Soledad Martín: «En la mayoría de las residencias no veo mala voluntad ni ocultación»

–¿Cree usted que ha sido un crimen, como sostiene el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, lo ocurrido en las residencias de Castilla y León, con casi 2.600 muertes relacionadas con la covid?

–Lo que creo es que ha sido una situación enormemente traumática, enormemente dolorosa, hemos sufrido unas pérdidas terribles. Yo personalmente he perdido a gente muy cercana, no familiares, pero gente muy cercana y muy, muy apreciada. Pero hacer un juicio de valor, sobre todo, en boca de un fiscal, decir que es un crimen, tiene determinadas connotaciones que yo no voy a asumir. Y no voy a asumir porque la Fiscalía Superior y todas la provinciales de Castilla y León tienen diligencias incoadas sobre el tema de las residencias que tendrán su solución en el momento oportuno. Por tanto, yo no voy a asumir el calificativo. Ahora bien, si se habla de crimen en el sentido de la situación que he descrito, desde luego. Ha sido enormemente doloroso, no solo por el hecho del fallecimiento sino por las circunstancias en las que se han producido. Los familiares no han podido despedirse, no han podido estructurar el duelo como estamos habituados a hacerlo. El privar de todo esto por las circunstancias creo que ha sido absolutamente dramático y ha aumentado el dolor de la pérdida de una forma exponencial.

–La Fiscalía ha abierto siete diligencias de investigación a residencias. ¿Siguen todas en trámite a fecha de hoy? ¿Cuál es el denominador común?

–Sí, todavía están en fase de investigación, que se ha alargado por la situación en la que nos encontramos. Dos de ellas son de Vox, genéricas; otra de UGT, otras son de particulares, (bien directamente o a través de una asociación) y alguna específica por la atención sanitaria, fuera del grupo de las siete abiertas por el padecimiento concreto de la covid. Hay una gran variedad. Pero no todas las peticiones que nos han llegado han terminado en diligencias penales. Muchos ciudadanos se han dirigido a la Fiscalía para pedir información.

–¿Se espera una avalancha de denuncias en cuanto termine el estado de alarma?

–Parece que los familiares y afectados se están organizando en asociaciones para promover acciones, pero estas no siempre necesariamente tienen que ser penales.

–Con toda la información de que dispone en este momento, ¿qué cree usted que ha ocurrido en las residencias?

–Lo que ha pasado, con carácter general, es que no se estaba preparado y casi todo el mundo ha hecho lo que ha podido, en muchas ocasiones, con un gran esfuerzo. Pero la impresión que yo tengo hasta el momento es que no estábamos preparados y que el tipo de atención residencial (ni siquiera en las residencias asistidas) no está enfocado para hacer frente a una enfermedad generalizada y el sistema en sí no tenía demasiada flexibilidad para responder a una situación de este tipo. Pero tanto en las privadas como en las públicas.

–Pero en muchas residencias, donde no ha habido casos, sí parece que fueron previsores.

–Le contesto en función de la perspectiva patológica que yo examino, porque lo que nos llega a la Fiscalía es lo patológico, no lo normal. Por eso he destacado el enorme esfuerzo de la Administración y los particulares que han trabajado en esas residencias para proteger, en la medida en que han podido, a los residentes. El problema es que siendo la covid una enfermedad inicialmente asintomática, controlar eso desde el principio ha sido difícil. Hay una mezcla de previsión y de suerte, porque si hay un infectado, sobre todo en el momento inicial, es muy difícil que no se produzca el contagio.

–¿Entonces, va a archivar?

–Entienda que no le pueda adelantar ni las diligencias ni el resultado. Se están tramitando.

–Las familias se quejan, entre otras cosas, de estar a oscuras, de no saber lo que les ocurría a sus seres queridos, de no poder comunicar con las residencias.

–La falta de información es lo primero que llegó a la Fiscalía. El problema es que a partir de que aíslas a los residentes en sus habitaciones, la atención asitencicial se multiplica por diez. De manera que si el personal se había reducido porque también estaba afectado y la atención se multiplica exponencialmente porque tenía que ser absolutamente personal, singular y separada, el margen para coger el teléfono o poner al residente al teléfono era más complicado. Estaban desbordados por la situación. Por lo menos esas son las noticias que yo tengo y creo que se ajustan bastante a la realidad. La situación asistencial se disparó. Entiendo la desesperación de las familias, pero en la mayoría de los casos no veo mala voluntad ni ocultación de información. Creo que más bien se debió a que se multiplicaron las obligaciones asistenciales, que no permitían con toda satisfacción la información a los parientes.

-¿Va a llamar a declarar por estos hechos a cargos de la Junta? ¿Y de las residencias?

–De la Junta, en principio, no. De las residencias, no lo sé. No sé si voy a llamar a algún cargo, depende del resultado de las diligencias que estoy practicando. También las diligencias se han ralentizado por la situación, por el confinamiento, por la dificultad de citar a personas con los márgenes de seguridad...

–El ministro de Justicia ha propuesto que se creen juzgados covid en cada provincia, a la manera de los de cláusulas suelo. ¿Usted que opina?

–Creo que sería más interesante reforzar los juzgados que ya existen que crear uno específico. Porque las denuncias, que ya hay, pueden ser del orden social, contencioso y de otros ámbitos. No soy partidaria de un juzgado multidisciplinar, sino responder en cada orden jurisdiccional. Si se refuerzan tanto juzgados como fiscalías será más ágil . Porque, el primer problema que se plantearía es ¿qué casos entendemos relacionados con la covid y cuáles no? Son cuestiones difíciles de deslindar.

–¿Las investigaciones sobre las residencias van a ser la prueba de fuego para que las fiscalías demuestren que pueden asumir, como promueve el Gobierno, la dirección de la instrucción penal en lugar de los jueces?

–No. la prueba de fuego, que lo fue y es todos los días, es la instrucción que la Fiscalía realiza en la sección de Menores. Eso está acreditado y funciona como un reloj desde hace muchos años.

–¿La crisis del coronavirus servirá para dar el empujón definitivo a la modernización de la Justicia, con la implantación de los juicios telemáticos? ¿Va a haber un antes y un después?

–En Valladolid hemos sido enormemente proactivos en este sentido. Los fiscales ya estábamos preparados para trabajar telemáticamente. A partir de que el Ministerio habilitó el teletrabajo ha habido seis funcionarios (ahora, nueve) trabajando en casa, aunque hay que reconocer que la organización de más de medio centenar de personas que somos en la Fiscalía es difícil en este nuevo escenario. Pero la Fiscalía y la Audiencia han sido proactivas y por eso a finales de mayo se firmó el protocolo para realizar juicios telemáticos. Lo que ocurre es que hay dificultades técnicas por algunos operadores. Con los Juzgados de Medina del Campo y Medina de Rioseco todos los procedimientos los hacemos vía telemática y sin problemas. Lo último es que el Ministerio de Justicia nos ha concedido una sala virtual que nos permitirá en breve que las diligencias de investigación y conformidades o los asuntos de menores puedan realizarse con la participación de varios interlocutores al mismo tiempo.