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Castilla y León mantiene la tendencia de hace años en cuanto a gasto social en el marco nacional. Su apuesta, y necesidades, es alta en ... Sanidad, algo que le adelanta puestos en la lista española hasta situarla casi en cabeza, pero adolece de inversión en Servicios Sociales y, sobre todo, en Educación. Fue así en informes anteriores y el nuevo, que se cierra con datos de 2023, arroja similar tendencia.
Castilla y León se situó en el pasado ejercicio como la sexta comunidad del país con la mayor inversión en políticas sociales, es decir, lo que destina a Sanidad, Educación y Servicios Sociales por habitante, con 3.504 euros, por encima de los 3.124 euros de media en España y solo por detrás de Navarra (4.161 euros) y País Vasco (4.079 euros), además de Extremadura (3.960 euros), Asturias (3.681 euros) y Cantabria (3.546 euros), según el nuevo informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En el repaso global, la región se posiciona bien. El 65,47% del presupuesto paga estas facturas y crece desde 2013 hasta 2023 un 29,57% (1.905 euros por habitante),lo que supone un 1% más que la media nacional y la sitúa en el duodécimo lugar del país en esta evolución económica, bastante hacia el final. Y es el gasto en asistencia sanitaria, en una comunidad donde el envejecimiento con su alta frecuentación y pluripatología y la dispersión geográfica que dificulta dar cobertura, el que más se dispara y el que eleva el resultado en su conjunto. Crece desde 2009 un 36%, la quinta que más aumenta con 1.184,96 millones de euros (594 por persona) lo que la adelanta a una tercera posición.
Sin embargo, la comunidad registra una triste evolución en Educación. No solamente porque entre 2009 y 2023 solo aumenta el 16,94%, únicamente por delante de Galicia y Castilla-La Mancha con un aumento en 367,8 millones (la coloca en un término medio, en una octava posición) sino porque el crecimiento por habitante es también muy bajo, de 213,9 euros; así como lo dedicado a cada habitante (1.065) inferior a la media española de 1.081. Ambos datos la posicionan en noveno lugar; lo que implica que no se debe solo a un descenso del número de estudiantes, no llega a dedicar el 20% del presupuesto a estas políticas.
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Y, en Servicios Sociales, tampoco se equilibra el balance al registrar, desde 2009, un incremento de solamente el 45,89%. Hay doce autonomías con mejor evolución y, además, se queda muy por debajo de una media nacional que crece un 64%. Dedica el 8,8% de su presupuesto a estas políticas frente al 7,6% de una media nacional que tiene a Baleares a la cola con un 5,3% y en el que la región ocupa el quinto lugar con un gasto por habitante de 470,5 euros.
Este observatorio de los gerentes de la asistencia social lamenta que solamente uno de cada diez euros de aumento de los presupuestos autonómicos del año pasado se destinara a estas políticas. Y precisó que, año tras año, las comunidades destinan menos porcentaje a ello. Así si en 2010 eran dos de cada tres euros, en 2023 se ha reducido en nueve puntos porcentuales la cantidad destinada a estos tres ámbitos. Una tendencia que, añade la asociación estatal, se agudizó el ejercicio anterior, donde se produjo un fuerte incremento de los presupuestos autonómicos (de más de 15.469 millones de euros) y, sin embargo, solo el 12,5% esta cantidad (1.946,6 millones) se destinó a políticas sociales.
Esta organización destaca que el mayor aumento ha sido en el pago de la deuda, multiplicándose casi por cinco su coste total y aumentando en 704,9 euros por habitante, limitando así la capacidad para incrementar el gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, que aumentaron apenas un 23,2%, con 589 euros. Desde 2020, cuando alcanzó su nivel más alto (1.163 euros por habitante), no ha dejado de descender hasta lo 854 euros del año pasado.
No obstante, precisa que para valorar lo que supone el coste de la deuda y su impacto en gasto social, bastaría con decir que en 2009 fue únicamente de 149,4 euros, mientras que a servicios sociales se destinaron 257,9 euros. Sin embargo, en 2023 el coste de la deuda fue de 854,3 euros por habitante, mientras se destinaron 407,2 euros, menos de la mitad. «Por lo tanto, si en 2023 se hubiera mantenido el coste de la deuda que existía en 2009, con ese ahorro se podría haber duplicado el gasto en servicios sociales, incluida la atención a la dependencia».
La Junta de Castilla y León reiteró ayer su apuesta «decidida» por las políticas sociales y el bienestar al liderar la inversión en Sanidad y tener «buenas posiciones» en Servicios Sociales y Educación, tras conocer el último informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales. Además de recordar la ley que «blinda» los servicios públicos esenciales recién aprobada, el Gobierno autonómico se congratuló con que el estudio coloque a la comunidad a la cabeza de todas las autonomías en cuanto a inversión total sobre el presupuesto en políticas sociales en 2023. Y en cuanto a los peores resultados, en Educación, destaca que, sin embargo, los resultados de su sistema educativo reflejan un uso «más que eficiente» y recuerda que en una comunidad con un marcado carácter rural y dispersión geográfica, se han conseguido resultados «históricos» en el último Informe Pisa, al ser líder en Matemáticas, Ciencias y Lectura, y se ha colocado a la cabeza del resto de los territorios de España.
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