La Fiscalía de Castilla y León investiga la orden de la Junta a las residencias para evitar trasladar a los mayores a los hospitales

La Fiscalía de Castilla y León ha abierto diligencias por la denuncia presentada por el Defensor del Paciente y ha solicitado a la Junta el documento firmado por Servicios Sociales y Sanidad en el que se da instrucciones a las residencias para hacer frente a la covid una vez declarado el estado de alarma. En este documento, titulado 'Medidas generales para contener el impacto de la crisis del covid-19 en las residencias de carácter social' se indicaba que la atención sanitaria a los mayores enfermos tenía que hacerse preferentemente en los propios centros para evitar el traslado a los hospitales. En concreto, se indica en las instrucciones que iba a crearse un equipo multidisciplinar asistencial (los denominados equipos covid) y que «se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital». Para ello, prosigue el documento, «se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitaria: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso...» y deja a los centros de salud de los que dependen estas residencias el cometido de dictar instrucciones para garantizar los medicamentos de uso hospitalario».

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el propio vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, justificaron estas directrices en que, en líneas generales, es mejor la asistencia a los ancianos en su entorno que movilizarlos a los hospitales, lo que podía suponer un trastorno para ellos, al tiempo que negaron que no se les derivara siempre que fuera necesario y que el equipo médico lo determinara.

Sin embargo, a muchos de estos centros asistenciales no llegaron los equipos covid aunque la Junta ya había anunciado su creación, ni a ciertas residencias se les aprovisionó de material apropiado como bombas de oxígeno, según familiares y personal de residencias que han acudido al Defensor del Paciente. Además, denuncian que en la primeras semanas de la pandemia, a residencias que tenían aprovisionamiento de EPIS se les requisaron estos equipos de protección (mascarillas, guantes) para dotar a los hospitales. Los sindicatos han denunciado reiteradamente la falta de protección y el elevado contagio del personal y de lo usuarios en las residencias.

En la instrucción de la Junta, firmada por el director gerente de Salud, Manuel Mitadiel, y el de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, se indica que «los profesionales de las residencias, tanto personal sanitario como no sanitario dispondrán de equipos de protección individual (EPI) en las mismas condiciones que el personal sanitario del servicio público de salud».

Respecto de la investigación abierta en la Fiscalía de la Comunidad, desde la Consejería de Familia se ha indicado este miércoles que «siempre ha colaborado en todo momento con la Fiscalía y está a su disposición para lo que solicite«. Han puntualizado que »de hecho, a diario, desde que comenzara la pandemia hemos enviado información de los centros y se le seguirá proporcionando la que necesite«.

Además de esta nueva denuncia, las fiscalías provinciales tienen vivas 19 diligencias de investigación penal, de un total de 34 emprendidas desde el principio de la pandemia. Se han archivado 15 expedientes. A los juzgados de instrucción han llegado cinco denuncias, dos de ellas sobreseídas en Lerma y Arenas de San Pedro.

Hasta ayer han fallecido 2.579 residentes por covid o con síntomas compatibles.