque contraviene los derechos de las mujeres y excede el ámbito competencial de la comunidad.

En una entrevista al programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, Carolina Darias argumentó que la Junta no tiene competencias para interferir en las interrupciones del embarazo y contraviene los derechos de las mujeres. Además, insistió en que el Gobierno no está dispuesto a «transigir» con las medidas previstas por la Junta que contempla ofrecer asistencia psicológica, la escucha del latido cardíaco y las ecografías de cuatro dimensiones.

Darias recordó que el requerimiento de este domingo se envió después de la carta que ella dirigió el viernes al consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, para que le aclarara el protocolo que se iba a aplicar y las instrucciones que iban a dar a los profesionales, al tiempo que le recordaba su obligación de cumplir la ley. En su respuesta, la Junta le trasladó que no había adoptado ningún acuerdo el Consejo de Gobierno, pero que se iban a aplicar las medidas anunciadas por el vicepresidente Juan García-Gallardo.

«No vamos a permitir ni un paso atrás en el derecho de las mujeres que tanto trabajo y sacrificio no están costando», dijo la titular de Sanidad, que instó, de nuevo, a la Junta a cumplir la legislación vigente, recogida en una ley orgánica (2010), a seguir la evidencia y los criterios clínicos y médicos y a respetar los derechos de las mujeres, que en su opinión retroceden cuando gobierna la derecha.

Darias consideró «elocuente» el «silencio» del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con este asunto y se preguntó si su «moderación» era ésta. Además, la ministra aseguró que tiene la oportunidad para poner fin a esta «tropelía» que cercena los derechos de las mujeres e insistió culpabiliza a la mujer a la hora de elegir libremente sobre su maternidad, algo que recalcó España ha dejado atrás después de «mucho sufrimiento».

Finalmente, Carolina Darias defendió el cumplimiento de la ley, tras la reforma del Código Penal, para castigar el acoso a las mujeres en las puertas de las clínicas que practican abortos.

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