Castilla y León debería quintuplicar la inversión en cuidar montes para prevenir incendios

En el incendio de la Sierra de la Culebra se llegaron a quemar 1.269 hectáreas en una hora con una capacidad de expansión rapidísima a la que no es ajena, al igual que en otros incendios de gran magnitud, «la gran carga y continuidad de combustible acumulado durante décadas», resume el colectivo Distrito Forestal en un informe. Su portavoz, Gregorio Montero González, fundador y expresidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, explica que en la Sierra de la Culebra solo la hojarasca de acículas caídas y matorral acumulado debajo del arbolado está en torno 10 o 12 toneladas de materia seca por hectárea. «Esa gran cantidad de biomasa es lo que ha reventado el sistema, pues los medios de extinción no son capaces de echar tanta agua como para enfriarla tan deprisa».

Montero, ingeniero emérito de la Real Academia de Ingeniería de España, advierte de que cada año el potencial de carga combustible crece a un ritmo del 4,5% en los montes arbolados y matorrales. Y que las cortas que se realizan apenas suponen el 29% del crecimiento real, lo que significa que queda un 71% más de madera y leña que es combustible para los fuegos».

En el documento, que se ha enviado a las 17 comunidades autónomas y al Ministerio para la Transición Ecológica, Distrito Forestal cifra en 1.4040 millones de euros el coste de una gestión adecuada para limitar la vulnerabilidad de los montes españoles. La gran carga y continuidad de leña y matorral acumulado durante décadas en el medio natural, la ausencia reiterada de inversiones y una normativa restrictiva propician esa debilidad que da lugar a grandes incendios agravados por el cambio climático, en opinión del colectivo integrado por ingenieros de montes. Un encadenamiento de causas que dificulta la extinción de fuegos, «que cada vez con más frecuencia superan la capacidad de extinción de los medios terrestres y aéreos».

Por ello este colectivo ve necesario habilitar a nivel estatal «una partida presupuestaria urgente estimada en al menos 1.420 millones de euros» para ser transferida a las comunidades autónomas con la finalidad de «poder realizar una gestión forestal sostenible».

En Castilla y León la inversión se situaría en torno a los 220 millones de euros y sería la de mayor cuantía de todo el país al ser la región con mayor superficie forestal con unos cinco millones de hectáreas. Este montante incluye inversiones en tratamientos selvícolas no productivos en montes arbolados de crecimiento lento y en montes desarbolados, con lo que se conseguiría «una ordenación forestal sostenible».

En la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones en las Cortes en julio señaló que este año se han elaborado planes de gestión para un total de 17.435 hectáreas en Castilla y León por valor de 34,7 millones de euros. También declaró que el coste de tratamientos selvícolas estimado es inasumible porque requeriría «10.200 millones de euros de gasto periódico (2.000 euros por hectárea)».

Para Gregorio Montero este cálculo «está mal hecho» porque se aplica una cuantía uniforme para todo el monte cuando, apunta, «unas parcelas necesitan mayor y otras menor intervención, y hay terrenos privados donde los propietarios hacen sus propios tratamientos, y lo mismo sucede con las choperas Además, muchas zonas no precisan un mantenimiento anual sino mucho más espaciado en el tiempo, hay espacios donde solo hay que intervenir dos o tres veces en diez o doce años. El problema es que en este sector se gasta mucho en extinción y poco en prevención».

La Consejería de Medio Ambiente destinó el año pasado 40 millones de euros a tareas de mantenimiento forestal y 30,8 a extinción, una diferencia entre ambos capítulos «más favorable que en otras regiones», en palabras de Javier Ezquerra, coordinador de la Dirección de Patrimonio Natural. Apunta que lo que el consejero Quiñones quiso hacer ver en su comparecencia en las Cortes es que «hay que situar las cosas en su justo término y no podemos tener todos los montes de Castilla yleón como el Campo Grande porque no son jardín».

Sobre la reflexión que propone Distrito Forestal señala que «estamos de acuerdo con la mayor parte de lo que plantean; son gente con mucha experiencia y prestigio, no hablan en balde, pero hay que pensar más allá de la gestión forestal y ampliarla a la del territorio, lo que afecta a ayuntamientos, usos agrícolas y ganaderos, vías de comunicación... El problema es más complejo de lo que normalmente se ve».

Sobre la cantidad de 220 millones anuales que proponen los ingenieros de montes para prevenir incendios en la región, señala que «el tema del coste no es tan relevante, aunque si me dan cien millones de presupuesto en lugar de 40, encantado, ¿dónde está el techo?, no sé decir porque habría que analizarlo con más detalle».

En el análisis de Distrito Forestal son varias las razones que se apuntan para explicar «el polvorín en el que se han convertido nuestros montes». Desde el progresivo abandono del medio rural con la desaparición del consumo de leñas y la ganadería extensiva a la carencia de inversiones en una superficie «poco gestionada. Todo ello en un contexto de cambio climático con incremento de temperaturas y sequías recurrentes que hacen que lo que antes eran incendios que podían llegar a controlarse «tomen magnitudes de tal intensidad que superan la capacidad de extinción de los medios». Gregorio Montero reivindica el papel de la gestión preventiva de los incendios con esta reflexión: «La gradación de la espesura en el tiempo es la madre de la gestión forestal; del mismo modo que se destina dinero a mantener carreteras hay que invertir en el medio natural».