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Castilla y León debe, según fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, 13.506 millones de euros. De esa cantidad, 1.966 se adeudan al Estado, del que se obtuvo financiación a través del Fondo para la Facilidad Financiera -no del FLA (Fondo de ... Liquidez Autonómica), matiz que añaden porque en ese caso, como ocurre con Cataluña, firmar las facturas requeriría de un permiso estatal)-. El resto, 11.540 millones, se adeudan a entidades financieras. A los mercados.
En 2023, la comunidad abonará 1.317 millones de capital y 252 millones de intereses por toda la deuda contraída, tanto a los mercados como al Estado. De esa cantidad, 191 millones serán para rebajar el capital prestado por el Estado y 8,9 millones para satisfacer los intereses.
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Antonio G. Encinas
La enorme diferencia entre Cataluña y Castilla y León, en cuanto al origen de la deuda, tiene sus raíces muchos años atrás. Castilla y León, ya en tiempos de Juan Vicente Herrera, contaba con una buena calificación de su capacidad de endeudamiento. Otras comunidades, especialmente Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, no se encontraban en esa situación, sino en la contraria. No hallaban financiador en los mercados. Así que el Gobierno creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para que pudieran financiarse. Castilla y León decidió no acudir al FLA porque los tipos de interés eran superiores a los que podía encontrar fuera. Y entonces Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, trató de poner en marcha otra especie de amnistía financiera de la que se podían beneficiar la Cataluña de Artur Mas (CiU) y también la Castilla La Mancha de María Dolores de Cospedal (PP). Pero no Castilla y León. La frase del portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, fue: «Tendría gracia que se beneficiara a las incumplidoras y no a las que hemos cumplido. En Castilla y León somos solidarios, pero no tontos».
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Incluso se dio la circunstancia de que el Gobierno de Herrera, vistas las condiciones de los tipos de interés, llegó a contratar deuda fuera para amortizar la que tenía pendiente con el Estado, contratada a más interés. Pilar del Olmo, consejera entonces, criticó la posición del Gobierno de Mariano Rajoy en todo este asunto, incluso en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se trató la posible rebaja a las comunidades autónomas más endeudadas. Una forma de discutir el tema, dentro del Consejo, que ahora exige la Junta al Gobierno de Pedro Sánchez. Luis Tudanca, secretario autonómico del PSOE ya entonces, aseguró en enero de 2015 que el enfado del Ejecutivo autonómico era «mera apariencia», «un paripé», y reclamó a Juan Vicente Herrera que exigiera «compensaciones suficientes» al Gobierno de Rajoy.
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