«Más pulseras electrónicas no van a erradicar la violencia de género»

-Los letrados de la Administración de Justicia en Valladolid son poco más de cincuenta funcionarios y en solo dos semanas de huelga han conseguido paralizar los juzgados. ¿Qué le parece la movilización de los LAJ?

-La valoración de una huelga tiene que partir siempre de la base de que es un derecho fundamental. En este conflicto planteado entre los letrados y el Ministerio de Justicia, creo que el Ministerio debe sentarse a negociar con los letrados porque, efectivamente, se está produciendo un perjuicio a la Administración de Justicia. Los LAJ son fedatarios públicos del proceso, son los que lo impulsan y, sin su intervención, el proceso se paraliza. Y aunque no tenemos datos oficiales podemos suponer que, dado el número de letrados que hay en huelga, hay muchos asuntos suspendidos. Además, por lo que yo sé, se trata de reivindicaciones que yo creo que son justas, pues parten de un acuerdo anterior con el Ministerio de Justicia y son reivindicaciones de tipo remuneratorio. Incrementaron su carga de trabajo en un momento y llegaron a un acuerdo de compensarlo. Yo creo que los funcionarios, los letrados de la Administración de Justicia, los jueces, los fiscales, deben tener reconocida su importantísima labor. Los medios de comunicación están todos los días sacando noticias en las que, de una u otra manera, está implicada la Administración de Justicia. Estamos trabajando a pleno rendimiento, asumimos responsabilidades enormes y eso, a veces, no se corresponde con una remuneración justa. Y yo creo que, en este caso, nuestros compañeros, los letrados de la Administración de Justicia, están haciendo una reclamación justa. Ojalá que las negociaciones hubiesen impedido la huelga. Lo que como presidente de la Audiencia puedo decir es que ambas partes en el conflicto se junten a negociar y termine la huelga cuanto antes.

-El goteo de revisiones de sentencias como resultado de la Ley del 'solo sí es sí' sigue y parece que el número en Valladolid ya supera la cifra que se avanzó inicialmente en noviembre, de aproximadamente una treintena. ¿Se tienen datos de cuántas revisiones se han producido hasta la fecha y, de ellas, cuántas han sido a la baja y cuántas excarcelaciones se han producido?

-No tenemos datos concretos todavía, se están recabando en este momento porque el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial nos lo ha pedido y los presidentes de las secciones penales de la Audiencia Provincial están en ello. Pero hay que tener en cuenta que no todo asunto en el que se ha iniciado un expediente de revisión termina siendo revisado. En muchos casos ocurrirá que las sentencias se confirmen y se dejen como están y no hay ninguna modificación; en otros casos, por la llamada Ley del 'solo sí es sí' habrá supuestos de reducción de pena y, en su caso, de excarcelación. En este momento, computables, todavía no lo sabemos y estamos pendientes. Cuando se tengan, el Observatorio los hará públicos a nivel general. Pero es importante distinguir eso: puede haber 300 asuntos (es una cifra aleatoria) objeto de expediente de revisión y luego ser solo 30 ó 40. Este es un ejemplo, no sé cuál podría ser la proporción en el caso de Valladolid.

-El Gobierno acaba de anunciar que se reformará la Ley para tratar de corregir sus «efectos perversos», pero lo que no dice es que a los delincuentes sexuales que ya están fuera como consecuencia de la revisión de sus condenas no se les puede volver a meter en prisión a no ser que reincidan.

-Cuando una ley se reforma y, ya sea por voluntad premeditada o por error, como parece que pudiera haber ocurrido por defecto de técnica, se consigue un efecto no deseado, lo lógico es reformarla, salvo que tu quieras mantener ese criterio. Parece ser que la voluntad del Gobierno es intentar reformarla, pero hay que dejar bien claro a la sociedad que la aplicación de la actual Ley, la vigente, la Ley del 'solo sí es sí' ya no puede volver atrás. Una vez producida la reducción de la pena o en su caso, las excarcelaciones, ya no se puede volver atrás. Solamente esa reforma tendrá su efecto hacia el futuro. Si hacia el futuro se corrige el sentido de las penas, la cuantía de las penas, pues a partir de ese momento, a los que delincan, una vez entrada en vigor la ley, se les aplicará la nueva legislación. Esto e un principio elemental de Derecho Penal en toda sociedad democrática y de derecho, la irretroactividad de la ley penal, salvo que se trate de ley penal más favorable. Pero las que sean menos favorables no se pueden aplicar retroactivamente. Sería una injusticia manifiesta que algo que no fuera delito se convierta en delito un año después y que te vengan a buscar porque has cometido un delito que se ha calificado como tal un año después.

-Los efectos perversos no solo son de esta ley, sino también son producto de otras novedades legislativas. Como el caso de un hombre que fue denunciado por violencia de género por su expareja pero que en el Registro Civil se ha inscrito como mujer y, por tanto, el delito que habría cometido pasa de violencia de género a violencia familiar, que tiene una pena más suave.

-Me temo que este problema no tiene resolución en vía estrictamente jurídica. Hay una ley que permite el cambio de sexo, con unos requisitos que básicamente son la mera manifestación de voluntad. Así lo ha querido el legislador. Y entonces no se siguen otros requisitos como informes médicos, asesoramiento... Muy fácilmente una persona puede manifestar que se siente mujer y declarar que es mujer y que se le tenga como tal. Automáticamente viene la conexión con la Ley de Violencia de Género. Cuando se actúa de manera descoordinada, cuando se dicta una ley y no se tiene en cuenta la ley anterior, es fácil no saber cuáles van a ser los efectos cruzados. Y la Ley de Violencia de Género exige que se trate de una relación entre un hombre y una mujer, pero ser hombre o mujer lo va a determinar jurídicamente el Registro Civil. Si un hombre ha cometido un acto de violencia de género pero luego se declara mujer, pues tendremos el problema planteado porque ya no será, desde el punto de vista legal, un hombre. Eso tiene difícil solución. Yo reconozco la labor dificilísima del legislador, pero a veces incurre en esos defectos técnicos de no poner en consideración una ley frente a otra y ver como pueden imbricarse ambas y que efectos cruzados que se pueden producir. Este es un caso real, pero se plantean otros casos como ¿qué pasa con los ingresos en prisión? Claro, las prisiones son de hombres y de mujeres ¿Qué va a primar, la condición de órgano de la pura sexualidad orgánica o la condición declarada jurídicamente por el interesado? No lo sabemos.

-¿Qué opina de las medidas que se proponen por el Observatorio de Violencia para hacer frente a la puesta en libertad de los delincuentes sexuales por las revisiones de condena de la Ley del 'sí es sí', que casi se reducen a la distribución de más pulseras electrónicas?

-Todas las medidas que puedan contribuir a paliar en algo este problema tan terrible de la violencia de género, bienvenidas sean. Luego tenemos que aquilatar exactamente y concretamente cuál es su eficacia. Una pulsera que te permite avisar a la policía y a la víctima de que el acusado está rompiendo el límite de la barrera de distancia que se le había marcado en la orden de protección, la pena de alejamiento, sirve para que la policía, en un momento determinado, pueda tener tiempo para reaccionar. En definitiva, lo que se va buscando es darle algo más de tiempo a que la policía pueda reaccionar, pero eso ya nos plantea otros problemas. Primero, ¿cuánta policía tenemos, dónde está y cuánto tiempo tiene para desplazarse al lugar? Segundo, si tienes un alejamiento de 500 metros, cuando el sujeto acorta esos 500 metros suena la alarma. Pero es que ese rebasamiento de esa distancia puede ser accidental, el sujeto pasa en un autobús en ese momento por la Plaza de Zorrilla y ella está por la calle Santiago y suena la alarma. Es decir, hay muchas falsas alarmas y ello dificulta enormemente el problema. Entonces no es la panacea, es una medida más Lo que creo es que no puede transmitirse a la sociedad la idea de que con más pulseras vamos a tener casi resuelto el problema de la violencia de género, el problema no se resuelve en absoluto con las pulseras. Las pulseras contribuyen y, en algunos casos puede ser interesante. En zonas rurales puede ser más fácil, hay poca distancia, si se acerca el acusado pues ya sabemos, casi siempre no será una cuestión accidental y ahí se puede reaccionar. Otra cuestión es dónde está la Guardia Civil en ese momento, que a lo mejor está en otro pueblo o más lejos, pero que por lo menos la víctima lo pueda saber. En ciudades es muy complicado. Pero bueno, bienvenidas sean, contribuyan poco o mucho y que se invierta en ello, claro que sí.

-En pocos meses se han producido varios crímenes machistas, como el de la enfermera vallisoletana asesinada por su expareja en Bruselas o, el último, una madre y su hija de ocho años en su propio domicilio del paseo Zorrilla. Como jurista, ¿qué cree que está fallando?

-Si supiéramos la razón probablemente pudiéramos atajarla de manera mucho más directa. Me temo que no hay una única razón y que en cada caso hay que ir buscando posibles causas. Puede haber, en algunos casos, cuestiones culturales, de sociedades o grupos en los que la relación entre el hombre y la mujer sea especialmente de sometimiento. Se parte también de esa idea machista, equivocada, de que la mujer, dentro de la relación de pareja o el matrimonio, tiene que estar subordinada al hombre y el hombre dispone. No digo que esto sea en todos los casos, pero flota ese magma desde hace muchos años. Pero si luego rascamos un poco en los casos a veces encontramos drogadicción, violencia en sí misma (personas violentas que harían este delito o cualquier otro) y encontramos cuestiones familiares, que también es fuente de pasiones. Hay múltiples causas. Desde luego, es lamentable ver como gente joven sigue manteniendo esa idea de que es mi novia y entonces mi novia tiene que hacer lo que yo digo y vestir como yo digo y, si no, reacciono. Y dentro de esas reacciones vienen reacciones violentas de pequeño grado y luego las reacciones bestiales, como pueden ser estas últimas que has descrito, reacciones, además, con ensañamiento según parece. Entonces, ¿cómo se ataja esto? Pues es muy difícil. ¿Cómo se ataja el sentimiento xenófobo o el sentimiento racista? Creo que eso tiene que venir por una vía educacional, que la vía penal no es ni siquiera la más importante. Claro, tenemos que actuar cuando se comete un delito, pero que todo esto se corrija simplemente con la amenaza de una pena ya estamos viendo que no, y que esto no funciona, esto no funciona así. Y tiene que haber un elemento de educación, sociológico, que tiene que afectar a la educación pero también a los medios de comunicación, lo que ven los chicos en los vídeos, en las películas, en las representaciones artísticas, lo que ellos hacen, cómo se contempla ahí la relación de pareja. Vemos muchos avances en muchos sentidos. Yo tengo hijos y lo veo en el colegio de mis hijos, cómo se ha ido haciendo una idea de igualdad, todos actuando de la misma forma. Sin embargo, luego, fuera de estos ámbitos vemos que los vídeos, las canciones, plantean situaciones otra vez de un machismo a veces más exagerado que lo que ocurría hace unos años. Entonces, creo que eso es un caldo de cultivo de estos comportamientos. Hay que acabar con esa idea de que yo te golpeo o te agredo porque creo que yo puedo hacerlo. Tienes que saber que estás cometiendo un delito, pero también que estás faltando a un principio de educación y de convivencia. Es un tema, por tanto, multifactorial, ¿Cómo se puede atajar? Pues aplicando todos esos factores al mismo tiempo y, aún así asumiendo, porque la sociedad no puede ser segura al cien por cien, que va a haber crímenes de violencia de género siempre. No vamos a poder deshacernos de ellos, al igual que no vamos a poder deshacernos de los robos o de los asesinatos o del terrorismo yihadista.

-Pero lo cierto es que la percepción social que se tiene es que las medidas legislativas que se han tomado para proteger a las mujeres no están dando resultado y los casos son más y cada vez más violentos.

-Del verano para acá ha habido muchos asuntos penales en Valladolid muy complejos, también son fases. Yo no soy consciente de que haya una evolución hacia mayor violencia. Claro, cuando juntas violencia de género con otros comportamientos como drogadicción o alcoholismo puede haber actos brutales, con ensañamiento. Esos son supuestos aislados, lo que pasa es que se han juntado en este momento varios de ellos y llama mucho la atención. Pero no soy consciente de que haya habido una evolución en tal sentido. Yo creo que los datos de violencia de género del Observatorio se van manteniendo en las mismas cifras, que siempre es demasiado elevada porque estos crímenes no deberían de existir.

-El protocolo de la Ciudad de la Justicia establece que las obras tendrían que comenzar en 2024. ¿Sabe si ya se está dando impulso al proyecto para que se cumpla este plazo?

-Estamos a primeros de febrero, no ha pasado apenas tiempo desde la concentración. Pero sí quiero destacar esa movilización por la Ciudad de la Justicia porque es un verdadero hito, no recuerdo otra, salvo manifestaciones masivas por el terrorismo, en la que se hayan juntado todos los grupos políticos del Ayuntamiento y todos los operadores jurídicos para pedir una sola cosa. Eso demuestra la percepción de la ciudadanía de Valladolid sobre la necesidad de ese edificio, y esta movilización fue un aldabonazo muy importante hacia el Ministerio de Justicia, que yo creo que lo entendió porque actuó de inmediato y al poco tiempo teníamos ese convenio firmado, al que yo asistí porque quería verlo con mis propios ojos. En esto hay que destacar la labor inmensa que hizo Óscar Puente, el alcalde, me da igual de qué partido político sea, hablo del alcalde de Valladolid, porque había que dar un salto valiente y él lo dio: compró el edificio de El Salvador y eso rompió todos los obstáculos que quedaban y dejó la pelota en el tejado del Ministerio, ya no tenía excusa para no construir. Con la concentración se consiguió. Ahora solamente hay que estar vigilante a una regla tan básica del Derecho Civil (yo soy civilista) que es el 'pacta sunt servanda', los pactos tienen que cumplirse y eso está firmado. Durante 2023 está previsto que se haga el concurso de ideas, el proyecto, la licitación de la obra para que comience la ejecución material y la primera piedra en el año 2024. Esto se extendería en una primera etapa hasta el 2027, donde se aplicarían, de esos 80 millones de euros, más de 60. Luego quedaría una segunda fase que se prolongaría un año más. Aunque no está bien definido, serían obras de tipo secundario, como garajes. Pero la parte central de las obras debería estar cerrada en 2027. Para un edificio de esos requerimientos, tres años es un plazo más que razonable. Ojalá que lo veamos todos.

-Poco parece si se tienen que tener en cuenta la creación de los tribunales de instancia y la implantación de la oficina judicial o un juzgado de guardia.

-Tienen que proyectar un edificio sobre necesidades futuras (tribunales de instancia, implantación de la oficina judicial) y eso complica la materia. Necesitamos un edificio que no sea un puro ejercicio arquitectonico sino que se adapte a las necesidades de los usuarios de Valladolid, que nos pregunten, por eso debería constituirse una comisión. En Pontevedra crearon un edificio precioso y entre despacho y despacho de juez había otro despacho y preguntamos que para qué y nos dijo el arquitecto que eran para el secretario personal del juez, que no existía!! No servía para nada y al final tuvieron que tirar los tabiques. Eso, que viví en primera persona, ocurrió por la descoordinación de quien construye y toma las decisiones y los usuarios de ese edificio, por eso quienes lo diseñan tienen que empaparse de en qué consisten los procedimientos judiciales y las necesidades que conllevan.

-¿El bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial afecta a la realidad del trabajo ordinario en los juzgados o solo es en las altas esferas?

-Privar al consejo las competencias del nombramiento es un craso error. Con independencia del sistema de renovación, mantener un consejo que no se renueva ni puede hacer nombramientos los perjuicios se acrecientan a medida que ascendemos en la pirámide judicial. En la base, en las audiencias y tribunales superiores de justicia el problema no es muy importante porque el presidente sigue prorrogado en sus funciones, con lo cual esto sigue funcionando, como ocurre en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con el magistrado José Luis Concepción. El problema es en la cúspide y es una anomalía. Como llevamos casi dos años así, lo damos como algo normal, pero no lo es. En este momento, por razones evidentemente políticas, eso no se está haciendo. Si el sistema de elección, como han defendido todas las asociaciones judiciales y la mayoría de la carrera, como se defiende desde Europa y el grupo GRECO de control de la independencia judicial, si el sistema de elección fuese como dice el espíritu y la letra de la Constitución, si se volviese a aquel sistema de la elección de los 12 vocales judiciales por sus pares, los jueces, este problema no existiría. El Consejo ya se habría renovado mediante elecciones libres entre los jueces, después habría la designación de los vocales por el Congreso y el Senado y tendríamos un Consejo ya renovado. Como eso no es así, este impasse a lo único que conduce es al desprestigio de la Justicia, de manera injusta porque actuaciones políticas que determinan el funcionamiento o la constitución de un órgano político como es el órgano de gobierno del Poder Judicial, el CGPJ no es Poder Judicial, es un órgano de gobierno administrativo-político de los jueces. El Poder Judicial es cada uno de los jueces cuando actúa dictando sentencia o cualquier resolución. Entonces, una cuestión política que impide la constitución de un órgano político que es el que nombra los cargos judiciales. Las grandes cuestiones de los nombramientos y formación de las salas están paralizadas. Ojalá que pueda volver el sistema anterior a la Ley de 1985 y evitaríamos esa idea de la colonización del poder político al judicial. Porque al final, todas estas cuestiones que afectan, no a los jueces, sino al CGPJ, terminan salpicando a los jueces en cuanto Poder Judicial.