Valladolid incentivará la instalación de placas solares de autoconsumo

Para ayudar a que baje ese desconocimiento ciudadano sobre este tipo de instalaciones, Ciudadanos planteó que sería interesante emprender diferentes labores de comunicación y para que no sea tan alto el gasto al que deben hacer frente los propietarios Pablo Vicente de Pedro propuso «una bonificación del IBI para las instalaciones estas placas», algo que puede contribuir a que se multiplique el número de paneles solares instalados en la ciudad, ya que «en los ayuntamientos en los que se ha adoptado esta medida se ha producido un efecto llamada», apuntó el edil.

Todos los grupos vieron la moción con buenos ojos, aunque PSOE y Valladolid Toma la Palabra plantearon enmiendas 'in voce' para poner en valor el trabajo que se ha realizado en este sentido hasta ahora en el Ayuntamiento y, también, para que se ponga en marcha un estudio previo que permita determinar el tiempo que durarán estas bonificaciones y sus porcentajes. Pablo Vicente recordó que Soria, Salamanca, Palencia y Ávila «tienen una bonificación del 50%, lo máximo que permite la Ley» y que municipios de la provincia «como Laguna o Medina» ya han avanzado en el mismo sentido.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, aprovechó la ocasión para hablar de las tres líneas en las que trabaja el Ayuntamiento hasta ahora para fomentar el autoconsumo: las 66 instalaciones municipales que cuentan con placas solares gracias a una inversión de 3,2 millones de euros, la puesta en marcha de un mapa solar que muestra las opciones de los vallisoletanos que quieran instalar paneles en sus edificios y las bonificaciones del 95% del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Además, Sánchez adelantó que la demanda de este tipo de instalaciones cada vez es mayor, ya que el Ayuntamiento ha gestionado 389 licencias para placas fotovoltaicas en azoteas desde 2018, año este último en el que solo se tramitó una licencia. Otro de los aspectos que deja entrever el interés de los vallisoletanos por este tipo de instalaciones es que desde el 15 de agosto ha habido 6.754 visitas a la herramienta municipal 'mapa solar', lo que cifra en 90 los accesos diarios.

Pese a que la moción contó con el respaldo de todos los grupos también hubo, como es habitual, un momento de tensión que llegó cuando Charo Chávez, concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio ahondó en las causas personales que, a su juicio, llevaron a Javier García Bartolomé, de Vox, a votar a favor. «En 2007 nos metimos en temas fotovoltáicos porque es una forma de energía limpia y rentable. Son instalaciones de venta a red y están en Segovia», explicó el concejal.

Por otro lado, todos los concejales del Ayuntamiento, excepto Javier García Bartolomé, de Vox, votaron a favor de que el Ayuntamiento se adhiera al protocolo marco del programa agente tutor. El agente tutor es un miembro de la Policía Local especializado en la prevención y protección a menores y sus características principales son la proximidad, la integración y la mediación en todo el entorno del menor y su familia. Bartolomé explicó su abstención y consideró innecesaria la moción «porque cede a la Federación Española de Municipio y Provincias (FEMP) competencias que son del Ayuntamiento», explicó el edil, que aseguró que el agente tutor «viene funcionando durante 13 años y no deja de soprendernos que llegue ahora esta moción, que no aporta nada al funcionamiento de la Policía Local», añadió.

Ante el discurso del único concejal de Vox en el Ayuntamiento, El alcalde, Óscar Puente, le preguntó «¿qué tiene usted contra la FEMP? Ni que fuera una banda terrorista». Mientras, Alberto Bustos, de Toma la Palabra afirmó lo siguiente: «no creo que nadie del FEMP vaya a venir aquí a regular el tráfico. Pretendemos reconocer el valor y la labor de la policía y se persigue mejorar estas tareas con la coordinación de otras policías locales. Si se quiere generar una fuente permanente de conflictos, pues no se firma y ya está», afirmó Bustos durante un tenso debate que acabó con la moción aprobada.

El debate sobre la zona de bajas emisiones ha regresado al pleno del Ayuntamiento de Valladolid con una moción de Vox contra estas restricciones de circulación por el centro de la ciudad. «Valladolid no tiene problemas de contaminación atmosférica. Esta ley es sectaria y persigue una transición energética salvaje. El CO2 no es que sea malo, es imprescindible para la vida de nuestro planeta», afirmó García Bartolomé en una intervención en la que no ahorró en hostilidades hacia el equipo de Gobierno. «Este fanatismo climático perjudica a las personas. Es un atraco ideológico», sentenció para reconocer después que «las zonas de bajas emisiones son una obligación legal y al PSOE de Valladolid le queda un mes y poco para cumplirla. ¿Por qué no la han sacado hasta ahora? Hay elecciones en mayo y saben que la ciudadanía está en contra de estas prohibiciones. Al señor Puente no le interesa porque sabe que le puede pasar factura», espetó.

La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, respondió a García Bartolomé con una frase concisa y directa: «hay personas que usan a diario el coche, pero son más las que respiran». Mientras, el alcalde le despachó con un «para usted salvar el planeta es una excusa. Salvar a la patria es un propósito inventado, pero el planeta está en riesgo». Por su parte, Fernández Antolín, de Ciudadanos, recalcó que la moción estaba «trufada de clichés para llegar a la nada» para cerrar su intervención con el mensaje de que «no queremos estancarnos en debates estériles».

¿Y qué dijo el PP a todo esto? Francisco de Paula Blanco aseveró que «el debate radica en el tamaño de esta zona de bajas emisiones. Lo que es inaceptables es que en el trámite de exposición pública se pasó de 1,4 kilómetros cuadrados a 3,1. ¿Quién ha podido alegar sobre esto? Nadie», señaló para que el concejal de Movilidad, Luis Vélez, le contestara después que «en vehículo privado por esa zona solo se desplaza el 16%. Habrá un zona de bajas emisiones dando cumplimiento a legalidad vigente, como en el resto de ciudades de más 50.000 habitantes. El tamaño exagerado del que habla es una opinión», apuntó Vélez sobre una moción que finalmente contó con el único voto favorable de Vox.