Luis Núñez, propietario de Desokupacyl

«Representamos fuerza, no intimidación, para echar a los inquilinos»

Desde entonces su dueño, Luis Núñez, ha pasado de atender unos cuatro desahucios por mes a unos quince de media que lleva a cabo ahora. «Voy contratando a gente que me encaja en el perfil según la necesidad de cada desahucio», explica.

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Presumen de una alta tasa de éxito de viviendas recuperadas de «más del 95%». Y según asegura, solo desde octubre hasta ahora han realizado 15 entregas de llaves de las 18 que tenían contratadas. La táctica que se emplea en Desokupacyl según su dueño es la de hacerse con el equipo adecuado, «uno que represente fuerza, no intimidación para echar a los inquilinos. Es fundamental tener mucha psicología y estudiar bien cada caso cuando se ponen en contacto con nosotros», asegura el vallisoletano dedicado a la seguridad privada.

A través de la negociación con los inquilinos morosos mantienen un plazo de mes y medio «para dar tiempo a recojan sus cosas, luego van fuera», señala. No hay tanta paciencia en el caso de los okupas, cuyos desalojos se llevan a cabo enseguida. «Con los okupas creamos incluso un control de acceso a las comunidades de vecinos, contamos con autorización legal, y toda persona no residente no vuelve a entrar en la vivienda», relata Núñez, quien ha llevado a cabo desalojos en Mojados, Covaresa o Ventosa de la Cuesta, por nombrar los más cercanos. En ese último caso, el de Ventosa de la Cuesta, tardó apenas mes y medio en devolver las llaves a su dueño, Andrés Fernández, tras veinte meses sin recibir ni un duro de sus inquilinos y una vivienda que encontró totalmente destrozada.

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Las tarifas varían en función de la dificultad y el despliegue que se necesite pero se sitúan entre los 3.000 y los 4.500 euros. «Normalmente con unas dos o tres veces de mediación con los okupas o morosos es suficiente y, finalmente, la gente opta por recoger sus cosas y marcharse», presume Núñez, quien asegura que todos los métodos que emplean en los desalojos están basados en la legislación vigente. «Simplemente estamos evitando que la gente se aproveche del vacío legal», apostilla.

Graban todas las intervenciones para que quede registro de lo que hacen una vez que llaman a la puerta para que no puedan ser, por ejemplo, víctima de denuncias falsas por agresión en el procedimiento y de paso suben los vídeos a las redes sociales, donde acumulan miles de reproducciones.