Los tres argumentos de la Junta de Castilla y León contra la amnistía financiera a Cataluña
El Gobierno autonómico considera que aceptar la rebaja con los criterios fijados sería perjudicial de cara a la futura reforma del sistema de financiación territorial
El PP de Castilla y León ha encontrado el leit motiv adecuado para plantar cara a Pedro Sánchez y, por extensión, al PSOE autonómico: ... la amnistía financiera a Cataluña. Esos 15.000 millones de euros que suponen el 20% de la deuda catalana con el Estado y que Oriol Junqueras resumió en términos microeconómicos comprensibles: 2.000 euros para cada catalán. La estrategia de combatir las cifras con las cifras le corresponde al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que ha compuesto un argumentario que va mucho más allá de la oposición política al perdón a Carles Puigdemont y demás actores del 1-O de 2017.
1. El criterio utilizado y su repercusión en la futura financiación autonómica. Hace mucho tiempo que se reclama un cambio en el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Un bando pide que se priorice la población de cada territorio. Otro, en el que se encuentra Castilla y León, que habla de «coste efectivo de los servicios». Esto es: es mucho más caro prestar el servicio de transporte escolar en un paisaje tan disperso geográficamente como el de Castilla y León. Las 2.046 rutas para trasladar diariamente a 35.500 alumnos suponen 54 millones al año. Las 600 rutas con las que Madrid desplaza a 27.000 alumnos cuestan son mucho más baratas. Si Castilla y León acepta el cálculo expuesto por Oriol Junqueras (ERC), y pide también 2.000 euros por castellano y leonés en condonación de deuda, estaría reclamando 4.600 millones, mucho más de lo que debe al Estado (1.966 millones), pero también supondría que acepta ese criterio de financiación por habitante, que beneficie a Cataluña, Comunidad Valenciana o Comunidad de Madrid, mucho menos extensas y más pobladas, pero que perjudica a Castilla y León, Extremadura o Castilla La Mancha. Por eso la Junta ha decidido no entrar siquiera en lo que Alfonso Fernández Mañueco calificó como «subasta».
2. Castigo a los que menos se endeudan. Castilla y León debe menos al Estado que otras comunidades autónomas. De hecho, ninguna debe tanto como Cataluña. Comunidad Valenciana y Andalucía son las siguientes. Y a una distancia sideral se encuentran todas las demás, que sumadas no alcanzan a las dos más endeudadas. «Castilla y León está entre las comunidades autónomas menos endeudadas de toda España, casi 3 puntos inferior, sobre el PIB, a la media de las comunidades autónomas de toda España. Hemos cumplido los objetivos en materia de déficit y hemos sido un territorio moderado en materia de endeudamiento», ha explicado Fernández Carriedo. Hace diez años, la deuda de Cataluña con el Estado era de 21.726 millones de euros y la de Castilla y León, 1.051 millones. En esa década, Cataluña ha pasado a deber 73.110 millones y Castilla y León, 1.966. El porcentaje de deuda sobre el Producto Interior Bruto de cada territorio ha hecho, además, que Cataluña no pudiera recurrir a otras fuentes de financiación, como sí ha hecho Castilla y León. «Nos hemos podido endeudar en los mercados y eso es bueno también para España. Otras comunidades autónomas no han podido hacerlo y han tenido que financiarse a través del préstamo que les ha dado el Estado», incidía el consejero de Economía y Hacienda.
3. Los 15.000 millones no se evaporan, se comparten. Que el Estado condone quince mil millones de euros de deuda a una comunidad autónoma no quiere decir, explica Carriedo, que la deuda desaparezca. Es una deuda y como tal habrá que pagarla, pero se compartirá. Esto es, que se repartirá entre el grueso de los españoles. «Sería injusto que se pusieran 15.000 millones para dárselos a los separatistas y que se haga de forma que haya que pagarlo por el conjunto de los españoles, porque esa deuda no desaparece, la asumimos todos», señala Carriedo. Cada castellano y leonés debe, según los datos del Banco de España tras el segundo trimestre de 2023, 5.663 euros. Cada catalán, 10.881 euros.
El consejero de Economía y Hacienda iba a remitir este mismo lunes por la mañana al Gobierno la petición de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la posible condonación de la deuda a Cataluña, sus repercusiones para el resto de los territorios y la necesidad de reformar, con consenso, el sistema de financiación autonómica. Este órgano no se reúne desde el año pasado. «No puede ser que se pacte en un ámbito una decisión que afecta a todos y que esta decisión que es beneficiosa solo para algunos se nos imponga al resto», insistió Carlos Fernández Carriedo.
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