Crisis PP-Vox

Carriedo: «Nos gustaría que el Gobierno de Castilla y León siguiera trabajando»

Pero. Porque hay un pero y muy relevante.

«No depende de nosotros, como ustedes saben, y es difícil hacer una valoración de lo que pueda ocurrir. Habrá una reunión esta tarde, pero no en Castilla y León», aclaró. Una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox. En Madrid. Con la jerarquía piramidal de un partido construido sin baronías territoriales. Y eso da pie a Carriedo a esbozar un matiz que es a la vez argumento propio y crítica al socio. «La posición del Gobierno de Castilla y León es la que ya anuncié la semana pasada, tomada en Castilla y León y desde Castilla y León. Nadie la ha tomado en nombre del Gobierno de Castilla y León desde fuera», zanjó.

Y luego está el marco. Cada partido lucha por imponer el suyo. Para Vox, esta fractura -veremos si irremediable- se produce porque el PP muestra debilidad en un asunto como el de la inmigración irregular, en el que los de Abascal piden defensa de las fronteras. Lo que va mucho más allá, aseguran, del reparto de 400 menores no acompañados. Pero el PP, precisamente, lo lleva al terreno del detonante. De la redistribución de menores. «Es coherente con lo que vinimos acordando en los años 2021, 2022 y 2023, la que acordamos ayer todas las comunidades autónomas salvo una, Cataluña».

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Ambas formaciones interpretan de forma distinta cómo afecta esto al punto 32 de su acuerdo de Gobierno. El tenor literal es este: «Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León».

Sobre esta base, Vox considera que aceptar a esos menores no acompañados incumple el acuerdo de Gobierno en un punto que consideran una línea roja. De hecho, ahora mismo es la más firme de todas, dado que otros asuntos como la ley de concordia, la de violencia intrafamiliar o el protocolo antiaborto han quedado en el limbo momentáneo sin provocar un amago de fractura tan grande. A partir del mismo párrafo del acuerdo de Gobierno, el PP interpreta justamente lo contrario. «Se ajusta plenamente al acuerdo que hemos firmado, que en el caso de Castilla y León tiene correlación con el punto 2 y el 32. Uno habla de solidaridad entre comunidades autónomas y un elemento básico de solidaridad puede ser este ejemplo. El segundo tiene que ver con favorecer una inmigración ordenada que garantice la integración social, laboral y cultural. Y en el acuerdo de la conferencia sectorial se cumplen los dos aspectos». Añadía Carriedo: «Una forma útil de que sea así es que la tutela recaiga en la Junta de Castilla y León».

El »Gobierno útil», «Gobierno que funciona» y «Gobierno al servicio de los ciudadanos» depende, pues, de la decisión de Vox en una reunión en Madrid. Y el PP, parte mayoritaria en el Ejecutivo autonómico, se limita a esperar. «He comentado cuál es el deseo de las personas que estamos en el Gobierno, debemos garantizar la estabilidad pero debemos ser respetuosos con lo que cualquier organización política pueda decidir en el ámbito de sus competencias», concluyó Carriedo.