Valladolid capital acoge 25 migrantes de Canarias y el PP critica la descoordinación del Gobierno

La posición de Juan García-Gallardo respecto a la llegada de inmigrantes a Medina del Campo o a Valladolid no solo se mantiene invariable, es que es «la de la Junta», según el vicepresidente. Se ampara para defender ese argumento en el pacto de Gobierno entre PP y Vox. «Adquirimos el compromiso de facilitar en la medida de nuestras posibilidades la inmigración legal y ordenada, con capacidad de integración cultural y social», señalaba, un párrafo, el de la «acción número 32» del pacto de Gobierno, que las redes sociales de Vox en las Cortes han repicado.

La colisión entre este mensaje y el modo en el que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, desmarcó la línea del Ejecutivo autonómico de la «opinión personal o de partido» de su vicepresidente se ha convertido en una astilla incómoda para el PP. Luis Miguel González Gago, consejero de Presidencia, explicaba este viernes por la mañana que «por parte del portavoz del Gobierno regional se expresó la posición del Gobierno autonómico», por lo que se remitía «a esas declaraciones». Lo mismo que Isabel Blanco, consejera de Familia: «El portavoz de la Junta dejó clara cuál es la posición del Gobierno autonómico. Comparto esas declaraciones».

El vicepresidente de la Junta y referencia de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, insistió en su mensaje en una intervención en el canal El Toro. «La responsabilidad de un Gobierno serio es llamar a las cosas por su nombre y la realidad es que estamos ante una invasión migratoria por el volumen de personas que están accediendo a nuestro territorio de manera irregular, son decenas de miles y no estamos preparados para integrar a todas estas personas». Y añadió que es preciso «evitar que España se convierta en Francia», argumento que obvia el pasado colonial francés y cómo se aprovechó la inmigración procedente de esas colonias para conseguir mano de obra. Y volvió a referirse García-Gallardo a que la «inseguridad vinculada a la inmigración ilegal» como «un gran problema».

Ante eso, Luis Miguel González Gago insistió en el argumento del portavoz Carlos Fernández Carriedo de que «las garantías para las personas son lo principal».

Y aquí llegó el giro de guion hacia la postura con la que el PP, no solo a nivel autonómico sino nacional, pretende poner el foco en otra cuestión: la descoordinación del Gobierno con las demás administraciones, origen de los problemas. «Deberíamos tener un protocolo para que ante determinadas crisis todas las administraciones sepan qué hacer y cómo hacerlo. Se ha producido en nuestra comunidad una falta total de coordinación y comunicación por parte del Estado. Se originan problemas por culpa de esa falta de coordinación», señaló González Gago. Y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, defendió las quejas y dudas del alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez. «300 inmigrantes en Medina, una población de 20.000 habitantes, equivale a que en Valladolid lleguen de golpe 3.000, imagínense que llegan sin planificación y sin preaviso», señaló, lo que precisaría de recursos, información y personal para atenderlos.

Carnero incidió en la falta de coordinación, tal y como ya hizo también el portavoz de la Junta el jueves, marcando una línea argumental nítida. «La subdelegada del Gobierno me llamó el miércoles por la noche y me dijo que llegaban a Valladolid 25 inmigrantes. Creo que las cosas deben hacerse de manera coordinada y planificada, es lo que hay que pedirle al Gobierno de España en cualquier situación, sea o no sea de emergencia. Eso es lo importante, lo relevante», señaló.

La consejera de Familia, Isabel Blanco, incidió en la misma cuestión. «Castilla y León no fue informada de la llegada los inmigrantes en este caso. Nos hemos enterado a posteriori. Es la manera habitual de actuar del señor Pedro Sánchez y del ministro José Luis Escrivá. No es la primera vez que actúa con deslealtad», ha explicado. En todo momento defendió la postura acogedora de la Junta en otros casos similares, «como con la crisis de Afganistán durante la pandemia y con la de Ucrania». Blanco se sumó a la petición de Isabel Díaz Ayuso de que «se convoque urgentemente una mesa sectorial de Inmigración».

«A esas personas inmigrantes hay que prestarles una atención social, sanitaria o incluso educativa, que son competencias de la comunidad autonoma, y es necesario organizarlas. Queremos saber cuántos imigrantes van a venir, cómo van a venir y planificar con el Gobierno los recursos necesarios», defendió Isabel Blanco.