El TSJ cierra tres años de litigio y evita un sobreprecio por la expropiación de Las Francesas en Valladolid

La sentencia, en este sentido, no solo cierra el capítulo económico de la expropiación forzosa del patio interior sino que acota además «el ámbito de la propiedad» por parte del Consistorio al recoger expresamente que esta se circunscribe al patio en sí (empedrado, fuente y cerrajería) y no a la arcada que lo rodea, cuya propiedad, al igual que el corredor en sí de las Tabas, recae en la comunidad de vecinos. Esto supone que también su mantenimiento, incluidas las cristaleras de la arcada y el propio firme de las tabas, le corresponde también a la comunidad. El Ayuntamiento, por su parte, deberá encargarse, como viene haciendo desde la firma de la expropiación en 2017, del mantenimiento del «espacio abierto del patio», según destaca el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, quien matiza que los propios técnicos municipales están participando en la elaboración de un proyecto conjunto de rehabilitación del corredor (cubierto) de las Tabas, junto a la administración autonómica y los propios vecinos, para garantizar la conservación de este espacio catalogado de singular atractivo turístico.

El patio en sí, ahora de titularidad municipal, carece de más posibilidades de uso que la ornamental, conforme a su catalogación como espacio libre público recogida en el Plan General de Ordenación Urbana de 2003. ¿Cómo llegó este espacio a manos privadas un año después? Pues todo parte de la construcción de las viviendas entre los restos del convento años antes. El patio se configuró como una finca independiente del inmueble y los promotores lo vendieron el 17 de diciembre de 2004 a una sociedad particular, Turnpike, vinculada a la venta de vehículos. Eso explicaría que en su día llegarán a exponerse en su interior turismos para su venta al público. Pero este uso comercial, en principio, no tendría cabida con la catalogación del patio y por eso el Ayuntamiento acordó expropiarlo hace tres años.

El precio inicial de la compra, rubricada el 19 de octubre de 2017, se fijó en 230.347 euros si bien los titulares ya recurrieron entonces dicha cantidad y la propia Comisión de Valoración de la Junta elevó la cuantía (el 5 de junio de 2018) a 401.427 euros, el precio que ahora el Tribunal Superior considera adecuado al valor real del patio al desestimar el informe pericial de la sociedad demandante, que fijaba su precio en 1.051.344 euros, una cantidad que el fallo tilda de «desproporcionada» al carecer de más uso que el público y formar parte de «un conjunto residencial en el que se ha materializado ya toda la edificabilidad correspondiente».

La sociedad demandante, que ha sido condenada al pago de las costas, está «valorando ahora un posible (aunque improbable) recurso». El fallo, en cualquier caso, confirma la actuación municipal y ahorra a las arcas públicas del hipotético pago de 649.917 euros.