![Castilla y León incrementa su superávit, que en septiembre alcanza los 283 millones](https://s3.ppllstatics.com/elnortedecastilla/www/multimedia/2023/12/06/_08MAX202306609540-kE1G-U210928112295MxC-1200x840@El%20Norte.jpg)
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A falta de tres meses para concluir el año, Castilla y León presenta un supérávit presupuestario de 283 millones de euros, equivalente al 0,40% de su Producto Interior Bruto. El año pasado por esas fechas tenía un déficit de 253 millones, el 0,39% ... del PIB. La comunidad tiene así margen de gasto para la recta final del año, más teniendo en cuenta que el objetivo fijado por el Gobierno para el cierre del ejercicio otorga a las autonomías la posibilidad de registrar un déficit del 0,3% del PIB.
El conjunto de autonomías presentan un déficit a finales de septiembre de 2023 de 509 millones, lo que equivale al 0,03% del PIB, frente al déficit del 0,46% del mismo periodo del año anterior. Este resultado, según explica el Ministerio de Hacienda y Función Pública, obedece a un aumento de los gastos del 2,2%, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 5,8%. Seis comunidades tienen necesidades de financiación (la que más en términos absolutos es la C. Valenciana, con 1.119 millones, mientras que en comparación relativa es Murcia, con el 1,05% de su PIB) y las otras once arrojan capacidad positiva (encabezadas por Canarias, con 772 millones de superávit, el 1,49% de su PIB).
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Ángel Blanco Escalona
La comunidad cerró 2022 con un déficit del 1,12% del PIB, superior al 0,135 del ejercicio previo. En los últimos años solo ha registrado superávit en 2020, cuando presentó una capacidad de financiación del 0,56%.
El proceso de saneamiento de las cuentas se sustenta en que los impuestos han crecido un 15,4% con carácter general; las transferencias recibidas por el sistema de financiación crecen un 11,1%; y las transferencias sociales en especie (gasto en conciertos educativos, en farmacia y en conciertos de asistencia) se elevan en un 5,3%. Estos incrementos compensan los que también se han producido en remuneración de asalariados, que crece un 6,9%; y en prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie, que suponen un 9,6% más. Los intereses aumentan un 44,1%, mientras que las subvenciones registran un descenso del 0,8% respecto a finales de septiembre de 2022.
Hasta el pasado noviembre, Hacienda ha pagado 113.076 millones de euros a las comunidades autónomas en concepto de entregas, un 11% más que en 2022. A Castilla y León le han llegado por esta vía 6.931 millones, el 10,2% más que en el mismo periodo del año anterior.
El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta. A esas cifras, fruto de la estimación de ingresos fiscales en función de las previsiones económicas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, se suman las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global y de la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
Hasta octubre, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 1,37% del PIB, lo que supone un descenso respecto al 1,58% del mismo periodo del año pasado. De esta forma el déficit se sitúa en 20.053 millones, lo que supone una disminución del 5,7% respecto a octubre de 2022. El déficit está muy afectado por la liquidación definitiva del sistema de financiación de las comunidades autónomas y corporaciones locales correspondiente al ejercicio 2021, practicadas en julio de 2023, lo que supone un aumento de déficit para el Estado de 11.798 millones.
El Plan Presupuestario del Gobierno de España otorga a la Administración Regional permiso para presentar un déficit del 0,3% del PIB este año, tras realizar una corrección con respecto al 0,1% fijado con anterioridad y con el objetivo de dar a las comunidades más capacidad de inversión en políticas claves de su competencia como la sanidad, la educación o los servicios sociales. El documento fija para 2024 un objetivo del 0,1%.
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