Patxi López acusa a la Junta de ejercer violencia machista contra las mujeres con su plan antiaborto

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que PP y Vox están «ejerciendo violencia machista contra las mujeres de Castilla y León desde las instituciones» con el protocolo de medidas anunciadas este pasado jueves por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, para las mujeres embarazadas.

En su perfil de Twitter, Patxi López aseguró que lo planteado por García-Gallardo, con atención psicosocial, ecografías en cuatro dimensiones y del latido fetal para las mujeres que se propongan abortar, es una «aberración» y algo «impresentable».

Por ello, el político vasco se preguntó si esto es lo que el «moderado» presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrece a las mujeres de este país.

En la misma red social, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, denunció que el PP está permitiendo que se intimide a las mujeres: «¿o no, Feijóo»?«. Además, apuntó que se protege la maternidad con «derechos laborales, permisos igualitarios y educación de cero a tres años y no »dejando que la ultraderecha recorte la libertad de las mujeres», según las manifestaciones recogidas por la agencia Ical.

También la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la vallisoletana Reyes Maroto, ha criticado estas medidas que, asegura, buscan «intimidar« a las que desean ejercer su derecho al aborto. Tras asistir a la presentación del vídeo 'Seguridad a bordo' de Iberia, que se celebró en Matadero de Madrid, la ministra calificó el protocolo de «ataque intolerable» contra los derechos y libertades de las mujeres. Asimismo, Reyes Maroto ha preguntado qué opina el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre esto y éste es el «coste» que tiene que pagar su partido para seguir gobernando.

Este jueves, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, compareció al término del Consejo de Gobierno para presentar un protocolo dirigido a fomentar la natalidad y el apoyo a la familia, con el que se ofrecerá atención psicosocial preferente para las mujeres embarazadas que se planteen la interrupción de la gestión. Además, el nuevo paquete de medidas incorpora las ecografías en cuatro dimensiones y la posibilidad de escuchar el latido. También, prevén garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, cerrando la puerta, según el vicepresidente, a la elaboración de «listas negras».

El Ministerio de Igualdad calificó de «coacción» la nueva medida antiaborto del Gobierno de Castilla y León que obligará a los médicos a ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido fetal y ver una ecografía 4D antes de que se les practique la interrupción voluntaria del embarazo. Además, en su perfil de Twitter, la ministra Irene Montero cuestionó las políticas en esta materia del Ejecutivo autonómico de Castilla y León. «Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP», añadió.

Fuentes del Ministerio de Igualdad manifestaron que están «profundamente preocupadas» por esta propuesta, medida que aseguran ven como «un retroceso» en un «derecho esencial para las mujeres, el derecho al aborto, que es un hito en la lucha feminista de nuestro país».

Las mismas fuentes denunciaron que «las medidas propuestas por el señor Gallardo podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz».

«Las propuestas planteadas por Vox pueden, en la práctica, suponer coacciones a las mujeres a la hora de poder decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y también a los sanitarios y sanitarias en el ejercicio de sus funciones, y además podrían implicar una desigualdad entre territorios que obligaría a las castellano leonesas a tener que trasladarse muchos kilómetros lejos de sus residencias para ejercer un derecho», denunciaron.

Además, añadieron que la medida «es una reacción machista al avance normativo que significa en España la aprobación en el Congreso el pasado mes de diciembre de la Ley de Salud sexual y reproductiva, una ley que devuelve la capacidad de decidir de forma autónoma a las mujeres de 16 y 17 años, elimina los tres días de reflexión que antes eran obligatorios, y blinda la sanidad pública como referencia para la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad de condiciones en todo el territorio español. Es una norma que además garantiza la educación sexual y la salud menstrual como derecho y que recoge las demandas sociales y de profesionales para garantizar esta conquista».

Desde la Consejería de Sanidad se aclara que el protocolo que se aplica en Castilla y León para la asistencia de las mujeres embarazadas se mantiene igual que estaba hasta ahora. «No hay ningún cambio», desde el departamento de Alejandro Vázquez tras las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, al término del Consejo de Gobierno.

En ese sentido, desde la Consejería de Sanidad, en manos del PP en el ejecutivo de coalición con Vox, insistieron en que el protocolo para las mujeres embarazadas que siguen los profesionales se mantiene en la Comunidad al tiempo que negaron la existencia de «listas negras» de objetores de conciencia, ya que aclararon que es un registro declarativo, no constitutivo, de forma que un sanitario puede ser objetor sin estar inscrito como tal.

De esta forma, desde Sanidad marcaron distancia y matizaron algunas cuestiones expresadas por García-Gallardo, ya que remarcó que la posición de la Consejería se ajusta al cumplimiento del pacto PP y Vox en relación al fomento de la natalidad. «No se crea nada nuevo, se mantiene el protocolo», precisaron.

Así, la asistencia psicosocial planteada por García-Gallardo para las mujeres embarazadas que se planteen abortar, Sanidad indicó que la atención se ofrece a todas las pacientes que lo precisen, sea cual sea su decisión, siempre que la matrona detecte que puede existir un problema de salud mental que deba ser tratado por un psicólogo clínico.

Por tanto, las ecografías en cuatro dimensiones, que se realizan en todos los hospitales excepto en Segovia y Ávila, se seguirán ofreciendo en el último trimestre del embarazo, pero bajo criterio médico si el ginecólogo determina que esta prueba puede servir para detectar malformaciones o alguna enfermedad, en ningún caso con el objetivo de que la madre pueda ver el rostro del feto.

También, en relación a las ecografías para escuchar el latido del corazón, Sanidad indicó que se mantendrán, pero a partir de la semana 12 de embarazo y bajo petición médica, puesto que al inicio del mismo podría no detectarse pese a tener un positivo en un test.

En el pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León, el rechazo a este protocolo fue patente y manifiesto en las bancadas del PSOE y el grupo mixto. Mientras que el procurador de Unidad Podemos, Pablo Fernández, tildó estas medidas de «una absoluta vergüenza», el socialista Luis Tudanca afirmó que con ellas se pretende «coaccionar» a las mujeres que deciden interrumpir su gestación y «dificultar» el ejercicio de este derecho. En los pasillos de las Cortes, tras el pleno extraordinario en el que se tomó en consideración la proposición de ley de Medidas Tributarias, Tudanca aseguró que se vuelve a producir un «ataque intolerable» a los derechos y libertades de las mujeres. «Es inaudito», dijo en declaraciones recogidas por Ical.

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