El Gobierno advierte a la Junta: «Absténganse de aprobar el protocolo antiabortista»

El Gobierno de España ha enviado un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que «se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo». Es la respuesta del Ejecutivo ante el anuncio realizado el pasado jueves por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox) de que se implantaría un protocolo «provida» que incluye que los médicos ofrezcan a las embarazadas decididas a abortar escuchar el latido fetal o ver ecografías 4D del feto. Un protocolo que debería entrar en vigor este mismo lunes.

La advertencia del Gobierno va más allá, incluyendo la amenaza de recurrir a los tribunales para frenar la puesta en marcha de estas medidas. «El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir libremente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente», asegura el comunicado.

El anuncio de la Junta ha provocado disensos incluso dentro del tándem de Gobierno. La Consejería de Sanidad, que dirige el PP, tuvo que desdecirse después de haber señalado que no habría cambios en los protocolos actuales, para anunciar que entraría en vigor el lunes.

La reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido contundente. En primer lugar, le pide a la Consejería de Sanidad que «se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida» que vulnere la norma, aprobada por ley orgánica en 2010. Que, «en el caso de haber sido ya adoptada», cese de inmediato «cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto» que obligue al personal sanitario a seguir esas indicaciones de «ofrecer o sugerir a la mujer embarazada [...] la realicación de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico».

El Gobierno se acoge, para respaldar su advertencia, a las evidencias científicas que han aportado, por ejemplo, desde la Sociedad de Ginecología, donde recomiendan las ecografías en las semanas 12, 20 y 30. «También se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas», afirma el Gobierno.

El comunicado del Ejecutivo añade que si no se atiende este requerimiento podría «implementar actuaciones jurídicas adicionales» porque entiende que las medidas anunciadas por García-Gallardo «pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico». Incluso, apunta, «vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales». Concluye que se extralimita de las competencias que tiene transferidas como comunidad autónoma, aunque la gestión de la Sanidad corresponda a la Junta de Castilla y León.

A este respecto coincide con lo que expresó Francisco Igea (Ciudadanos), ex vicepresidente y médico de profesión, al conocer la decisión de la Junta. El procurador naranja registró dos preguntas parlamentarias: «¿Se ha considerado la compatibilidad con el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a las leyes vigentes? ¿Se ha consultado esta variación del protocolo con los servicios de obstetricia de nuestra comunidad?».

Igea ya recordaba que recientemente se ha modificado el Código Penal en su artículo 172. Dice así: «El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días». Y siguiendo esta línea, Francisco Igea pregunta al Ejecutivo autonómico si «¿ha previsto la posibilidad de que los facultativos, o personal sanitario, así como el propio consejero que ofrezca estos servicios pueda resultar denunciado de acuerdo a la nueva redacción del Código Penal?».

El parlamentario de Ciudadanos también recordaba que en Castilla y León solo hay dos hospitales públicos que practican abortos, el de Burgos y el de Aranda de Duero.

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