Tirón de orejas del Defensor del Pueblo a varias ciudades, incluida Valladolid, por la ZBE

El Defensor del Pueblo considera injustificados los argumentos aportados por los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, entre ellos Valladolid, que aún no han implantado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y que deberían haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2023, tal y como establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La institución ha enviado once recomendaciones a 33 ayuntamientos e insta a todos aquellos municipios obligados a establecer las ZBE, cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO2 causantes del cambio climático y las emisiones de gases contaminantes perjudiciales para la salud, a hacerlo cuanto antes y a evitar más retrasos y dilaciones.

En concreto, solicitó información a 18 municipios que en noviembre de 2023 aún no habían iniciado la tramitación de la ZBE. Asimismo, se dirigió a siete municipios que habían comenzado la tramitación de la ZBE pero que su implementación iba con retraso. La institución también requirió explicaciones a ocho municipios en los que se había ralentizado o suspendido la implantación de ZBE: Badalona, Castellón, Elche, Gijón, Lorca, Majadahonda, Valencia y Valladolid.

Según detalla, las razones aportadas para justificar el retraso en la implantación de las ZBE son muy variadas. En síntesis, los municipios alegan la falta de plazo suficiente para la aprobación de la ZBE, la complejidad técnica de su instalación, la asistencia de personal especializado para acometerla, o la falta de recursos financieros suficientes para llevarla a cabo.

Asimismo, algunos ayuntamientos argumentan que han apostado por la conveniencia de emprender otras actuaciones en materia de movilidad o contaminación, o han alegado el bajo nivel de contaminación existente en su municipio o la especial geografía urbana de la población.

A juicio del Defensor del Pueblo, sin embargo, ninguno de los argumentos ofrecidos en sus respuestas por los ayuntamientos consultados justifica el retraso en el establecimiento de las ZBE, que resulta obligado de acuerdo con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y para cuya implantación algunos ya han recibido ayuda económica.

Entre las recomendaciones, pide que los ayuntamientos que se encuentran todavía tramitando la ZBE aborden de manera decidida los trámites restantes para su aprobación, sin más dilaciones ni retrasos, y la pongan en funcionamiento a la mayor brevedad.

También que la ZBE que se apruebe delimite un área de carácter continuo y permanente, que resulte adecuada y suficiente para el cumplimiento de sus objetivos y proporcional a ellos, e incluya una parte significativa de la población, de la superficie del municipio y del tráfico de vehículos a motor dentro del mismo, sin que sus peculiaridades geográficas o urbanísticas puedan servir para eludir tales exigencias o justificar la falta de aprobación de la zona.

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