Castilla y León

Once políticos con sueldo en las Cortes mantienen en secreto su declaración de bienes

Esa falta de autorización hace imposible comprobar en esos once casos si la «dedicación exclusiva» por la que reciben sueldo de las Cortes responde a la literalidad de la expresión o si, como en el caso del exportavoz popular Raúl de la Hoz, que además de una retribución de la institución cercana a los 100.000 euros brutos anuales percibía otros 40.000 de un bufete privado, pueden estar desarrollando una actividad privada por la que reciben una doble retribución. De la Hoz tampoco había autorizado a las Cortes a publicar sus datos profesionales y de patrimonio y fue cuando se publicó el extracto de su declaración como eurodiputado en Bruselas cuando afloró esa doble retribución. Algo que no es ilegal, porque el Parlamento autonómico de Castilla y León funciona a estos efectos con un vacío legal por falta de regulación sobre las actividades que son incompatibles con el ejercicio de la labor política ante el riesgo de incurrir en conflictos de intereses. Ese 'hueco' en la regulación queda constatado tras el informe jurídico que ha efectuado uno de los letrados de la Cámara.

De los actuales 23 parlamentarios son sueldos que oscilan en los 95.551 y los 99.871 euros brutos anuales (cantidad que sale de sumar a una nómina de 78.271 euros anuales cuantías mensuales de 1.800 o 1.400 euros para gastos que ni tributan ni hay que justificar), es imposible comprobar la declaración de bienes y actividad de todos los procuradores 'liberados' por el grupo popular, incluidos los dos que forman parte de la Mesa de las Cortes: el vicepresidente primero Francisco Vázquez y la secretaria segunda Rosa Esteban. A ellos se suman como compañeros de bancada del PP con sueldo parlamentario el sustituto de De la Hoz en labores de portavoz, Ricardo Gavilanes, y Mercedes Cófreces, Miguel Ángel García Nieto, Pedro Antonio Heras, Inmaculada Ranedo y Óscar Reguera, que desempeñan trabajos de dirección en el grupo parlamentario.

Tampoco es accesible la declaración de actividades y bienes de Fátima Pinacho, secretaria tercera de la Mesa de las Cortes y procuradora de Vox, así como la de Pablo Fernández, portavoz del Grupo Mixto, y la de Juan García-Gallardo Frings, que se hizo cargo de la portavocía de Vox este verano, tras la ruptura del pacto de gobierno con el PP. En este último caso, esa documentación profesional y financiera de García-Gallardo ha sido de acceso público en su etapa como vicepresidente de la Junta y desde el grupo parlamentario achacan a un «lapsus» que no lo sea en las Cortes, error que apuntaron que iban a corregir. «He autorizado verbalmente y por correo varias veces su publicación, pero me requieren un escrito formal que no he enviado. No son normal 58 trámites cuando el interesado da la autorización», remarca el procurador que representa a Unidas Podemos.

Los parlamentarios con sueldo de las Cortes por su dedicación exclusiva al escaño que sí permiten consultar su declaración de bienes y actividad son el presidente, Carlos Pollán, de Vox; la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y el secretario primero, Diego Moreno, ambos del PSOE. A ellos se suman todos los procuradores con nómina parlamentaria del PSOE, en una dirección de grupo que encabeza como portavoz Luis Tudanca y completan como secretaria general y portavoces Rosa Rubio, Patricia Gómez Urban, Yolanda Sacristán, José Luis Vázquez y Consolación Pablos Labajo. En la bancada de Vox completan el trío de parlamentarios 'liberados' Carlos Menéndez y David Hierro, ambos con esa documentación sobre su situación profesional y patrimonial accesible al público. También lo son las declaraciones de bienes y actividad de Ángel Ceña, de Soria ¡YA!, y de Luis Mariano Santos, de UPL.

Hasta ahí la situación sobre el ejercicio de transparencia, que es voluntario en las Cortes de Castilla y León, de los 23 procuradores con nómina pública de los que en la mañana de este viernes había 11 con el acceso a sus declaraciones de actividad y bienes capado y el sello de 'secreto' sobre esos documentos.

Un repaso procurador a procurador de las fichas parlamentarias arroja que en la disponibilidad de la documentación sobre actividad profesional y bienes patrimoniales y económicos, dentro de la voluntariedad, pesa el grupo al que pertenecen los parlamentarios. Esas declaraciones son públicas en el caso de los 28 representantes del PSOE y de los seis que suman los leonesistas y sorianos de UPL y Soria ¡Ya! También se pueden consultar con facilidad las de Francisco Igea y el abulense Pedro Pascual.

En el grupo parlamentario de Vox, han dado permiso para publicar su documentación Ignacio Sicilia y Miguel Suárez Arca. En la vertiente opaca se sitúan, además de Fátima Pinacho, Rebeca Arroyo, Susana Suárez, Luisa Calvo, José Antonio Palomo, Ana Rosa Hernando y Javier Teira.

En el caso del PP, la pauta que prima sobre esta práctica de transparencia es la no autorización. Esa es la opción que han elegido la mayor parte de sus 31 procuradores, entre los que destacan todos los que reciben mensualmente el ingreso de una nómina por parte de las Cortes. Son excepción y permiten consultar esa documentación Ramiro Ruiz Medrano y Pablo Trillo-Figueroa, Jaime Antonio Mendoza, Emilio José Berzosa, Juan Jesús Blanco, Raúl Hernández y José María Sánchez. Todos ellos son procuradores sin 'liberación' económica, que forman parte del contingente de alrededor de 50 parlamentarios que compaginan el escaño con su trabajo o profesión y perciben dietas por asistencias y kilometraje por acudir a plenos y comisiones. Dinero que también cobran el presidente de la Junta y los consejeros que son procuradores.

También son consultables las del presidente de la Junta y del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Fernández Mañueco, y las de la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, y los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Todos ellos comparten la doble condición de ser miembros del Gobierno autonómico y procuradores de la bancada del PP. Lo es también el titular de Sanidad, Alejandro Vázquez, que ocupa uno de los escaños burgaleses. El responsable sanitario no ha hecho pública su declaración de actividad y bienes en la página web de las Cortes, pero este documento sí es de consulta sencilla en el portal digital de la Junta, una práctica de transparencia que los miembros del Gobierno autonómico aplican por norma. A diferencia de los de las Cortes.

Este periódico ha vuelto a ofrecer a Raúl de la Hoz la posibilidad de hacer una valoración. Sin respuesta. También ha intentado recabar información del Grupo Parlamentario Popular sobre esa situación de doble retribución y la falta de regulación de las incompatibilidades en las Cortes de Castilla y León, hasta el momento sin éxito.