El Juzgado calcula que fueron sustituidos unos 6.000 ataúdes en veinte años en el tanatorio de Valladolid

Puesta en contexto, la cifra es aún más significativa. Cuando comenzó el servicio crematorio en Valladolid -en 1994 en Nevasa y en 1995 en El Salvador- las incineraciones eran una opción residual. Cabe recordar, incluso, que la Iglesia católica comenzó a admitir la opción de la incineración en 1963, aunque siempre anteponiendo como preferible la sepultura. Incluso en 2016, tras admitir la incineración como una práctica común, insistía en recomendar «que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en el cementerio o en otro lugar sagrado». Fuera por motivos religiosos, culturales o antropológicos, en 1995 se cremaron 76 fallecidos en la capital. El año pasado, en cambio, se estima que 958 personas fueron incineradas en los hornos crematorios de Valladolid, de un total de 3.947 fallecidos. Es decir, unas ochenta incineraciones al mes.

«El juzgado investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían», señalaban ayer en la nota desde el TSJ. En todo momento el Tribunal Superior habla de «retirados», ya que las prácticas que se realizaban tras su retirada eran diversas. El Juzgado de Instrucción número 6, que lleva la causa, decidió levantar el secreto de sumario sobre la pieza «en la que se acordaron las intervenciones telefónicas que hicieron posible la operación con 15 detenidos»

Fueron esas conversaciones las que permitieron la detención de quince personas. Pese a que trece de ellos se encuentran en libertad, el TSJ recordó ayer que «todos ellos, los quince», son investigados en la causa «por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal».

No quiere decir que todos los investigados vayan a contar con los mismos cargos cuando comience la causa judicial, sin embargo. «Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos», aclaran. Como es obvio, no tiene la misma responsabilidad penal el inductor de los hechos que un colaborador necesario que manipulara los féretros.

Mientras tanto, Ignacio Morchón y su hijo, también Ignacio, permanecen en la prisión de Villanubla, en la que ingresaron el sábado por la noche después de prestar declaración. La juez impuso una fianza de ochocientos mil euros al hijo, mientras que el padre resultó internado sin opción de fianza, aunque en prisión comunicada. Según la información difundida por fuentes oficiales, el hijo aún no ha abonado la cantidad que le permitiría abandonar el establecimiento penitenciario. De momento, ambos comparten celda, una práctica habitual cuando hay relaciones parentales entre dos reos, en el módulo en el que están confinados los presos sin antecedentes previos.

Según fuentes consultadas por El Norte, la familia ha comenzado las gestiones para su defensa con un equipo de abogados que completa el trabajo iniciado por su letrado habitual desde el mismo jueves, cuando se produjeron los registros.

Durante la operación desarrollada el pasado jueves se practicaron «siete entradas y registros en domicilios particulares y empresas de la capital y de la localidad de Santovenia de Pisuerga». Según pudo saber El Norte, se detuvo a catorce de los quince investigados en sus domicilios, pero no se registraron todos los pisos.

La Policía Nacional, en un comunicado remitido ayer, advirtió de que la investigación está «todavía en una fase incipiente, puesto que en el marco de la operación Ignis se incautaron de una enorme cantidad de documentos y ordenadores». En todo momento, desde la Delegación del Gobierno y la Policía se ha hablado de una «primera fase» de la investigación, lo que confiere aún más relevancia al dato provisional de seis mil posibles casos de ataúdes sustituidos. Según las explicaciones de las autoridades, uno de los tipos de fraude se cometía cuando se retiraba un féretro pagado por un importe y se sustituía, antes de la cremación, por otro más barato que el que habían adquirido los familiares o amigos del difunto. Ese féretro de gama más alta se revendía posteriormente.