El huracán Kirk, la última prueba de estrés para las emergencias de Castilla y León

Habla Irene Cortés de un sistema, pero en realidad se trata de una serie de planes coordinados que responden a cada tipo de emergencia. El Inuncyl, para inundaciones. El Infocal, para incendios. El Plancal, para las nevadas. Lo que tienen todos ellos en común es que cuentan con dos niveles. «En el nivel 1 se establece el organigrama en la provincia, el que dirige el plan es el delegado territorial de la Junta», señala Cortés. «Si es el nivel 2 se establece el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado)», que estaría dirigido por el consejero competente, en este caso Juan Carlos Suárez-Quiñones (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio).

Vayamos por fases.

Antes de la alerta va la prealerta. Parece de perogrullo, pero es un trabajo que tiene su importancia, porque empieza a poner sobre aviso a las administraciones más cercanas, los ayuntamientos. «Desde la Junta de Castilla y León se avisa a alcaldes, a diputados o presidentes de diputación y a nuestros delegados territoriales. Al mismo tiempo se les envían las zonas concretas que van a ser objeto de esa incidencia meteorológica y se les envían también los consejos de autoprotección: que vayan retirando los coches de los cauces de los ríos, de los arroyos, que limpien las alcantarillas, los canalones…».

Si la amenaza se complica, llega la alerta. «La decreta la Agencia de Protección Civil de Emergencias para toda la ciudadanía, se comunica a los medios de comunicación y es a partir de ese momento en el que se empiezan a hacer partes puntuales. Se envían al día dos partes, por la mañana y por la tarde, que se distribuyen otra vez a alcaldes, a presidentes de diputación y delegados territoriales», explica Irene Cortés.

Es una vigilancia al minuto, por así decirlo, que permite comprobar la evolución de esos incidentes y el escenario que se presenta. Si sigue adelante, se activa el plan correspondiente. En el caso de las inundaciones, el Inuncyl. «¿Qué significa activar el plan? Que hay grupos dentro de ese plan que son muy concretos para las emergencias que se están produciendo. En el caso de una inundación se activaría la Dirección General de Carreteras, lo pondríamos en conocimiento de los ayuntamientos para activar a los bomberos de toda la comunidad, a los agentes forestales. También a Servicios Sociales, por las posibles residencias o centros de mayores y de jóvenes que pueden inundarse. También estaría Sanidad, tanto por los lugares que se pueden inundar como por el dispositivo que acompañaría a los que van a intervenir directamente en la emergencia», explica Irene Cortés. Se forma el CECOPI y se empiezan a distribuir las tareas.

¿Y si hay que pasar al nivel 2? Se movilizan todos los recursos disponibles en la comunidad autónoma, «hasta agotarlos». Eso incluye la Unidad Militar de Emergencias (UME), que además tiene una base operativa en León. «La UME se puede activar ya desde el nivel uno, aunque normalmente el nivel uno se cubre con los medios de la comunidad y se activa la UME en el nivel dos», aclara la directora general de la Agencia de Protección Civil autonómica.

«Cuando ves que ya no vas a ser capaz de hacerte con todas las consecuencias de esa incidencia, pues se eleva a través del Centro Nacional de Emergencias y se comunica al Estado que queremos que se active la fase tres, de interés nacional, y a partir de ahí el mando lo tomaría la dirección del Estado en el momento que se lo comunicásemos. ¿Qué puede conllevar eso? Puede conllevar que intervenga el Ejército, que intervenga el Cuerpo Nacional de Policía o cualquier otro medio que esté bajo las órdenes de los distintos organismos del Estado», explica Irene Cortés.

En Castilla y León, el incendio de la Sierra de la Culebra habría sido susceptible de alcanzar ese nivel 3, pero no llegó a activarse. La comunidad decidió mantenerse en el nivel 2. Y recibió ayuda de otras comunidades que enviaron sus efectivos de bomberos. Se quemaron 30.000 hectáreas en unas jornadas que vinieron precedidas por avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por las elevadas temperaturas, tras meses de sequía, y la posibilidad de tormentas con aparato eléctrico. Como en las inundaciones de la Comunidad Valenciana, la AEMET acertó en la evaluación del riesgo.

Tras la DANA, algunos vídeos virales han mostrado a niños y jóvenes echando una mano en la distribución de alimentos y agua potable a los vecinos. Llama la atención, pero en Castilla y León son precisamente los estudiantes y los centros de mayores los que más formación reciben para 'autoprotección'. Se engloba dentro de un plan llamado Proteccyl. «Al principio eran dos unidades móviles, dos tráilers como los camiones de Fórmula 1, que se despliegan y dentro tienen aulas para los más jóvenes», explica Irene Cortés. Con juegos, realidad virtual, un 'escape room'... Actividades «en las que se les planteaban diferentes peligros y sabían si acertaban o no dependiendo del resultado».

Pero además se ha puesto el foco en los ayuntamientos de hasta 500 habitantes. Solo entre febrero y octubre de 2023, explicaba la Junta en una nota de prensa, se habían visitado 326 municipios y se había informado a 33.000 personas.

Y aún hay otra pata más en la formación preventiva: las empresas que, por su actividad, pueden comportar riesgos químicos, de propagación de gases... «Ahí eran jornadas técnicas con personal técnico, ingenieros, químicos. Ellos planteaban cómo tenían su cartera de riesgos, el plan de seguridad de la empresa, el plan de emergencia. Algunos lo tenían que renovar y preguntaban cómo incorporar determinadas medidas nuevas».

Por último, la Agencia de Protección Civil establece unos protocolos para coordinarse, en caso de emergencia, con todas las empresas que nutren de servicios fundamentales a los ciudadanos. «Pueden ser empresas de electricidad, de gas», de telefonía y otras infraestructuras básicas, como se ha visto en Valencia, que necesitan reponerse de inmediato. «Con todas y cada una de ellas tenemos protocolos y además simulacros ya probados».