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Tras unas vacaciones inusualmente plácidas en el ámbito político, el primer acto oficial en las Cortes de Castilla y León anticipó las tensiones que están por venir. La Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces sirvieron para definir el calendario de plenos hasta ... fin de año y para establecer el primer punto de fricción entre la coalición PP-Vox y el resto: la gestión de los incendios forestales. En el centro del debate está la defensa que PP y Vox hacen de su papel en los fuegos que han abrasado Castilla y León. Y en torno a ella, la crítica del resto del arco parlamentario, amparada en los tres fallecidos y en el hecho de que la comunidad concentre dos quintas partes de la superficie quemada en España.
El PP salió del paso con una cuestión de plazos. La temporada de riesgo alto de incendios aún no ha terminado, lo hará el 30 de septiembre, con lo que los populares han emplazado a entonces para que el balance sea completo. «El presidente de la Junta ha estado durante todo el verano dando la cara, visitando los lugares afectados y tomando medidas para paliar los efectos de los incendios, y comparecerá en la sede del parlamento autonómico cumpliendo con la petición expresa del grupo mayoritario de la oposición, el PSOE», aseguró Ángel Ibáñez, que ejerció de portavoz. Y luego enfrió el calendario. «No se puede descartar que en lo que queda de agosto o septiembre podamos tener nuevos incendios y parece lógico que se puedan dar todas las explicaciones en relación a todos los incendios que puedan ocurrir esta temporada», matizó.
A estas alturas de curso, las «95.000 hectáreas» quemadas que le echó en cara la socialista Patricia Gómez Urban suponen un doloroso 40% de la superficie total calcinada en España, que es a su vez el país más dañado de Europa. El mayor incendio en la historia, además, llegó antes de la temporada de riesgo alto, que la Junta no adelantó a pesar de las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología, en la Sierra de la Culebra, caso que está pendiente de que los tribunales decidan si hubo negligencia por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Y ese es el argumento del PSOE y de Ciudadanos para exigir que la comparecencia sea inmediata y no cuando Mañueco considere más conveniente. «Mañueco se esconde», atacó Gómez Urban. Y secundó el ataque Francisco Igea (Ciudadanos): «Lo que se ha hecho esta temporada ha sido mentir a los ciudadanos y el presidente se niega a dar la cara. No se caracteriza por su valor y esta es una situación delicada y entiendo que se resista a presentarse ante los representantes de los ciudadanos».
Vox ha seguido en este caso el argumentario de su socio de Gobierno, el PP, para oponerse a la petición de comparecencia inmediata y emplazar al final de la temporada de incendios. A pesar de eso, el PSOE tiene claro que ese será uno de sus baluartes políticos en el comienzo del primer periodo de sesiones. Los socialistas tienen que jugar una doble baza: la crítica al Gobierno autonómico junto a la defensa del Gobierno central. Por eso Patricia Gómez Urban utilizó como ejemplo arrojadizo al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y la ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez Jiménez. «Con 95.000 hectáreas quemadas, tres vidas humanas perdidas, miles de vecinos que se han quedado sin sus recuerdos, sus casas y sus tierras, el señor Mañueco decide que no tiene que dar explicaciones. Mientras vemos que Ximo Puig convoca un Pleno extraordinario para dar explicaciones a sus vecinos», emplazó. Y el PSOE de Castilla y León añadía el ejemplo de Raquel Sánchez Jiménez, que comparecerá por el tren que se acercó al incendio forestal de Bejís. Ejemplos que no se mencionan en vano, sino con el calendario electoral en la cabeza.
El curso político empezará pronto. Hay que negociar los presupuestos y eso obliga a rebañar al máximo las semanas hasta el final de año. El primer periodo de sesiones se inicia el 6 y 7 de septiembre, cuando se celebrará el primer Pleno. Habrá siete más hasta final de año, a razón de dos al mes. El último se celebrará los días 20 y 21 de diciembre.
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