El 50% de los alumnos con necesidades especiales no son detectados en las aulas

Para esta central sindical, los datos oficiales sobre calidad educativa que suele ofrecer la Consejería de Educación sufren una especie de 'pescadilla que se muerde la cola': «Como educación no registra en sus listados ese importante número de alumnos con necesidades especiales, así puede reducir las estadísticas y justificar la falta de recursos humanos», explica la secretaria regional de Educación de CCOO, Elena Calderón.

Solo en Valladolid hay cerca de 2.000 niños y niñas entre 6 y 12 años que reciben atención especial o compensatoria por carencias en el lenguaje o desfase curricular. Eso significa que uno de cada 20 alumnos de la provincia presenta carencias de algún tipo. «Pero hay una gran mayoría que no son diagnosticados y se está muy por debajo por falta de medios», insiste el secretario provincial del sindicato, Pablo Redondo. El 80% de esta problemática se manifiesta en los centros públicos.

La nueva ley educativa estatal (Lomloe) incide de forma especial en la necesidad de mejorar los recursos para corregir estas situaciones. En Castilla y León haría falta, según este estudio, «al menos un profesional por cada 12 alumnos identificados, es decir unos cuatro por cada centro», incide María Jesús Castañeda, de la Federación de Enseñanza no Universitaria.

Frente a esta realidad, el 4 de junio se aprobó la ley orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (8/2021) que establece la figura del coordinador de protección y bienestar de la infancia. «La mayoría de colegios carece de esto -denuncia Pablo Redondo-. Ansiedad, conductas compulsivas, ciberbullying… el nivel de presión entre los menores es cada vez mayor y los coordinadores serían claves para atajar todo esto». En los centros educativos admiten su desorientación en la materia. «Algunos equipos directivos de la región se han adelantado y se están formando. En otros, no hay nada», lamenta Redondo.

Esta realidad enlaza con la preocupación de la comunidad educativa por la falta de programas para atender la salud mental. Aspectos que tienen su lado más dramático en el aumento de casos de suicidio entre jóvenes, con 228 casos entre 15 y 29 años en 2021. Una cifra «ligeramente mayor que la media nacional», advirtió Calderón.

El arranque del curso escolar 2022-2023, el de la vuelta a la normalidad postcovid, presenta serias interrogantes y carencias, según este informe. De entrada, la plantilla de profesores ha aumentado en 506 respecto a dos cursos atrás en los tiempos anteriores a la pandemia. Pero, en la práctica, suponen 844 menos respecto a los refuerzos que durante estos últimos años permitieron completar las necesidades con 1.350 docentes de apoyo.

En una plantilla de 28.154 profesores en Castilla y León, la cifra de interinos ronda los 9.000 (8.918). Son 2.000 más que hace un año, lo que se traduce en «un récord histórico en la tasa de interinidad que solo en Secundaria alcanza el 34%», calcula Elena Calderón. Unido al constante aumento de la oferta de contratos con jornada parcial hace que «los jóvenes no quieran acceder a la carrera docente o se marchen a otras regiones».

En la Primaria también ha crecido y se acerca al 20% (19,2%), muy lejos del 8% que exige la actual ley. Y a pesar de las ofertas de empleo público que sigue sacando la consejería.

Las críticas alcanzan también al proyecto educativo estrella en Castilla y León y en España: la enseñanza gratuita de 0 a 3 años. Un proceso «opaco y carente de negociación» que ha llevado esta nueva etapa iniciática a más de 600 centros de la comunidad. «Solo 160 son de gestión pública a pesar de que los fondos europeos para ponerla en marcha estaban destinados solo a centros públicos», criticó Elena Calderón.