Más dinero para las comunidades, pero con tabúes como Cataluña o la reforma del sistema de financiación, silenciados. Y sin demasiadas concreciones. Por ejemplo, nada de cuánto se calcula que se condonaría al resto de los territorios si se aplica el mismo criterio que con ... Cataluña, ni de cómo se compensa a aquellas que no tienen deuda con el Estado o la tienen en un porcentaje muy distinto. Es el caso de Castilla y León, que debe a España un 15% de su deuda total, mientras que Cataluña adeuda un 85% de sus números rojos al Estado. La conclusión del consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, es que «no se ha aclarado nada de los temas importantes». Entendiendo por importante todo aquello que va más allá de los números más inminentes, que dicen que habrá 154.000 millones para distribuir entre las comunidades autónomas del régimen común, 20.000 millones más que el año pasado. Porque se ha recaudado más, también efecto de la inflación, y se ha liquidado el ejercicio de 2022.
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Primer punto de lo que Castilla y León, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP y algún consejero del PSOE, consideran importante: Cataluña. Para empezar, ni la consejera del ramo en la Generalitat ni el consejero vasco acudieron a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según recogía La Vanguardia, Natalia Mas había explicado que el pacto de investidura entre ERC, Junts y el PSOE ha posibilitado una negociación bilateral Cataluña-Gobierno, «la vía real para luchar por los recursos» que pide la comunidad presidida por Pere Aragonés. «Nos vamos con la sensación de que ha cumplido el trámite, pero no se ha avanzado nada. Y por el contrario sí hay avances en otros foros», lamentaba Fernández Carriedo a este respecto.
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El segundo punto de lo que los territorios creen importante es la reforma de un sistema de financiación autonómica que se debería haber revisado ya hace años y que no tiene a nadie contento. «Hemos insistido en que se hable de ello y la ministra ha dado contestaciones muy imprecisas. Que es difícil poner de acuerdo a las comunidades autónomas, que mejor a través de los partidos políticos…», relataba el consejero castellano y leonés. Demorar la cuestión no la simplifica. Al contrario. Hay dos grandes bloques con posturas enfrentadas. Por un lado, los que apelan a un criterio demográfico para reclamar más financiación. Madrid o Comunidad Valenciana están en ese frente. Por el otro, los que exigen que la dispersión geográfica o el envejecimiento de la población sean criterios preferentes a la hora de distribuir los fondos. En ese bando está Castilla y León (PP-Vox) y, junto a ella, cinco comunidades que firmaron un acuerdo en ese sentido hace dos años, cuando todas ellas estaban gobernadas por el PSOE: Aragón, Extremadura, La Rioja, Cantabria (en coalición con PRC, de Miguel Ángel Revilla), Asturias y Castilla La Mancha. Estas son las últimas que quedan en manos socialistas. Y a ellas se suma Galicia (PP). Los cambios de gobiernos no han propiciado cambios de opinión en ese sentido. Aquí Fernández Carriedo saca el capote. «Pensamos igual que Madrid en cuanto a que se debe negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin privilegios para determinados territorios», dice. Aunque admite, evidentemente, que a pesar de partir de las mismas premisas, «las conclusiones son distintas», porque los objetivos de Madrid y Castilla y León son antagónicos.
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El tercer punto relevante es lo concreto. El cuánto, especialmente. Castilla y León apura los plazos para conseguir preparar y aprobar el presupuesto para 2024 y no sabe, por ejemplo, qué ocurrirá con aquellos «estímulos económicos» como el IVA rebajado o los bonos de transporte, que el Gobierno ha anunciado que prorrogará en algunos casos. Las cantidades anunciadas, esos 154.000 millones a repartir, «no restan lo que pudiera derivarse» de continuar con esos estímulos.
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¿Y qué hará Castilla y León con el incremento de fondos recibidos, teniendo en cuenta que el déficit tendrá que limitarse al 0,1% porque vuelven las temidas reglas de gasto? Pues gastarlo en las tres grandes áreas. «En nuestro caso es para financiar los servicios públicos y sociales, sanidad, educación y servicios sociales. Tenemos un problema de financiación de servicios públicos, no es de deuda, por eso el modelo que puede interesar a Cataluña, de reducir deuda, no es adecuado para nosotros».
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