Castilla y León

Casi 60.000 asalariados del sector privado trabajan menos de 40 horas semanales

Entre los ocupados regionales que ya disfrutan de una jornada inferior a la máxima recogida en el Estatuto de los Trabajadores figuran, según ejemplifica Fraile, los 18.084 que están sujetos a ocho de los 188 convenios sectoriales que se negocian en Castilla y León: el de limpiezas de edificios y locales de Palencia, Valladolid y Zamora; el de ayuda a domicilio; el de piscinas e instalaciones acuáticas de Valladolid; el del ciclo integral del agua de Zamora; el del transporte de personas por carretera de Segovia, y el del personal laboral de administración y servicios de las universidades públicas de Castilla y León, «que afecta a las provincias de Burgos, León, Salamanca y Valladolid» y la sitúa en 35 horas, la más baja de las que se recogen en todos los mencionados.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin pérdida de salario está sobre la mesa desde el pasado 25 de enero. Los dos sindicatos mayoritarios la negocian desde entonces con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la patronal –que se opone frontalmente– en el seno del Diálogo Social, convencidos de que «ahora es el momento» porque la situación económica lo permite. La falta de avances hizo que fuera el mensaje central del Primero de Mayo y, a la vista de que la paralización continuaba, este 26 de septiembre UGT y Comisiones Obreras salieron a la calle en toda España para reivindicarla. Lo hicieron con la «advertencia» de que habrá más movilizaciones si las posiciones siguen encontradas, como así ocurrió en la reunión de este 11 de octubre, que de nuevo terminó sin un resultado positivo.

Así las cosas, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha irrumpido en el escenario laboral con una propuesta de conciliación que pasa por una jornada flexible de cuatro días a la semana que tampoco convence a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) –su equivalente a nivel autonómico prefiere no pronunciarse y se remite a lo señalado por Garamendi–, pero mucho menos a los agentes sociales. «No nos la creemos», sentencia el secretario general de la Unión General de Trabajadores en Castilla y León, Faustino Temprano, quien recuerda que «ha habido acuerdos del Diálogo Social firmados por todos que luego ellos han votado en contra», entre los que cita la reforma laboral, la de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Temprano hace hincapié en que la iniciativa de los populares «no tiene nada que ver con lo que está sobre la mesa, que es reducir la jornada laboral para todos los trabajadores y por ley. Lo que plantean ellos es mantenerla en 40 horas semanales y luego hacer una distribución en cuatro días dependiendo de las empresas y de los sectores. Sería empeorar la situación», expresa rotundo. Es más, «iría en contra de la legislación actual, porque entre trabajar 10 horas y volver a trabajar 10 horas no habría el descanso mínimo». De ahí que, a su juicio, lo que pretende el PP es «confundir a los trabajadores, confundir a la sociedad e intentar sacar rendimiento».

En la misma línea se expresa Fernando Fraile, quien también advierte de que «lo que plantea el PP no se está hablando en la mesa de negociación y eso hay que dejarlo claro para que la gente lo sepa. No estamos hablando de distribución de la jornada», remarca, un asunto que en todo caso (y como también sostiene UGT) debería abordarse «en el ámbito de la negociación colectiva, teniendo en cuenta que las actividades económicas son muy diferentes».

En cuanto al fondo de la cuestión, el dirigente de CC OO rechaza de plano la aplicación del plan del Partido Popular porque «concentrar la misma jornada en menos días nos lleva a jornadas interminables que tienen una relación directa con la siniestralidad laboral y con un mayor estrés», en un momento además en el que «estamos viendo cómo se están incrementando las incapacidades temporales, las bajas, por riesgo psicosocial». Y remata con una reflexión: «Lo que sí se está negociando es un control horario real», porque «cada semana se hacen en Castilla y León 180.000 horas extras que no se pagan, y a nivel nacional son 2,6 millones».