La CEOE, que mantiene su apuesta por el soterramiento, y el alcalde, que anima a mirar al futuro, a un plan de integración ferroviaria que, asegura, dejará el dinero en las empresas locales y del entorno frente a una tuneladora que «llegaría de Francia, haría el trabajo y se llevaría los recursos». Patronal y Ayuntamiento mantuvieron este jueves una cita cordial, en la que los empresarios, por boca de su presidenta, Ángela de Miguel, volvieron a exponer su deseo de afrontar la gran obra de sutura urbana aprovechando la inyección de fondos europeos.
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Contestaba Óscar Puente. En las bases de ese plan de recuperación de la UE para los ayuntamientos no caben este tipo de intervenciones. «No se puede colar de ninguna manera», aseveró el regidor tras lo que añadía que entre los requisitos de ejecución marcados se recoge la obligación de tener abonado el 100% de las obras antes el 31 de diciembre de 2023. Ni por el fondo ni por la forma sería viable incluir ese proyecto, según desatacó. Puente defendió los 17 nuevos pasos como «pájaro en mano» en una obra que «transformará la ciudad». «Seamos realistas y tengamos sentido práctico», pidió a los empresarios.
En el encuentro, el tráfico también ocupó su tiempo. De Miguel reclamó al Ayuntamiento que los vehículos de reparto puedan utilizar los carriles bus del centro en determinados horarios y con un distintivo especial para «desatascar los atascos» y dar fluidez al trabajo de los profesionales de la distribución. La presidenta no fue excesivamente crítica con el plan de movilidad del equipo de gobierno – «las cosas no son blancas o negras», matizó–, aunque sí reconoció que algunos sectores les trasladan «problemas» en la circulación y en el aparcamiento en su actividad.
En el plan para impulsar el parque agroalimentario la coincidencia de intereses es absoluta y ambas partes se han citado para abordar el proyecto en una reunión monográfica. El Ayuntamiento quiso poner en valor el compromiso municipal para apoyar al empresariado en esta crisis sanitaria con el desembolso de 25 millones de euros para paliar sus efectos, 13 de ellos en ayudas a los autónomos, el grueso del tejido económico local.
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