Castilla y León

Las Cortes abordarán la incompatibilidad de sus políticos para impedir casos 'De la Hoz'

Es la reacción al caso de la doble retribución del que fuera portavoz del PP, Raúl de la Hoz, conocida tras su llegada en julio al Europarlamento, donde tuvo que hacer públicas sus actividades profesionales. Un informe jurídico culminado en noviembre sobre si disfrutar de una «dedicación exclusiva» en las Cortes es incompatible con ejercer otras actividades concluye que la ausencia de esa regulación permite que, a diferencia de otros parlamentos, los procuradores de Castilla y León puedan desarrollar libremente cualquier actividad, con o sin dedicación exclusiva y nómina de las Cortes, sin someterse a regla alguna ni que se evalúe su caso por si existe un conflicto de intereses.

La Mesa de las Cortes, con representantes de Vox, PP y PSOE, decidió hace unos días poner en marcha un grupo de trabajo encabezado por el presidente Carlos Pollán (Vox) y en el que se sentaría los otros cinco miembros de ese órgano parlamentario y representantes de los grupos políticos. Será Pollán quien llame a todos ellos. Sobre ese grupo aún no tenían noticias esta semana portavoces de las formaciones que no están en la Mesa. Esto es así un mes después de disponer del informe que expone con claridad la existencia de un vacío legal y dos semanas después de que el PSOE reclamara la convocatoria de la Comisión de Reglamento.

El análisis jurídico aportado por los letrados de la Cámara indica que el artículo sobre incompatibilidades del Reglamento de las Cortes está sin desarrollar. «La Mesa de las Cortes, en función de las necesidades parlamentarias, determinará el grado de dedicación de sus miembros fijando su régimen de retribuciones e incompatibilidades. En todo caso, el Presidente tendrá dedicación exclusiva», recoge el artículo 31.1 de ese Reglamento.

De los 81 procuradores que conforman en este momento el hemiciclo, hay 22 que perciben retribución pagada por las Cortes por su labor en exclusiva al parlamento. Todos ellos registran al inicio de legislatura una declaración de bienes y actividad, pero dar publicidad a este documento es, en las Cortes de Castilla y León, voluntario. Un importante número no lo hace (del PP y de Vox). De los 22 que cobran sueldo, once mantienen en secreto esa declaración: todos los populares, Fátima Pinacho y Juan García-Gallardo (Vox) y Pablo Fernández (Unidas Podemos).

Fuentes parlamentarias explican que ese artículo 31.1 puede desarrollarse desde la Mesa de las Cortes, por medio de una 'ampliación' externa que no toque el Reglamento o abriendo una reforma formal de este último. La 'ampliación' estaría en el ámbito de la Mesa de las Cortes, con el presidente batuta en mano. De ahí el grupo de trabajo en el que Pollán querría abrir esa regulación de incompatibilidades al parecer del resto de los grupos políticos. El riesgo de esta opción del grupo de trabajo es que se diluya en el calendario, con reuniones y peticiones de informes (que también se dilaten, el de incompatibilidades que está en el origen de todo esto tardó más de tres años) sobre un asunto que han regulado de forma general la práctica totalidad de los parlamentos.

La otra vía, que implica la modificación del Reglamento a través de una comisión oficial de las Cortes y que requiere trabajar sobre una proposición de ley tampoco está libre del peligro de eternizarse. En la legislatura de 2015 a 2019, con Silvia Clemente como presidenta, se impulsó una reforma exprés para dar cabida en la Mesa de las Cortes a Podemos, una vez que había entrado Ciudadanos, con lo que se amplió de cinco a seis los miembros ese órgano.

Esta mini reforma fue muy rápida, pero la anterior, que en 2005 actualizó de inicio a fin el texto que recoge las reglas del juego parlamentario en las Cortes de Castilla y León se demoró por espacio de más de siete años. Si una vez que se abre la reforma para desarrollar el artículo de las incompatibilidades se sumaran otras cuestiones, podría imponerse ese escenario 'sine die', de enredo con el calendario, y dilatarse en el tiempo la aplicación efectiva de un régimen de incompatibilidades que establezca qué actividades se les permiten a los procuradores son sueldo y cuáles no y qué rige en el caso de los procuradores sin sueldo y que mantienen su ocupación ante un posible conflicto de intereses.