El Gobierno declara zonas catastróficas en Castilla y León por 40 de los incendios de este verano

En el caso de Salamanca, hay siete incendios que recoge la normativa (Villanueva del Conde, Cepeda/Miranda del Castañar, Monsagro, Candelario, Robliza de Cojos, La Fregeneda y Linares de Riofrío), mientras que en Burgos contempla cuatro (Cavia-Buniel, Quintanilla del Coco, Miranda de Ebro y Pineda de la Sierra), tres en Segovia (Honrubia de la Cuesta, Navafría y Riaza) y uno en Valladolid (Castronuño). Palencia y Soria son las únicas provincias de la comunidad sin incendios recogidos en el decreto, según recoge Ical.

El Real Decreto aprobado por el Ejecutivo incluye en un total de quince comunidades autónomas (todas salvo Asturias y Cantabria). Este año está siendo el peor de la última década en siniestros forestales en España, puesto que en lo que va de 2022 se han calcinado casi 230.000 hectáreas -lo que supone casi cuadruplicar la media del último decenio- y se han declarado 50 grandes incendios.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que tuvo acceso Servimedia, desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto este año han quedado arrasadas por el fuego un total de 229.256,97 hectáreas, cuando la media del decenio es de 57.746,00, lo que supone 3,9 veces más respecto al promedio de la última década.

Además, en lo que va de año se han producido 50 grandes incendios forestales (es decir, cuando se queman más de 500 hectáreas), cuando el promedio de la década es de 12. Hubo 30 en 2012, 17 en 2017 y 14 en 2021.

En las 15 comunidad autónomas que abarca el decreto aprobado por el Gobierno se han producido 120 incendios forestales, según indicó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las medidas de recuperación previstas en este acuerdo, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, contemplan ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente por valor de 18.000 euros; por destrucción total de la vivienda habitual hasta una cuantía máxima de 15.120 euros; por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 10.320 euros; por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, hasta el 50 por ciento de su valoración técnica y con un límite de 5.160 euros; por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, para su reposición o reparación, con un límite de 2.580 euros; y por daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, hasta el 50 por ciento de la valoración técnica efectuada por el Consorcio de Compensación de Seguros y con un límite de 9.224 euros.

También se incluyen ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes: el importe total de los gastos; a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros; y se prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

Otras medidas aprobadas son que los distintos departamentos ministeriales podrán declarar determinadas zonas de actuación especial, así como la emergencia de las obras necesarias para reparar los daños causados por cualquiera de estos siniestros en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias.

El real decreto prevé la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, y el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es habitual estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Por otra parte, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social; y las entidades locales recibirán ayudas, por un importe de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Una vez que se elabore un informe detallado sobre los daños causados por estos incendios forestales y se disponga de una valoración técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, podrá completar este real decreto con la adopción de otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.

En su intervención, Rodríguez apuntó que tres personas han perdido la vida como consecuencia de los incendios de este verano y cerca de 27.500 tuvieron que ser evacuadas de sus hogares. Los fuegos forestales,explicó, tienen ahora «unas características diferentes» a las conocidas anteriormente «como consecuencia del cambio climático» y de «las altas temperaturas».

La norma aprobada por el Consejo de Ministros permite activar los mecanismos de ayuda del Estado a las personas y bienes que se han visto afectados por los incendios forestales. «Es el momento de echar una mano a las comunidades autónomas, de colaborar en esta que es su competencia, y complementar esas ayudas para que las personas que se han visto afectadas por estas catástrofes puedan superar estos momentos», completó.