Castilla y León se coloca a la cabeza de la rebelión contra la amnistía

Consejo de Gobierno extraordinario, Alfonso Fernández Mañueco delante del retrato de Felipe VI en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción y frente a él, en tres asientos reservados nada casuales, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago; y el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. Una comparecencia revestida de solemnidad que recordaba por el escenario a los primeros tiempos de la pandemia del covid, justo antes del confinamiento, cuando los acontecimientos se desbordaban por minutos. «Vamos a iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de la materialización formal que se produzca de los acuerdos políticos sobre la amnistía», anunció el presidente de la Junta de Castilla y León. Y acto seguido, idéntica fórmula, pero en este caso con el matiz de «recurso de inconstitucionalidad o recurso contencioso administrativo» contra las medidas financieras y económicas recogidas en el acuerdo PSOE-ERC, que permitirán a Cataluña borrar de un plumazo 15.000 millones de euros de su ingente deuda con el Estado (más de 75.000 millones).

El movimiento sitúa a Castilla y León a la cabeza de la rebelión contra la amnistía política y financiera. Porque la carga de ese perdón fiscal, además, permite a la Junta desempolvar la lista de agravios. Ese déficit de infraestructuras que tantas veces se invoca desde Cataluña y que es una realidad prolongada en el tiempo en la España interior. «Hay quince mil millones para sus socios», decía Mañueco. Pero no hay para… Y aquí empieza la lista. «Para agricultores y ganaderos que ven sufrimiento cuando mueren sus vacas o por la sequía; para el bono de vivienda joven del Estado, que deja fuera de 3 de cada 4 solicitantes; para los soterramientos de Valladolid, Palencia y León o el tren directo de Burgos; para el Corredor Atlántico; para las frecuencias de trenes Salamanca-Madrid; para la autovía de Soria; para eliminar peajes como el de Segovia; para el campamento de Montelarreina; para regadíos; para conectar por internet todo el territorio».

Su ex socio, Francisco Igea (Ciudadanos), lo resumió en una frase en Twitter. Esos 15.000 millones son más que el presupuesto más alto jamás diseñado en la historia de la Junta de Castilla y León, el último aprobado, que alcanzó los 13.809 millones. En esas cuentas, por cierto, se reservaron 252,6 millones de euros para pagar la deuda de la comunidad, que se situaba a finales de 2022 en 13.124 millones de deuda viva. Menos, en conjunto, de lo que se le va a perdonar a Cataluña de los 73.110 que adeuda solo al Estado. Castilla y León debe 1.966 millones a ese Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas.

La defensa esgrimida por el PSOE, también en la comunidad, es que todos los territorios van a poder exigir el mismo tratamiento de su deuda. Es decir, que se les condone un 20% de lo que deban a ese Fondo de Financiación estatal. Para Castilla y León supondría 393 millones de euros, más de lo que dedicará en 2023 a amortizar deuda e intereses. Sin embargo, Alfonso Fernández Mañueco renuncia, en principio, a esa posibilidad. Políticamente, consideran en la Junta que supondría bendecir ese perdón financiero a Cataluña. «Nosotros no vamos a entrar en la subasta, en juegos de números. Estamos hablando de los impuestos de todos los españoles para mejorar la calidad de vida de los españoles, no para que Sánchez siga en el sillón. Pedimos que se negocie un nuevo modelo de financiación autonómica, es viejo y malo, que se cubra el coste de los servicios públicos. Y pedimos en el ámbito global que se corrija el déficit de infraestructuras para el crecimiento del interior de España y de Castilla y León», fue la respuesta del presidente de la Junta a esa posibilidad.

En juego está, a medio plazo, esa esperada reforma de la política fiscal y financiera de las comunidades autónomas. A un lado están las que pretenden que tenga prioridad la población en el reparto. Al otro, se alinean las que, como Castilla y León, Extremadura o Castilla La Mancha cuentan con una población muy dispersa en un territorio ingente, lo que obliga a invertir muchísimo dinero en ámbitos como la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales. Un ejemplo recurrente es el de las rutas de transporte educativo. Hay 2.046 rutas en funcionamiento cada día para trasladar a 35.500 alumnos de las enseñanzas obligatorias hasta sus centros, lo que supone un gasto de 54 millones de euros al año. La Comunidad de Madrid, con casi siete millones de habitantes, tres veces más que Castilla y León, cuenta con 600 rutas y 27.000 alumnos en mucho menos territorio (8.028 kilómetros cuadrados frente a 94.224).

«Reclamamos la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es una afrenta de Sánchez. Acuerda de forma bilateral lo que afecta a todas las comunidades autónomas. Cualquier acuerdo debe ser resultado de un consenso multilateral con la participación de todas las comunidades autónomas de régimen común», señalaba Alfonso Fernández Mañueco.

Juan García-Gallardo (Vox) asistió a la comparecencia de Mañueco. Ha sido Vox el que ha solicitado, en todas las comunidades en las que tiene presencia en el Ejecutivo, las convocatorias urgentes de consejos de Gobierno. Lo recordó después en un mensaje institucional lanzado en sus redes sociales en el que pedía, más allá de los acuerdos institucionales, la movilización «del pueblo español». «Es el pueblo español el que debe alzar la voz en las calles. Es el pueblo español el que debe decir no a Pedro Sánchez y sí a la continuidad histórica de España, a nuestro Estado de Derecho», señaló.

Luis Miguel González Gago, consejero de Presidencia, será el encargado de comenzar las gestiones para interponer los correspondientes recursos jurídicos. «Los pasos a seguir son pedir informes a los servicios jurídicos y pedir un informe al Consejo Consultivo de Castilla y León, como es preceptivo en este asunto». El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, «firmará la petición de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera». Actuaciones con las que la Junta de Castilla y León trata de colocarse al frente del movimiento de las comunidades auónomas contra la amnistía.

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