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La subsecretaria de Justicia, María Sánchez Hernández, se ha desplazado hoy a Valladolid para firmar un protocolo con el Ayuntamiento mediante el que se establecen ... los plazos, el presupuesto y los pormenores de las cesiones de parcelas con la meta de que se inicie la obra de la denominada Ciudad de la Justicia, que pondrá fin a la dispersión de las sedes judiciales en la capital vallisoletana. El protocolo firmado establece que las obras contarán con un presupuesto de 80 millones de euros y que comenzarán en 2024.
Los vaivenes que ha dado este proyecto son enormes. El hecho de que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 destinaran solo 200.000 euros a la Ciudad de la Justicia desató la ira de Óscar Puente, que calificó de «tomadura de pelo» la partida y anunció que suspendía su tramitación. No obstante, tras estas declaraciones, el alcalde reconsideró su postura y el pleno del Ayuntamiento aprobó recuperar el diálogo entre administraciones, y de ese acuerdo unánime, manifestación con unidad política y judicial mediante, llega este compromiso, que la subsecreatria de Justicia quiso poner en valor quitando hierro a las discrepancias previas. «No ha habido ninguna rectificación por parte del Ministerio. Siempre hemos estado comprometidos con la Ciudad de la Justicia de Valladolid y siempre ha sido nuestra intención que este proyecto saliese adelante. Solo nos faltaba limar algunos aspectos para que el proyecto fuese el mejor posible para la ciudad, pero nuestra intención siempre ha sido clara», afirmó María Sánchez Hernández, quien señaló que no será necesaria una modificación presupuestaria.
Las obras de construcción, que supondrán una inversión de 79.807.200 euros por parte del Ministerio de Justicia, se realizarán en dos fases. La primera de estas fases, que tendrá unos costes estimados de 50 millones de euros, será ejecutada entre los años 2024 a 2027. La segunda fase dispondrá de los 30 millones restantes y su realización está prevista para el periodo 2028-2031.
El Ayuntamiento cederá al Ministerio de Justicia las parcelas del antiguo Colegio El Salvador y del aparcamiento del viejo hospital Río Hortega. La del Colegio El Salvador «ha seguido toda la tramitación y solo queda pendiente la publicación de la memoria y la exposición pública de 15 días para que pase a formar parte del Ministerio». Mientras que la del antiguo aparcamiento de la residencia está aún en la fase de inscripción en el registro de la propiedad para que pase a ser de titularidad municipal. «Una vez hecha la inscripción, procederemos a su cesión al Ministerio, espero que en plazos más breves que el colegio», explicó el alcalde durante la rueda de prensa.
El protocolo señala literalmente que «si durante la redacción del proyecto o ejecución de la obra, se produjera alguna circunstancia sobrevenida que impida la construcción de la Ciudad de la Justicia de Valladolid con la superficie y características proyectadas, o bien se produjese un retraso del 30% en las licitaciones del proyecto, dará derecho al incoar el expediente de reversión salvo causas ajenas al Ministerio. Igualmente, cabrá la reversión al Ayuntamiento de Valladolid ante el desistimiento unilateral por parte del Ministerio de llevar a cabo la licitación del correspondiente contrato de obras». El alcalde de Valladolid se ha detenido especialmente en este punto tras firmar el acuerdo. «En el protocolo se ha ido más lejos de lo que es habitual. Lo que queríamos, porque formaba parte de los acuerdos del pleno, era una garantía, un compromiso de que el proyecto iba a salir adelante y de que, de no salir, la parcela revertirá al Ayuntamiento», explicó el regidor para hablar de un escrito que no contempla más sanciones que esta en el caso de que el proyecto no se desarrolle en los plazos establecidos. «También queda claro que los retrasos quedan al margen de causas no imputables al ministerio. Pensemos en una licitación que queda desierta o en una adjudicación en la que se comienzan las obras y la empresa da la espantada», apuntó Puente.
El presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Francisco Javier Carranza, mostró su «satisfacción» por la firma del protocolo. «Es un logro importante para la ciudad. Ambas partes se han comprometido a realizar una obra y la buena fe y el cumplimiento de los contratos dará lugar a la obra», señaló Carranza, que hizo referencia al latinismo 'pacta sunt servanda', que significa los pactos son para cumplirse.
El presidente de la Audiencia reconoció su condición de persona no experta en obras antes de valorar si los plazos eran realistas o no. «Que unas obras de un edificio tan grande como este estén acabas en tres años no me parece irrazonable. La segunda fase puede ser más problemática, más a largo plazo, porque dependerá del concurso de ideas», afirmó Carranza, que se mostró muy complacido de que este acuerdo llegue tras la manifestación en la que hubo unidad política y judicial para reclamar la puesta en marcha del proyecto. «Marcamos un hito en esta ciudad. Nos reunimos todos para ser una voz de aviso al Ministerio de Justicia. Yo me congratulo muchísimo de que el ministerio nos haya oído», aseveró.
¿Qué juzgados albergará el edificio que se lleve a cabo en la primera fase? Carranza lo tiene claro. «Parece lo más lógico que se instalen los que están ocupados ahora a título de arriendamiento. Los Juzgados de Primera Instancia, de Nicolás Salmerón, los de la plaza del Rosarillo y los de lo Contencioso de la calle San José. Todos esos deberían venir y empezar a alojarse en el edificio de la Ciudad de la Justicia», afirmó el presidente.
El alcalde de Valladolid aclaró que lo que se ha firmado es un protocolo, no un convenio. «El Ministerio de Hacienda requiere unos informes previos para introducir la palabra convenio que no había tiempo en realizar para cerrar este asunto lo antes posible», explicó Puente, quien restó importancia a que la responsable del ministerio que firmó el acuerdo fuese la subsecretaria de Justicia y no la ministra. «Llegados a este punto el simbolismo es lo de menos. Lo importante no es la foto. Lo que importa es que esto avance, el papel, la firma, el compromiso», concluyó Óscar Puente.
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