Caso del tanatorio El Salvador: de la extorsión a la investigación

Aquel primer intento de chantaje no fructificó, así que Justo M. dejó su vida laboral en febrero de 2015, como le correspondía, sin más compensación que la que legalmente le tocaba. Por contextualizar, el convenio colectivo del sector en Castilla y León, rubricado precisamente en 2015 por última vez, fijaba un salario base para un ayudante funerario de 920 euros al mes; 1.085 para el peón de cementerio y 1.312 para un encargado. Estas figuras laborales cobran, además, un plus de penosidad fijado en 68,75 euros, así como festivos y plus de transporte.

«Meses después de la jubilación, el acusado se dirigió de nuevo al gerente insistiendo en recibir una compensación económica por ser él quien había sustituido féretros y tenía fotografías», señala la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2. «Ante la negativa del gerente procedió el acusado a finales del año 2015 a efectuar llamadas de teléfono al gerente de la empresa y enviar a través de la aplicación WhatsApp fotografías de diversos féretros abiertos con los cadáveres en su interior y un cartel manuscrito donde contaba el nombre del fallecido y la fecha». Bloqueado el 'whatsapp', llegó el turno de las cartas a la oficina, en las que llegó a reclamar «lo que le corresponde por lo robado con el cambio de féretros y advirtiendo de dar publicidad a las fotografías».

Tras casi dos años de extorsión, la empresa decidió denunciarle y eso, al parecer, motivó la apertura del caso Ignis, en el que ahora se dirimirá si aquellas revelaciones del chantajeador eran verdaderas. De este modo, el primer registro relacionado con Ignis se produjo en realidad en 2017, aunque todavía ligado a la causa por extorsión. «Tras denunciar los hechos el gerente, se procedió a la detención de acusado y en un registro de su domicilio se localizaron varios ficheros y cajas que contenían fotografías idénticas y similares a las enviadas por carta descritas anteriormente».

Al condenado se le impuso, en abril de 2018, una multa de mil euros y la prohibición de acercarse a ninguna de las empresas del Grupo El Salvador ni sus responsables, «ni siquiera informática o telemáticamente», durante dos años.

El ex empleado fue detenido también en el transcurso de la operación Ignis, el pasado 31 de enero. La defensa de la familia Morchón, que mantiene en la cárcel al padre, Ignacio, y a dos de sus hijos, Ignacio y Laura, considera esto incomprensible. «A él lo detienen y queda en libertad. ¿Por qué queda en libertad y el jefe en prisión sin fianza?», preguntaba el penalista Guillermo Ruiz Blay en conversación con El Norte.

Considera excesiva la fianza impuesta a sus defendidos. «Lo es, para mí y para cualquier persona. Si se tratase de una causa de narcotráfico o de banda organizada con delitos absolutamente indecentes, se entiende que el jefe esté sin fianza y el siguiente tenga una fianza millonaria», apunta Ruiz Blay, para quien sin embargo no hay base sólida en la que sustentar el caso «más allá de lo que un trabajador extorsionador está diciendo, cuando reconoce que es un extorsionador y que es él el autor de las cosas».

Las anotaciones en los cuadernos manuscritos que tenía este exempleado, en las que desgranaba 5.308 casos de féretros cambiados, 1.387 sin cambio, 893 apropiaciones de coronas y 77 registros fotográficos de personas fallecidas, fueron la base en la que asentar una investigación que, según la Policía, duró dos años. Es decir, que arrancó antes de que se dictara la sentencia del caso de chantaje. El Tribunal Superior de Justicia explicó en su momento que se había levantado el secreto de sumario de «la pieza en la que se acordaron las intervenciones telefónicas que hicieron posible la operación con 15 detenidos».

Además, se investiga el fraude, desde el primer momento, entre los años 1995 y 2015, en los que prestó sus servicios el extrabajador condenado.