Sobre las medidas 'provida' del PP y Vox
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La polémica no nace esencialmente de las iniciativas propuestas, sino de su motivación y contexto, netamente ideológicos, en una materia altamente sensible y complejaDel análisis frío de las «medidas sanitarias relacionadas con el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias», anunciadas así este jueves por la Junta de Castilla y León, conviene desgajar dos reflexiones. La primera tiene que ver con el sentido y ... oportunidad de dichas medidas. Puestas en un contexto puramente sanitario, de asistencia psicológica a las madres, la detección y escucha del latido fetal y las ecografías 4D no tendrían por qué representar ningún problema, pues se trata de ofrecer más y mejores servicios públicos a las mujeres embarazadas. Sin embargo, esas medidas no se enmarcan en la actividad propia de la Consejería de Sanidad o la de Familia, sino en el pacto programático para la legislatura de PP y Vox. Por eso las presentó el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. Y por eso a esas tres iniciativas se sumó otra más, la relativa a la objeción de conciencia de los médicos que no desean participar en interrupciones voluntarias de un embarazo –aspecto del todo ajeno al fomento a la natalidad o el apoyo a las familias–. Y todas ellas se enumeraron bajo el paraguas de lo que el propio vicepresidente adjetivó como medidas «provida» durante una rueda de prensa.
Todo eso es lo que, lógicamente, explica la polémica suscitada. Porque la razón está en el motivo que lleva a promover estas medidas, mucho más propias de una agenda de corte antiabortista (que Vox y PP, por cierto, tienen todo el derecho de proponer en sus postulados y propósitos legislativos) que de fomento de la natalidad o de ayuda a las familias. Son cosas diferentes: una cosa son las medidas y otra por qué y para qué se implantan. Por eso Vox y PP deben comprender que las explicaciones de García-Gallardo y Carriedo o párrafos del comunicado de la Junta como el que detalla que la ecografía 4D puede «mostrar en un vídeo en tiempo real una imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto del cuerpo, todas ellas perfectamente identificables y reconocibles para la madre y la familia, favoreciendo así su implicación emocional» sugieran que ese plus asistencial no persiga sobre todo una mejor atención a las familias que desean continuar con la gestación normalmente, sino condicionar y estigmatizar o reprochar la decisión de abortar de aquellas que, libre y legítimamente, deseen hacerlo amparados por la normativa vigente y en ejercicio de sus derechos individuales. En ese sentido, habría que pedir a ambas formaciones que no se muestren condescendientes ni traten de influir ideológicamente, al menos a través de medios públicos, con aquellas personas que decidan provocarse un aborto dentro de los supuestos contemplados por la ley.
La segunda reflexión es mucho más sencilla. Lo presentado este jueves es responsabilidad del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. De todo el Gobierno, no solo de sus cargos adscritos a Vox. Por tanto, es ridículo que después, porque genera confusión y descrédito en nuestro Ejecutivo, algunos cargos del PP, incluso a nivel nacional, se desentiendan de una decisión consensuada, aprobada y defendida por el PP y por Vox solidariamente, en igualdad de condiciones. Lo que hacen y dicen cargos de Vox o del PP en campaña electoral o como parte de sus respectivos cuadros de partido es responsabilidad de cada organización política; lo que hacen como cargos del Ejecutivo autonómico atañe a todos ellos de manera colegiada, sin paliativos, bajo la dirección del presidente como máxima autoridad del Estado en Castilla y León.
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