Castilla y León

Las Cortes no descartan más procuradores como De la Hoz con doble sueldo

Así la cosas, ha resultado que las instituciones europeas son más minuciosas con las obligaciones de transparencia de sus cargos políticos que las de Castilla y León, porque ha trascendido esa doble remuneración del dirigente del PP sólo cuando se ha publicado en Bruselas su declaración de actividades profesionales y remuneración, algo que no era público durante los últimos años como procurador autonómico (en otras etapas de sus 25 años en el escaño regional sí lo fue) porque Raúl de la Hoz no había dado autorización a las Cortes.

No hay fiscalización interna del contenido de las declaraciones de actividades y bienes que presentan los políticos, más allá de constatar que estos cumplen con el trámite. Una presentación a la que están obligados los procuradores de las Cortes de Castilla y León y cuyo plazo de registro incumplieron muchos de ellos al inicio de esta legislatura, hasta el punto de requerir el aviso de los servicios de la Cámara.

Fuentes oficiales de la institución que preside el dirigente de Vox Carlos Pollán explican que los 81 procuradores que resultaron elegidos en febrero de 2022 y los 14 que se han ido incorporando después por las bajas que se han producido en el hemiciclo autonómico rellenan un formulario tipo en el que informan de sus actividades profesionales y de sus bienes, que este escrito tiene la consideración de «declaración responsable» y que cada político se hace cargo, al firmarlo, de la «veracidad» de los datos que incluyen en unos documentos que quedan custodiados por el letrado mayor, en calidad de secretario general de la Cortes, en el Registro de Intereses.

¿Hay un control sobre el contenido de estas declaraciones responsables? La respuesta es que no lo hay a nivel oficial, situación en la que quedan todas aquellas declaraciones de procuradores que se niegan a hacerlas públicas en la página web de las Cortes. Los que sí dan autorización exponen su actividad profesional y su patrimonio al escrutinio general, por lo que serían comprobables posibles errores o falsedades.

¿La declaración que registró Raúl de la Hoz en las Cortes de Castilla y León y que no autorizó a hacer pública incluía entre las actividades la de asesoramiento jurídico remunerado que 'afloró' en Bruselas? Es otra pregunta que no contestan fuentes oficiales de las Cortes. Apelan para ello a la Ley de Protección de Datos e invitan a solicitar la información formalmente por el Registro de la Cámara, con un escrito argumentando las razones por las que se pide, que será luego valorado por los miembros de la Mesa de las Cortes para decidir si prima el derecho de información sobre un cargo público o el derecho a la privacidad del dirigente político.

Sobre la posible existencia de más casos 'De la Hoz', la secretaria general del Grupo Socialista, Rosa Rubio, subrayó el jueves que ningún parlamentario del PSOE con sueldo recibía remuneración de actividades privadas. Su equivalente en Vox, David Hierro, descarta también dobles retribuciones entre los cuatro 'liberados' de su formación. Carlos Menéndez, portavoz hasta la ruptura del pacto con el PP, es abogado en Salamanca y comparte bufete con otros socios, pero Hierro remarca que su compañero se apartó de esta actividad en cuanto se le encomendaron las tareas de parlamentario a tiempo completo.

En el PP no hay aún respuesta a esa pregunta sobre si algún procurador en nómina laboral de las Cortes percibe otros emolumentos por actividades privadas.

El doble cobro de remuneraciones por parte de Raúl de la Hoz, procurador con dedicación exclusiva en las Cortes, no es ilegal, porque los sucesivos responsables del parlamento de Castilla y León no han desarrollado el artículo del Reglamento que abordar las posibles incompatibilidades y el riesgo de conflicto de intereses entre la actividad parlamentaria de los procuradores y su profesión o negocios privados. Así lo recoge un informe de los Servicios Jurídicos de las Cortes que s ha hecho espera más de tres años. Fue solicitado en abril de 2021, con Raúl de la Hoz en el cargo de portavoz del PP, y se ha entregado el 15 de noviembre pasado, con el dirigente popular ya a pleno rendimiento entre Bruselas y Estrasburgo. Existe, por tanto, un vacío legal único en los parlamentos españoles, tal y como constata un informe demorado durante más de tres años.

Fuentes de la Presidencia de las Cortes refirieron este viernes que cualquier cuestión sobre el contenido de la declaración de un parlamentario debería dirimirse en la Comisión de Procuradores, que esta legislatura se ha reunido por los incidentes en los plenos cuando Juan García-Gallardo era vicepresidente de la Junta, con el PP y Vox descartando sanciones al ahora portavoz de los ultraconservadores, pero no ha abordado cuestión alguna sobre incompatibilidades ni de Raúl de la Hoz ni de cualquier otro procurador.

El Grupo Socialista ha solicitado formalmente la reunión de la Comisión de Reglamento para solucionar ese agujero en la regulación de las incompatibilidades de los parlamentarios de Castilla y León que destaca el informe jurídico. Desde el entorno de Carlos Pollán, que es quien preside las Cortes y esta comisión, apuntan que se va a convocar, pero no dan fechas. Tampoco hay pronunciamiento oficial sobre el fondo del asunto, la puesta en marcha de un régimen de incompatibilidades. Entienden desde el equipo de Pollán que eso dependerá de los grupos políticos.

En la bancada a la que pertenece el presidente de las Cortes de Castilla y León, máximo responsable de la dirección de la Cámara, avanzan que van a solicitar un informe a los letrados para ver cómo se regulan las incompatibilidades en otros parlamentos. David Hierro, secretario general del grupo parlamentario y portavoz adjunto de Vox, reconoce la necesidad de «solucionar» el «déficit» detectado por los servicios jurídicos en el control del riesgo de incurrir en incompatibilidades.

«Somos partidarios de tratar estas cosas de forma seria, fundamentalmente técnica», insiste Hierro en referencia al futuro informe, que debe abordar la situación de los 23 procuradores con «dedicación exclusiva», pero también los conflictos de intereses en los que pueden caer el resto de parlamentarios que siguen trabajando en su ocupación habitual y compaginan ese tajo con el escaño.