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El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid tendrá que reabrir las diligencias de investigación respecto de la supuesta falsificación de contratos de arrendamiento de fincas del bodeguero Alejandro Fernández por parte de la nueva dirección de la sociedad del antiguo Grupo Pesquera, rebautizado ... como Familia Fernández Rivera. Estos contratos de Condado de Haza y Tinto Pesquera, supuestamente simulados según la denuncia, permitieron a la sociedad quedarse con las uvas de la cosecha de 2018. La Audiencia de Valladolid ha estimado el recurso contra el auto de archivo presentado por el veterano bodeguero, de manera que el instructor tendrá que volver a llamar a declarar a las denunciadas (la esposa y dos de sus hijas), esta vez no como personas físicas, sino como socias.
El juez archivó el pasado octubre las diligencias abiertas a raíz de la querella del bodeguero Alejandro Fernández contra su todavía mujer y dos de sus hijas por la supuesta simulación de un contrato de arrendamiento de 28 de febrero de 2018 que posibilitó a su familia, con quien tiene abierta una guerra judicial por el control del emporio de Ribera de Duero, vendimiar las fincas la pasada campaña, a pesar de ser Fernández el titular de la tarjeta de viticultor. Mediante ese contrato su mujer, Emilia Rivera Rueda –en proceso de divorcio–, arrendaba a la mercantil Alejandro Fernández Tinto Pesquera SL por diez años las fincas incluidas en el registro vitivinícola, que son propiedad de la sociedad de gananciales formada por el matrimonio.
El juez argumentó en su auto de archivo que el contrato es válido y responde a una realidad de años, que no se ha producido perjuicio patrimonial para el denunciante ni se le han privado de sus derechos como socio minoritario. Sin embargo, la Audiencia entiende que en este momento procesal no puede excluirse la existencia de perjuicio a tercero y considera preciso que se examinen los libros contables y se pida un informe al Consejo Regulador de Ribera de Duero.
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Nieves Caballero
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